El periodista Carlos Valverde admitió haber suscrito un contrato con el Estado por Bs 75.275 para escribir a favor del gobierno de facto de Jeanine Áñez, entre diciembre de 2019 y 2020, oficio que ejerció mientras desempeñaba funciones en medios de comunicación privados.

“Ustedes creen que uno no va a aceptar que lo publiquen a nivel nacional, si uno escribe para que lo lean. Hay que estar loco o ser boludo para no aceptar ser publicado a nivel nacional. Yo les pregunto, ¿no tengo derecho a cobrar por lo que escribo, por mi trabajo, por publicar? Si algunos no pueden pagarme lo hago gratis, pero, ¿no tengo yo derecho de vivir?”, admitió el periodista.

En pasados días, el portal Crónica Digital reveló planillas y documentos del entonces Ministerio de Comunicación que demuestran los pagos al periodista.

Ante la publicación, Valverde indicó que realizó la misma cantidad de columnas de opinión para el periódico Bolivia, como para los demás medios de comunicación para los que trabaja.

Explicó también que, debido a su amistad con la exministra del gobierno de facto, Roxana Lizárraga, y la posibilidad de salir a nivel nacional, fueron las razones por las que aceptó la propuesta de la exautoridad que el mes pasado solicitó refugio al gobierno de la República de Perú.

“Le dije que sí, con todo gusto; yo, en ese momento escribía para El Deber, para Eju, para Némesis y para ‘Esto También Sucede’, en realidad escribía para un medio público y los demás sólo redes sociales”, declaró.

La publicación de Crónica Digital indica que Valverde recibió ese monto total por escribir columnas de opinión que a veces no pasaban de los cuatro párrafos.

De acuerdo con la documentación oficial difundida por ese portal, "Carlos Federico Valverde Bravo empezó a trabajar para el gobierno de Áñez desde el 6 de diciembre de 2019, según el número de contrato 19400. Para toda la gestión 2020, Valverde trabajó desde el 3 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, bajo el contrato número 3300".

Según la nota, tanto Humberto Vacaflor como Carlos Valverde escribían columnas a pedido para el periódico Bolivia. Mientras los demás periodistas de ese medio de comunicación debían asistir a su fuente laboral con sede en la ciudad de La Paz, Vacaflor podía hacerlo desde Tarija y Valverde desde Santa Cruz.

La Comisión de legisladores de Carlos Mesa y Fernando Camacho que viaja el lunes a EEUU busca asesoramiento y dinero, dijo el exministro Juan Ramón Quintana, quien indicó que ese mismo elenco político impulsó el golpe de Estado de 2019 como corolario del proceso desestabilizador impulsado por Washington desde 2005.

Quintana, entrevistado este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, hizo un recuento de las acciones desestabilizadoras contra el gobierno e identificó a algunos de sus actores.

“No hay que extrañarse que esta derecha antipatria, antinacional, tiene que refugiarse en los brazos de sus patrones. Los patrones de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Doria Medina, Tuto Quiroga, están en Washington. A quien (la derecha) debe ir a consultar, a pedir apoyo, a postrarse de hinojos” y a buscar asesoramiento y recursos, es a EEUU, sostuvo.

Dijo que antes de 2019, actores de la derecha “desfilaban” en el Departamento de Estado para pedir apoyo destinado a evitar la candidatura de Evo Morales.

Ese mismo elenco de actores políticos de segunda categoría, dijo Quintana, fueron eslabones locales del golpe de Estado de 2019, el cual fue el corolario del proceso de desestabilización iniciado en 2005 con protagonismo de EEUU.

“El golpe de 2019 ha sido el corolario de una estrategia golpista que empezó el año 2005 en los laboratorios políticos del Departamento de Estado operado por el Comando Sur y, por supuesto, por la Embajada de EEUU en Bolivia”, manifestó.

