La Paz, 06 de enero de 2023 (ABI). – Bolivia es un Estado democrático, de derecho, donde prevalece el debido proceso, por ello tiene la tarea de llegar a la verdad histórica de los hechos de la crisis del 2019, indicó este viernes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar.
“Estamos hablando de seres humanos que han perdido la vida en defensa de lo que ellos creían (…) esos hechos no podemos dejarlos en la impunidad, tiene que haber esclarecimiento, tiene que mostrarse la verdad histórica de lo que pasó con estos ciudadanos que perdieron la vida, que quedaron severamente afectados”, indicó la autoridad judicial en entrevista con Radio Erbol.
Lamentó que la crisis política y los “momentos difíciles” que atravesó el país el 2019 se desbordaran en delitos, dejando “víctimas” de los hechos luctuosos, torturas y masacres que, dijo, no pueden quedar en la impunidad.
Y el Estado, agregó, debe responder y encontrar la verdad histórica para dar con los responsables, al margen de su afiliación política.
“Tenemos la responsabilidad, más allá que como Órgano Judicial, como Estado, de dar una respuesta a las víctimas, tengan el color político que tengan. Como Estado democrático, como Estado de derecho debemos llegar a la verdad histórica de los hechos”, enfatizó.
Remarcó que esta investigación debe realizarse sin importar los colores políticos con el objetivo que estos hechos luctuosos no vuelvan a repetirse.
Además, recordó, se debe cumplir con las recomendaciones del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).
“Cuando se dio a conocer los resultados (del informe del GIEI) casi todos los bolivianos recibimos ese informe como parte de un diálogo que nunca pudimos sostener, nunca pudimos sincerarnos respecto a los que había sucedido”, indicó.
Recordó que el informe fue elaborado tomando las declaraciones de bolivianas y bolivianos que contaron sus historias “desgarradoras” y recomendó que Bolivia investigue los hechos para establecer la verdad histórica con base en evidencia fáctica, científica, para que no dañe la democracia a futuro.
“Las instituciones competentes deben investigar para dar con la realidad de los hechos y sancionar a quien corresponda. (…) todos estos hechos ocurridos en la generalidad tienen que ser investigados”, señaló.
GMM/Mac