La Paz, 23 de octubre de 2025 (ABI).– Casi tres décadas después, Bolivia volverá a vivir una transmisión de mando presidencial entre dos gobiernos elegidos en las urnas, un hecho que no ocurría desde 1997.
El Decreto Supremo 5475, aprobado en reunión de Gabinete y promulgado por el presidente Luis Arce, regula el proceso de transición y los actos protocolares de la jornada del 8 de noviembre, cuando el mandatario entregará el poder al presidente electo Rodrigo Paz.
El documento recuerda que desde 1997 el país no registraba un traspaso de mando regular entre dos gestiones democráticamente electas, debido a renuncias, sucesiones constitucionales o interrupciones de mandato.
“Luego de veintiocho años, en el Año del Bicentenario de Bolivia, se restablece la transmisión de mando de un Gobierno electo que concluirá su mandato constitucional a otro Gobierno electo; ambos elegidos por decisión soberana del pueblo boliviano, reafirmándose así su vocación democrática”, señala el decreto.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que la norma establece los mecanismos administrativos para la entrega de documentación entre autoridades salientes y entrantes, y regula el ceremonial oficial, que estará a cargo del Ministerio de la Presidencia.
Además, precisó que un segundo decreto dispone un amplio dispositivo de seguridad bajo responsabilidad de la Policía Boliviana para resguardar a los altos dignatarios invitados y a las instituciones electorales.
La disposición gubernamental marca un retorno al cumplimiento pleno del principio constitucional de sucesión democrática, una práctica que se remonta a los albores de la República.
El 27 de mayo de 1826, el Congreso General Constituyente de Bolivia decretó el primer ceremonial de transmisión de mando para la posesión del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien juró “obediencia a las leyes” y respeto a los derechos ciudadanos, tal como lo registró el periódico Cóndor de Bolivia.
Para su cumplimiento más puntual, el Congreso estableció que, en la Casa de Gobierno –hoy Casa de la Libertad–, el presidente del Congreso tomara el juramento a Sucre en los términos siguientes: “Juráis por Dios y estos Santos Evangelios respetar y hacer respetar la religión católica. Observar y hacer observar las leyes de la República. Proteger la libertad individual, la propiedad y demás derechos ciudadanos y gobernar con solo el objeto de la felicidad y gloria de Bolivia”.
A pesar de su profunda convicción anticlerical, Sucre respetó las formalidades constitucionales y juró al cargo el 28 de mayo de 1826, apenas unos meses después de asumir el Mando Supremo de la República en ausencia del Libertador Simón Bolívar, tras la clausura de la primera Asamblea Constituyente el 6 de octubre de 1825.
Conformado el segundo Congreso General Constituyente, el Gran Mariscal entregó el poder a la Magna Asamblea y esta decidió, en su primer acto oficial, encomendar al propio Sucre la Presidencia de la República.
Al admitir en su juramento el desempeño del Poder Ejecutivo, Sucre ofreció también “obediencia a las leyes”, sentando un precedente que ha marcado la continuidad constitucional de la nación.
Desde la restitución de la democracia en 1982, ocho presidentes y tres administraciones de sucesión constitucional han acatado ese mandato histórico: Hernán Siles Zuazo, Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada (en 1993 y 2002), Hugo Banzer, Evo Morales y Luis Arce llegaron al poder mediante verificativos electorales; mientras que Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé asumieron por sucesión constitucional.
Solo Jeanine Áñez, en 2019, rompió esa línea institucional al autoproclamarse presidenta de facto, sin el aval del Legislativo.
El acto del próximo 8 de noviembre, en el que Luis Arce entregará el bastón de mando a Rodrigo Paz, se inscribirá así como el primer relevo democrático completo en 28 años y, simbólicamente, como un retorno a la normalidad institucional prevista en la Constitución, siguiendo la senda trazada hace dos siglos por el Mariscal Sucre.
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