La Paz, 4 de mayo de 2022 (ABI).- El abogado constitucionalista Israel Quino afirmó este miércoles que la decisión asumida por el Tribunal Primero de Sentencia, de suspender la audiencia del caso “golpe de Estado II”, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de la exsenadora Jeanine Áñez, pone en riesgo el juicio ordinario.
“Es muy crítico, es muy grave lo que ha ocurrido el día de hoy (…). Está dejando en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional el pronunciamiento, primero en la admisión y luego en el fallo de fondo”, indicó Quino en contacto con la ABI.
Aclaró que la decisión del TCP sobre la admisión o rechazo podría conocerse en 10 días tras la remisión de los actuados, según el Artículo 83 del Código Procesal Constitucional.
Sin embargo, cuestionó que el Tribunal haya concedido esta solicitud y no la haya rechazado.
“En aplicación del Artículo 80.4, podía rechazar esa solicitud de la acción concreta, pero no, decidió concederla y cuya procedencia está en derivarla al Tribunal Constitucional, y eso, seguramente va a generar un pronunciamiento dilatorio en el fondo”, explicó.
En este caso, se investiga a la exlegisladora por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por las acciones que tomó para asumir en 2019 la Presidencia del Estado de forma irregular.
El 29 de abril, se conoció que la defensa de Áñez activó una acción de inconstitucionalidad contra los delitos mencionados, porque los consideran como definiciones “abiertas, difusas”.
Este miércoles, el Tribunal Primero de Sentencia suspendió la audiencia del juicio oral contra Áñez hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de la exsenadora.
Según el criterio de Quino, esa solicitud concedida “pone en riesgo el proceso ordinario de juzgamiento” en contra de Áñez por el caso Golpe de Estado II, porque en caso de que el TCP admita la acción de inconstitucionalidad concreta, tendría hasta 45 o 60 días para resolver la acción.
Advirtió que, por la carga procesal, esto podría ampliarse a hasta un año, y al no tener una autoridad competente que conozca del caso podrían solicitar la libertad de la investigada.
“Es una decisión muy crítica que pone en riesgo el proceso ordinario de juzgamiento en esa vía de la señora Áñez”, reiteró.
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