Santa Cruz, 13 de abril de 2023 (ABI). – El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, acudieron este jueves a su cita judicial para declarar por la violencia generada en los 36 días de paro en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022.
El primero en llegar al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, ubicado en el Plan 3.000, fue Santiesteban, un exmilitar, minutos más tarde llegó el vicerrector y por último llegó Calvo, quienes deberán responder ante los fiscales sobre su participación en los días de paro que generaron violencia, vulneraciones a los derechos e incluso decesos.
Este proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, en contra de Luis Fernando Camacho, Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y Vargas.
Ahora los integrantes del Comité Interinstitucional -organización que reunió a todos los que tomaban decisiones vinculadas al paro- son acusados por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación.
Además se los acusa de atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.
El paro de 36 días.
Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz. La medida extrema estuvo caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.
Durante el paro cívico la inseguridad ciudadana en los puntos de boqueo provocaron cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida que exigía censo en 2023.
Los bloqueadores impidieron la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.
GMM/Mac