La Defensoría del Pueblo reafirmó este jueves su compromiso para trabajar e incidir en la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, y aseveró que existen tareas pendientes para fortalecer los mecanismos para la prevención de los mismos.
La institución sostiene que el incremento de las tasas de desempleo por la crisis sanitaria del COVID-19 y necesidades económicas “insatisfechas” son los principales factores que colocan a la población en situación de vulnerabilidad y que causan que sean víctimas de captación, traslado, acogida y explotación.
Asegura que las medidas de distanciamiento propiciaron que organizaciones criminales instrumentalicen las plataformas de redes sociales para el reclutamiento de potenciales víctimas, especialmente niñas y niños.
“En el período 2019 - 2020, en que la Fiscalía General del Estado reportó la emisión de 421 resoluciones a razón de imputaciones por delitos enmarcados en la Ley 263; la Institución Defensorial identificó 201 imputaciones por trata de personas y 11 por tráfico de personas”, indica un boletín institucional.
Durante la gestión 2020, y el primer trimestre de 2021, la Defensoría del Pueblo recibió 56 denuncias relacionadas a esos delitos, referidas a la falta de atención de las instancias competentes, solicitud de apoyo o falta de información.
Por lo que instó a las autoridades nacionales y subnacionales a “extremar esfuerzos oportunos, necesarios y suficientes para la prevención y erradicación de los procesos de captación de víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, fortalecer los mecanismos de persecución y sanción a los tratantes, así como asegurar la protección y reintegración de sus víctimas”.
Ratificó también su compromiso de combatir esos delitos vulneradores de la dignidad humana y los derechos fundamentales, y reiteró la necesidad de articular un trabajo conjunto entre las diversas instancias encargadas de precautelar la captación de niñas, niños, adolescentes y mujeres.