El presidente Luis Arce afirmó que el golpe de Estado de 2019 fue planificado y que las denuncias de supuesto fraude solo sirvieron como pretextos para aplicar una arremetida contra el orden institucional en Bolivia. Identificó tres actores protagonistas en los hechos: el movimiento cívico, los partidos de oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA); sin embargo, indicó que las investigaciones deben dar con los responsables.

“El golpe fue muy bien planeado. Había un manual que tenían que seguir ellos”, aseguró el mandatario en entrevista en el programa “Diálogos por la democracia” de TV UNAM de México. “No creo que años, pero sí meses de planeamiento”, sostuvo.

“Hay caras visibles del golpe de Estado. Está el señor Camacho. Hay un video, no estamos inventando. Hay videos donde él explica quién había sido el que le ayudó a hacer toda la movilización y el desmonte de las Fuerzas Armadas; él habla de su padre, inclusive. Es un video generalizado que circuló por todo lado”, dijo el mandatario.

Aseveró que además del movimiento cívico que tenía como representante a Camacho, se tuvo la acción de partidos políticos de oposición que se sumaron a las acciones para generar inestabilidad en el país inmediatamente después de las elecciones presidenciales de esa gestión.

“También, están los partidos políticos que se anticiparon y el día de las elecciones lanzaron el tema de que hubo fraude sin tener una prueba o algún fundamento. La OEA contribuyó de manera muy clara cuando señalaba algunas irregularidades en las elecciones sin fundamento y nunca se pudo comprobar”, sostuvo.

Indicó que se deben hacer las indagaciones correspondientes, debido a que existen muchas hipótesis sobre los hechos y así dar con los responsables directos de lo sucedido. “Es una investigación que hay que hacer”, aseveró.

En noviembre de 2019, la OEA hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

En diciembre de ese año, la organización internacional presentó un informe final en el que vuelve a mencionar supuestas irregularidades. Eso viabilizó que la entones senadora Jeanine Áñez asuma la Presidencia y aplique un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.

“No escucho hablar a los que quieren defender los derechos humanos y los debidos procesos de esas personas que fueron acribilladas, que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas y la Policía que salieron a reprimir todo ese movimiento popular en contra de ese golpe de Estado, que no estaba de acuerdo con el cambio de Gobierno”, cuestionó.

Thomas Becker, abogado de las víctimas del denominado Octubre Negro, aseguró que Estados Unidos (EEUU) actúa con hipocresía al pronunciarse sobre los procesos judiciales a exautoridades del régimen de Jeanine Áñez, investigadas por los hechos de violencia registrados en Bolivia el 2019.

“Hipocresía de EEUU: cuando el ex-gobierno ilegal de Bolivia detiene a cientos de opositores políticos y masacra a personas indígenas, silencio; cuando el actual gobierno boliviano arresta a las personas que llevaron a cabo estos delitos, ‘persecución’ (sic)”, publicó en su cuenta en Twitter.

Se refirió al tema luego del pronunciamiento del secretario de Estado de EEUU, Antony J. Blinken, respecto a supuestos “signos de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal”, en alusión a los procesos judiciales contra exautoridades.

La expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, están detenidos de manera preventiva en La Paz y son investigados por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por hechos de 2019.

El abogado estadounidense Thomas Becker es reconocido por ser uno de los abogados impulsores del juicio al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se encuentra en EEUU y para quien se busca la extradición por los hechos del denominado Octubre Negro de 2003 que saldó con 63 muertos.

Durante el 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales tras los comicios presidenciales de esa gestión, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto poselectoral dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones en el régimen de Áñez.

Organizaciones políticas reactivaron las campañas políticas rumbo a la segunda vuelta del 11 de abril en el marco de las elecciones subnacionales para definir gobernadores.

Militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz y El Alto aprovecharon este fin de semana para difundir el programa de gobierno del candidato al Gobierno departamental, Franklin Flores.

En La Paz, el postulante del MAS, Franklin Flores, y Santos Quispe de la agrupación Jallalla La Paz disputarán la Gobernación en las urnas.

“Nuestro hermano Franklin Flores decidió trabajar puerta a puerta para escuchar a los vecinos, a los gremiales, a los comerciantes, a los lustrabotas, a los microempresarios, empresarios”, dijo el concejal paceño del MAS, Mario Condori, a los medios. 

En Sucre, la campaña también fue reactivada por el candidato Damián Condori, de Chuquisaca Somos Todos (CST), que irá a segunda vuelta para la Gobernación contra Juan Carlos León del MAS.

“Esta es nuestra primera movilización por la unidad del departamento de Chuquisaca rumbo a la segunda vuelta del 11 de abril”, dijo Condori en entrevista con la red Unitel durante una caminata junto con sus militantes.

Los tribunales electorales departamentales organizan la segunda vuelta para elegir a los nuevos gobernadores no solo de Chuquisaca y La Paz, sino, además, de Pando y Tarija.

La posesión de estas autoridades subnacionales será el 3 de mayo para evitar que el 2026 se presenten dificultades por tiempos de mandato.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, afirmó este domingo que existe la necesidad de armar un bloque regional de países latinoamericanos para enfrentar desafíos globales, entre ellos, la pandemia del COVID-19.

“Hay necesidad de armar un bloque regional y verlo en perspectiva de países latinoamericanos. Esto lo hemos venido reflexionando, analizando con sentido crítico. Existe esta necesidad por diferentes aspectos, desde los económicos, el resguardo de nuestras poblaciones a nivel de la región y fuera, la posibilidad de responder algunas necesidades como las tecnológicas, las médicas en relación a la crisis sanitaria”, explicó en entrevista con la red Erbol.

Puso el ejemplo de la Unión Europea, que al ser una organización que concentra un bloque de países pudo manejar de mejor manera la lucha contra la pandemia y, sobre todo, el acceso a las vacunas en beneficio de sus habitantes.

“Tenemos países hermanos que comparten frontera con nosotros y que no pudieron lograr ni una vacuna (contra el COVID-19). Eso nos hace reflexionar. Estamos a punto de dar un salto tecnológico importantísimo.  El 5G y el 6G están a la vuelta de la esquina y eso va a cambiar totalmente el mundo, la inteligencia artificial y nosotros, como región, estamos al borde de quedarnos en la prehistoria tecnológica, en una situación de subordinación que puede llevarnos a una situación de servilismo”, dijo.

 El Canciller aseveró que un bloque de países puede viabilizar mejores oportunidades ante problemáticas comunes que afectan a la región, dejando de lado polarizaciones políticas en beneficio de los pueblos latinoamericanos.

“Hemos tenido importantes experiencias como Unasur; otra cosa hubiese sido la pandemia para nosotros con Unasur, pero, lastimosamente, pasa un mal momento en medio de cierta polarización política de los países”, indicó.

La Unión de Naciones Suramericana (Unasur) fue creada en 2008 con el principal objetivo de construir un espacio de integración en lo cultural, social, económico y político para eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, además de fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.

Sin embargo, entre 2018 y 2020, debido a nuevos gobiernos en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, estos países decidieron dejar el bloque regional.