El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, denunció este miércoles que el régimen de facto de Jeanine Áñez paralizó las actividades de la planta de Urea y Amoniaco en Bulo-Bulo, Cochabamba, por un tema estrictamente político, que generó una pérdida para el Estado boliviano de más de $us 250 millones.

“Hemos hecho recientemente una visita, se hizo una masacre blanca de la planta de Urea y Amoniaco, retiraron a gente experimentada, gente capacitada en el exterior, gente especializada en el manejo de la planta y colocaron en su lugar gente inexperta, gente afín al gobierno de la señora Áñez”, subrayó.

El legislador resaltó además que la decisión de paralizar las operaciones de la planta de Bulo-Bulo no tuvo relación con la declaratoria de emergencia sanitaria y la cuarentena, puesto que la misma fue asumida antes de la pandemia, así como de otras determinaciones que afectaron la economía del Estado boliviano.

En este sentido, Yujra recordó que el 5 de marzo de 2020, el gobierno de facto firmó una adenda con Brasil para la exportación de gas. El documento establece la disminución de los volúmenes de 24 millones de metros cúbicos día, del anterior contrato, a 14 millones, y adicionalmente el costo de transporte que antes lo pagaba Petrobras lo asume el pueblo boliviano, lo que representa alrededor de $us 70 millones por año.

“Un gobierno que se autoproclamó, que estaba llamado únicamente para convocar a elecciones hace políticas que van en desmedro de la población y que tienen su impacto en el mediano y largo plazo”, finalizó.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció este miércoles que se pondrá en contacto con sus pares de Chile para ver la posibilidad de abrir espacios de diálogo en torno a la demanda marítima boliviana.

“Vemos muchos asambleístas que están totalmente de acuerdo en abrir el debate sobre nuestra salida al mar, sin duda es una responsabilidad histórica de ambos países, que debemos cerrar estas heridas”, dijo el legislador.

En este sentido, informó que se pondrá en contacto con algunos legisladores chilenos para buscar la forma de coordinar una reunión a fin de tratar el tema de la demanda marítima boliviana desde el ámbito legislativo.

“Si hay alguna posibilidad de reunirnos acá o en Chile (...). Veremos desde la Asamblea Legislativa cómo poder entablar también estos temas de muchísima importancia; no podemos dejarlo en el olvido, no podemos dejarlo así cerrado, es algo que nos urge a todos los bolivianos de manera histórica hablar definitivamente y abrir espacios para que se puedan entablar diálogos en torno a la salida al mar”, mencionó Rodríguez.

Este 23 de marzo, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, durante el acto conmemorativo al Día del Mar, planteó a Chile encaminar una nueva etapa de diálogo para avanzar en una solución al diferendo sobre el enclaustramiento de Bolivia y la necesidad de aplicar una nueva política marítima.

“El siglo XXI nos exige iniciar un nuevo tiempo de relacionamiento con la hermana república de Chile. Esta visión estratégica se plasma en una política marítima enmarcada en la diplomacia de los pueblos y bajo un enfoque integracionista de complementariedad y entendimiento para enfrentar un futuro común entre ambas naciones”, sostuvo en la oportunidad.

“Todo tienen que pagar los golpistas”, clamó este miércoles Juan de Dios Gil, un vecino de la zona Sud de la ciudad de Cochabamba que fue víctima de la represión policial durante los hechos violentos que derivaron en el golpe de Estado de 2019.

“Tienen que pagar no más todo lo que han hecho; los asesinatos y las torturas”, recalcó en una entrevista en el programa “Somos Democracia”, una alianza de medios estatales.

El vecino fue aprehendido cerca al túnel de El Abra cuando se realizaba una marcha de apoyo a las víctimas de la denominada masacre de Sacaba, Fue torturado a palazos y encarcelado por varios meses en el penal de San Sebastián de la ciudad de Cochabamba.

Por otro lado, Gil pidió que el Gobierno nacional proporcione asesores a las víctimas del golpe de Estado, porque varias de ellas enfrentan problemas legales por la masacre de Sacaba.

“La justicia está bien corrompida”, afirmó a tiempo de aseverar que durante el golpe de Estado solo hubo favorecimiento judicial para los ricos y no para los pobres.

El entrevistado exhortó a algunas de las víctimas, que todavía no presentaron sus denuncias, que “no tengan miedo y salgan a la luz” para que cuenten todo lo sucedido y los responsables del golpe de Estado no queden impunes.

El Parlamento Andino aprobó en sesión plenaria una declaración que rechaza la injerencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia.

“El Parlamento Andino aprobó la Declaración 'Rechazo a la injerencia del secretario general de la OEA en el Estado Plurinacional de Bolivia'. En el documento se invita a mantener y a promover la democracia y la soberanía de los Estados miembros”, informó mediante su cuenta en Twitter.

El órgano deliberante internacional tiene como misión apoyar a los gobiernos de los países miembros (Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) en la armonización de las legislaciones, así como en la regionalización de políticas públicas y prácticas gubernamentales exitosas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población andina.

El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, informó este miércoles que la sesión plenaria, además de cuestionar las actitudes de Almagro, llamó a defender la democracia y la soberanía de los Estados.

El Secretario General de la OEA es cuestionado por sus pronunciamientos de la anterior semana sobre los procesos judiciales que se siguen en Bolivia a exautoridades del régimen de Jeanine Áñez, investigadas por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

Almagro cuestionó a la justicia boliviana y pidió la liberación de la expresidenta Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, quienes se encuentran con detención preventiva.

En 2019, hizo una denuncia basada en un informe preliminar de un supuesto fraude. Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado.