Flora Guzmán, presa política y víctima de los sangrientos hechos que vivió Montero en octubre y noviembre de 2019, rememoró este viernes ante los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) las vejaciones y violación a sus derechos que sufrió junto a su familia.
“Solo por salvar vidas fui llevada a la cárcel, yo como médico tengo esa facultad de salvar vidas y socorrer a las personas que lo necesitan, pero había sido un delito”, contó con lágrimas y lamento a los expertos.
Detalló que por salvar y ayudar a una persona que estaba es estado crítico, producto de la violencia suscitada en Montero, fue detenida y remitida a la cárcel sin ninguna orden de aprehensión, “me trataron como delincuente, como si hubiese matado (…). Me aprehendieron junto mis dos hijos, prácticamente toda mi familia estuvo en la cárcel” apuntó.
Cuando quiso defenderse ante la justicia, expresó, no tenía ese derecho, porque era catalogada de terrorista por el gobierno de Jeanine Áñez. “Durante 25 años trabajé salvando vidas, pero el delito más grande fue atender a una persona que requería ayuda”, rememoró.
“Para mí fue un infierno la cárcel, porque nunca había estado ahí, era una tortura ver a mis hijos al lado mío (en la cárcel). No tenía derecho a comunicarme ni mucho menos salir en medios de comunicación, cuando salí en libertad, lo primero que hice fue recuperar mi fuente laboral, pero me negaron ese derecho”, lamentó Guzmán.
A consecuencia de esa mala experiencia, la víctima y presa política informó que su hijo mayor perdió a su esposa y que ahora debe mantener y cuidar a sus tres nietos; mientras que su otro hijo quedó traumado psicológicamente por lo vivido en la cárcel, “por eso pido justicia” clamó ante el grupo de la GIEI.