La reconstrucción económica fue un mandato del pueblo. El gobierno del presidente Luis Arce tomó ese precepto como eje de gestión para impulsar la reactivación frente a las consecuencias de un régimen que dejó un país en crisis y, sobre todo, a un sector obrero abandonado.
El 1 de mayo de 2020, el país enfrentaba una ola de contagios a causa de la pandemia del COVID-19. La cuarentena aplicada en el régimen de Jeanine Áñez restringió todo, desde los emprendimientos económicos empresariales hasta la venta día a día de los comerciantes ambulantes.
La situación generó una creciente demanda para que el régimen apoyara el sostenimiento del empleo; pero, pese a eso, los despidos en varias regiones del país incrementaron por las restricciones aplicadas.
Restricción y abandono
El Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020 aplicado en el régimen de Jeanine Áñez estableció la cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de las 00.00 del día domingo 22 de marzo de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional contra la pandemia.
Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Áñez aplicó un régimen durante el 2020 con medidas contrarias al sector obrero, unas de absoluto rezago e incumplimiento de las obligaciones propias, como la atención de denuncias, realización de inspecciones y gestión en la atención de conflictos laborales.
“Hemos estado poniéndonos al día de un año catastrófico en el que los trámites han sido paralizados (…), los ministros no firmaban nada, entonces fueron procesos administrativos que deberían salir a favor de los trabajadores que quedaron truncados en este despacho”, dijo la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia.
El 15% de las denuncias de despido indirecto, registradas en esa cartera de Estado, llegaron al estado de expedición de conminatoria de reincorporación en 2020 y un 65% de los casos presentados no tuvieron una gestión real o no fueron atendidas, según el informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social presentado en su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final - 2020.
El régimen consideraba a las denuncias laborales como controvertidas, desconocía el carácter laboral de los contratos a plazo fijo, considerándolos de carácter civil exclusivamente y no existió una actuación oportuna en los despidos.
Si bien ese era el contexto en el que los bolivianos enfrentaban la pandemia y la crisis económica, otros hechos macaron el régimen de Áñez.
Manejo de los recursos
Una investigación realizada, este año, por la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB reveló acciones irregulares en la estatal petrolera y sus subsidiarias con manejos poco transparentes de $us 1.210.000 (1,2 MM) durante la administración de Herland Soliz, presidente de YPFB, y Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, del gobierno de Áñez.
Algunas de las irregularidades encontradas son: para ejecutar adquisiciones y compras para la Unidad Médica de Emergencia contra el Coronavirus (UMEC-YPFB) no se hizo cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado, como establece cualquier tipo de contratación estatal. Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.
A eso, se suma la denuncia hecha en marzo por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, y la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, ambas de la Cámara de Diputados. Realizaron la inspección a la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo que fue paralizada por el gobierno de facto. Se evidenció un daño económico que asciende aproximadamente $us 160 millones al año.
Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, Áñez designó a nuevos responsables de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El presidente Luis Arce informó en febrero que los encargados de administrar la empresa estatal durante ese periodo eran exrepresentantes de Petrobras del Brasil.
“Van pasando los meses del Gobierno golpista y logra salir a la luz pública un contrato de Bolivia, firmado con el Presidente de YPFB, al Brasil, a Petrobras. En este contrato, se genera un daño económico a las arcas estatales bolivianas”, sostuvo en entrevista con el canal brasileño Red TVT.
Dijo que en el acuerdo, Petrobras no se comprometía a pagar el costo de transporte desde Bolivia hasta las termoeléctricas que se tenía en Brasil como sucedía en el pasado y que esos gastos eran asumidos por YPFB. Cuestionó que el régimen de Áñez haya negociado menos volúmenes de exportación a Brasil que en anteriores oportunidades a un precio desventajoso para Bolivia.
La reactivación económica, el eje de gestión
Luis Arce juró a la Presidencia en noviembre de 2020 después de recibir un apoyo mayoritario en las urnas. El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró el 55,11% de los votos válidos en las elecciones generales del domingo 18 de octubre, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luego de la recuperación y consolidación de la democracia, enfrentó un contexto adverso. Consideró que el régimen de Áñez se caracterizó por la ausencia de políticas económicas claras, oportunas y efectivas desde 2019.
Al segundo trimestre de 2020, Bolivia registraba un decrecimiento de más del 11%, algo que no había experimentado desde 1986, cuando se observó un decrecimiento de 2,6%. A octubre del año pasado, se registró una caída general del 9% del Índice de Cantidad de Consumo de Servicios Básicos. En similar periodo, el valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes decreció en un 53%.
La inscripción de empresas, que entre enero y octubre de 2019 fue de 16.011, a octubre de 2020 cayó en 26%. También cayeron las exportaciones y las importaciones en aproximadamente 30%. La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%, de $us 3.272 millones en 2019 a $us1.107 millones. La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó, de 4,8% a 8,7%.
Y la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de $us 5.950 millones en octubre de 2019 a $us 9.457 millones en similar periodo en 2020.
Sin embargo, en respuesta al mandato de la reconstrucción de la economía, el gobierno de Arce aplicó como una de las primeras medidas el Bono Contra el Hambre que benefició a más de 4 millones de bolivianos. El beneficio consiste en un pago único de Bs 1.000 a personas mayores de 18 años al 16 de septiembre de 2020 y menores a 60 años al 01 de marzo de 2021.
Ante esa situación, con el fin de apoyar a uno de los sectores más vulnerables como son los adultos mayores, y de mantener el poder adquisitivo de la población rentista del Sistema de Reparto y de los jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP), el Gobierno nacional determinó el aumento adicional y extraordinario en las rentas mensuales de ambos sectores. Más de 219.000 jubilados y rentistas se beneficiaron con esta medida.
Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se procedió al saneamiento administrativo de todos los temas pendientes, incluidos los laudos arbitrales, en beneficio de los trabajadores.
Otra de las medidas fue la promulgación de la Ley 1355 del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA). Tuvo como objetivo redistribuir el ingreso e incentivar la mayor facturación por la compra de bienes y servicios en el mercado interno.
Se puso en vigencia la Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 que perfila un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 4,8%; prioriza la inversión pública para reactivar la economía del país, reduce el gasto corriente y asegura los bonos sociales para fortalecer la redistribución de ingresos. Esta norma garantizó el presupuesto para la compra de vacunas ya que destina el 10% para salud.
La Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) fue otra de las medidas. Grava a las personas que tengan un patrimonio superior a Bs 30 millones. Los créditos productivos no estuvieron al margen en estos tres primeros meses.
El Gobierno aprobó un Decreto Supremo por el cual se destina Bs 911 millones para créditos dirigidos a financiar la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan las importaciones. El objetivo fue apoyar a la recuperación del sector productivo, generar empleos y reactivar el mercado interno.
Con la aprobación del Decreto Supremo 4393, se recuperó el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, institución cerrada en junio. El fomento al turismo es otro de los ejes de acción del Gobierno. Mediante el Decreto Supremo 4400, establece aumentar tres días de vacación a los servidores públicos que elijan algún lugar turístico del país y fomenta la posibilidad de pagar paquetes turísticos a plazos.
Además, se retomó la reactivación de la construcción del megaproyecto Tren Metropolitano o Mi Tren, que unirá a seis municipios del departamento de Cochabamba y aliviará el problema del tráfico vehicular y transporte de pasajeros, además de la generación de fuentes laborales.
Ahora, las principales metas macroeconómicas, según el Programa Fiscal Financiero 2021, son: un crecimiento del PIB de alrededor del 4,4%, una inflación de fin de período en torno al 2,6% y un déficit fiscal de aproximadamente 9,7% del PIB, además de retomar las políticas redistributivas y de protección social implementadas por el Gobierno nacional a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros.
