El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan José Jáuregui, informó que esa instancia legislativa fiscaliza de oficio las investigaciones para esclarecer las causas del trágico accidente suscitado el pasado martes en instalaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

En rueda de prensa, Jáuregui afirmó que la fiscalización de los procedimientos investigativos tiene como fin cumplir con los plazos y tiempos estipulados, así como el respeto a los derechos humanos inherentes a todo individuo.

“No podemos ejercer injerencia en el proceso investigativo, pero si podemos hacer una fiscalización al cumplimiento de los plazos, fundamentalmente al cumplimiento de los criterios estipulados en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado que señalan el debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó.

Asimismo, recomendó a las autoridades de la casa de estudios superiores asistir a todas las convocatorias en el marco de las investigaciones para esclarecer el hecho, y recordó que “la autonomía universitaria no te da inmunidad en materia penal”.

El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la noche de este jueves enviar con detención preventiva a siete dirigentes universitarios, que convocaron a una asamblea que posteriormente derivó en el trágico accidente.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, no acudió este viernes a la Petición de Informe Oral (PIO) convocada por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, donde debiá informar sobre detalles de su gestión municipal.

“Se solicitó un PIO a la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón para que se presente aquí en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, con el objeto de que brinde el informe de su gestión como alcaldesa de El Alto”, informó el presidente de la comisión, diputado Erick Pedrazas.  

En la petición de informe, Chapetón debería responder nueve preguntas referidas al manejo de la basura, gastos de recursos económicos, ejecución de proyectos, contrataciones, infraestructuras y garantías.

Para justificar su inasistencia, Chapetón envió nota a la Cámara Baja indicando que su ausencia se debe a la audiencia comprometida con los representantes de los “Actores  de la Participación  y Control Social de los 14 distritos del municipio de El Alto”.

En ese sentido, la Comisión de Diputados determinó reprogramar la Petición de Informe para el día 11 de marzo a horas 09.30.

La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidios y Violencia hacia las Mujeres hace seguimiento al caso de denuncias de abuso sexual a estudiantes universitarias de La Paz en el denominado caso “El confesionario UCB”.

“La comisión hace el seguimiento. Hacemos conocer a la población (que) si existen más víctimas de abusos contra diferentes estudiantes, hagan conocer a esta comisión. Instamos a la Universidad Católica a que pueda actuar de parte demandante, porque no se puede tolerar más violencia contra las mujeres”, aseveró la presidenta de la comisión mixta, Estefania Morales.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó el jueves la aprehensión de Carlos A., uno de los sindicado de abuso sexual a estudiantes universitarias en el caso.

Fue aprehendido luego de que se realizaran denuncias públicas relacionadas a abusos sexuales en fiestas universitarias en una página de Facebook con el nombre de “El confesionario UCB”.

Ante la situación, la Universidad Católica Boliviana de La Paz dio a conocer que dará asistencia psicológica y legal con un equipo multidisciplinario a las estudiantes que denunciaron abusos.

El excandidato de la agrupación Alianza Solidaria Popular (ASIP), Roberto Fernández, anunció que iniciará un proceso penal contra los responsables de la empresa Ciesmori porque manipularon encuestas con el objetivo de favorecer a algunas candidaturas.

“Voy tras los responsables de Ciesmori, tengo los nombres, tengo toda la información de la empresa. Aquí hay autores materiales e intelectuales”, dijo el renunciante candidato al programa De mañanita, que se difunde por 91.6 FM 3.000 de la ciudad de Santa Cruz.

Fernández manifestó que la compañía difundió datos irreales con el objetivo de generar tendencia en el voto y graficó: “Los tiró a unos al suelo y a otros de la noche a la mañana los lanzó al cielo”.

Criticó el accionar de Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz porque no controlan a las encuestadoras y generan una serie de obligaciones para los candidatos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció en febrero que una Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) investigará el trabajo de las empresas encuestadoras porque usan “datos falsos para influir en la opinión pública”.

Ciesmori difundió alrededor de tres encuestas de la preferencia electoral rumbo a las elecciones subnacionales.