Luego de que la Fiscalía informó ayer sobre el inicio de una investigación al exministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, por la presunta desaparición de 400 kilos de sustancias controladas, diputados consultados indicaron, en declaraciones separadas, que durante la gestión de la exautoridad, trabajó en complicidad de narcotraficantes.

“No solamente han sido 400 kilos, ha sido más, yo creo que eso es lo poco que están soplando las actuales autoridades, este caballero ha trabajado en complicidad de grandes narcos aquí en Bolivia y él salía a los medios de comunicación a decir que 'todos los masistas éramos narcos y estábamos detrás de ello'”, sostuvo Daniel Rojas, diputado cruceño.

Señaló que Murillo debe ser extraditado a la brevedad posible para que esclarezca esta y otras denuncias que pesan sobre él. Además, solicitó iniciar una investigación a todas las personas que trabajaron en su entorno.

“Supuestamente, ante organismos internacionales mostraba que descubría laboratorios, sin embargo, quemaba harina, entonces este señor demagogo debe venir a responder ante la justicia boliviana y a todos los que estaban en su entorno hay que investigarlos”, exigió.

El 15 de enero de 2020, cuando se debía realizar la incineración de una tonelada 435 kilos de droga, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), evidenció la ausencia de estos 400 kilos respecto a la cantidad inicial. 

Al respecto, el diputado Juanito Angulo sostuvo que además de la desaparición de droga, la gestión de Murillo se caracterizó por el incremento de producción de cocaína y de vuelos irregulares.

“Se han encontrado en Santa Cruz y Cochabamba laboratorios de procesamiento de cocaína que tienen una data de 10 meses atrás cuando estuvieron en gobierno y aún no se sabe el destino de todo lo incautado, por eso es importante acelerar el pedido de extradición para que responda ante la justicia el señor Murillo”, señaló.

El investigador y director del Centro Cultural Casa Bolívar de Chile, Roberto Muñoz, destacó, este lunes, los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes de su país, donde la izquierda sacó ventaja ante el oficialismo de derecha.

Este fin de semana, los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes de la Convención encargada de redactar una nueva Constitución Política de la República.

Según los datos preliminares, la organización Vamos por Chile, que representa a la derecha, obtuvo 38 representantes de 155. El resto de los convencionales constituyentes está integrado por opositores de izquierda, centroizquierda, sectores independientes, entre otros.

“La derecha está arrinconada, la derecha está viendo cómo se derrumba el modelo neoliberal gracias a las luchas del pueblo chileno”, dijo Roberto Muñoz en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.

Indicó que los resultados demuestran que el pueblo chileno busca un cambio mediante la Convención encargada de la reforma constitucional. Destacó que ahora, los representantes podrán plantear acciones contra la privatización de muchos servicios, entre ellos, el acceso al agua y a la salud.

“Se va a abrir un universo, un mundo muy parecido a lo que pasó en Bolivia en el momento también de la Constitución, que abrieron otros mundos. No era solamente la oligarquía de siempre, la gente de la ciudad, los educados, los abogados; sino el pueblo, el pueblo pobre, el pueblo de la calle, el que va a hablar”, sostuvo.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, denunció este lunes que los planes operativos militares ejecutados en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal, en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, desaparecieron.

“Hay que entender que no se realiza una acción militar como en cualquier institución. Una operación militar siempre se rige por un plan. Así lo dice la normativa, la constitución de terna al interior del mando y es en base a este plan que se opera y son estos planes que extraña que no existan en el caso de Sacaba y Senkata y El Pedregal”, indicó Novillo, según un reporte de Bolivia TV.   

El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, policías y militares ejecutaron un operativo en la zona de Huayllani del municipio de Sacaba contra protestas de vecinos que reclamaban respeto a la democracia. Ese día, 12 personas fallecieron luego de la represión.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, la zona de Senkata en El Alto se convirtió en un escenario de tensión. Ese día, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa de un operativo protagonizado por las fuerzas combinadas que ejecutaron la represión contra personas que protestaban y transeúntes.

A ello, se suman las acciones militares contra vecinos de la zona El Pedregal de la ciudad de La Paz.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía Boliviana ante protestas que cuestionaban el régimen. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas de guerra.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que las investigaciones sobre el paradero de los planes operativos ya comenzaron al interior de las Fuerzas Armadas. “Han borrado, ocultado o hicieron perder esta documentación”, insistió.

“Esos procesos (de investigación) están en curso en cada fuerza. Lo que debo adelantarles es que en el Ejercito esta investigación está bastante avanzada y en cualquier momento vamos a hacer conocer las conclusiones”, aseveró.

El exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, denunció este lunes que grupos de choque de la derecha política tuvieron el apoyo de policías en su región para eliminar al Movimiento Al Socialismo (MAS) de la arena política e incluso a sus militantes durante el golpe de Estado de 2019.

“Decía la gente, tenemos que matar a los masistas y de verdad para esto se han prestado bastante los policías. Me acuerdo el día 8 quería entrar a mi oficina, pero no pude, ahí estaban alojados los motoqueros“, manifestó en una entrevista en el programa “Somos Democracia”, de Bolivia Tv.

La exautoridad recordó que las acciones contra los militantes del MAS comenzaron el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de Oruro, con la llegada de un grupo de personas, presuntamente del oriente, para provisionar de petardos, flechas y cachinas, bombas Molotov, gases lacrimógenos y hasta dinamitas a las personas que estaban contra el gobierno del entonces presidente Evo Morales.

Los involucrados estaban dispersos también en distintas movilizaciones para incitar a la violencia, además de que daban dinero a los dirigentes de algunos sectores sociales para reclutar gente, añadió.

“Meses antes de las elecciones de octubre de 2019, durante las elecciones y después, durante las movilizaciones y después del golpe de Estado, el masista, que es como nos llamaban en los medios de comunicación con bastante desprecio, era la peor escoria de la humanidad. No éramos seres humanos. En ese entonces, matar a un masista era menos que matar a un perro vagabundo de la calle”, explicó.

En su caso particular, Vásquez recordó que un grupo de personas tapió las puertas de la Gobernación de Oruro y la Policía se hizo cargo de la custodia y no le dejó ingresar a su despacho.

“Un coronel de la Policía, de acuerdo a sus declaraciones, en el momento de la toma de la Gobernación decía: 'nosotros nos vamos a hacer cargo de la Gobernación, nadie va a entrar', refiriéndose a mí, 'hasta recuperar la democracia'”, aseveró.

Agregó que él estaba en su casa unos días después y recibió llamadas para que salga porque una turba iba hacia ella mientras propinaba insultos y pateaban a personas con rasgos indígenas, originarios, campesinos.

“La turba de gente emborrachada, no por trago, sino por el odio al indígena, originario, campesino ha empezado a destrozar mi casa, a quemar mi casa y saquear mi casa. Yo prácticamente he quedado sin nada”, lamentó.

La ex autoridad departamental pidió que la Fiscalía General del Estado y la Policía hagan justicia por lo sucedido, porque “no podemos seguir viviendo con este tipo de heridas aún abiertas y que han sido bastante fuertes para algunos ciudadanos, sobre todo procedentes de los pueblos indígenas, originarios, campesinos”.