Dijo que, en 2005, el entonces embajador estadounidense, David Greenlee, amenazó a Evo Morales con que, si no se aliaba a ellos por la vía del libre mercado, sufriría las consecuencias.

En esa línea, EEUU envió al país a Philip Goldberg, un experto en la división de la ex Yugoslavia, quien intentó repetir esa experiencia con apoyo de actores locales, lo que motivó su expulsión.

Parte de ese proceso desestabilizador fue el operativo encubierto respecto al referéndum y el diseño discursivo que buscó mostrar a Morales como dictador y, a las elecciones de 2019, como fraudulentas, manifestó.

Ante esas intenciones desestabilizadoras, Quintana destacó la actitud del pueblo boliviano que optó por impulsar las elecciones generales y subnacionales.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, reiteró este viernes que el Gobierno nacional no acusó a la dirigencia nacional de los interculturales de recibir algún soborno en el caso Characayo. Dijo que se pidió una oportuna aclaración de parte de la dirigencia de San Julián, a favor del esclarecimiento del hecho.

“En la denuncia, se señalaba que 200.000 dólares iban a los dirigentes de las comunidades de San Julián y esto es inadmisible, no porque pensemos que ellos recibieron dinero, sino porque no se puede mancillar instituciones tan grandes, los interculturales son un pilar de este proceso (de cambio)”, dijo la autoridad gubernamental en una entrevista con Erbol el jueves 15 de abril.

En las últimas horas, surgieron titulares en medios de comunicación que insinuaban una acusación del titular de Justicia y Transparencia Institucional contra del movimiento intercultural.

“No estamos planteando una acusación contra ellos, les estamos pidiendo que, como todo ciudadano boliviano, aclaren, investiguen y nos den respuesta”, subrayó Lima.

El martes por la noche, mediante un operativo de acción directa realizada en la avenida 16 de Julio de La Paz, se procedió a la aprehensión de Edwin Characayo Villegas, luego de ser encontrado en flagrancia cuando recibía $us 20.000 para favorecer a un sector que pretendía sanear tierras en el municipio de San Ramón en Santa Cruz.

El ministro reiteró que la denuncia contra el exministro, su exdirector General de Desarrollo Rural, Hiper García, y dirigentes interculturales de San Julián, fue formulada por las supuestas víctimas.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó como parte querellante contra Characayo y García, en el marco de la lucha contra la corrupción, como establecen sus competencias.

Uno de los trabajadores de la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) de Chuquisaca, Iván Rivera, pidió este viernes “hacer justicia como se debe” por la ocupación militar con disparos que se registró en ese complejo durante el golpe de Estado de 2019.

“Quisiera que investiguen bien, que lleguen a lo profundo de esta situación que pasó y que se les de sanciones”, añadió, en una entrevista en el programa “Somos democracia” de Bolivia TV.

El entrevistado recordó que los militares llegaron al predio el 17 de noviembre de 2019 en dos helicópteros que descendieron en frente del complejo y luego ingresaron con disparos cuando él trabajaba como asistente de carpintería.

Los uniformados lo capturaron junto a sus compañeros e hicieron que se tiendan en el suelo boca abajo, mientras eran encañonados como sucede en las guerras, patearon y rompieron puertas con sus armas.

Uno de los trabajadores fue tendido con violencia y le pisaron la cabeza porque los militares no querían que se vea su rostro, agregó.

“Ya lo tenían (también) ya al Gerente que era (de Envibol). Como rehén lo trajinaron a él por delante de ellos apuntándole por la espalda con fusil. Así lo bajaron por las gradas”, detalló.

Según Rivera, los uniformados ingresaron al complejo por “malos comentarios” que mencionaban que el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, estaba en sus instalaciones.

“Aquí no estaba, no, porque nosotros todos los días estábamos entrando y siempre habríamos visto algo sospechoso”, sostuvo.

El entrevistado recordó que la ocupación del complejo productivo duró casi hora y media y los militares implicados dejaron el predio tras lanzar gases lacrimógenos.