Tarija, 16 de diciembre de 2024 (ABI). – La Policía no pudo ejecutar la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, quien se encuentra en el Chapare, porque el operativo puede desatar una resistencia organizada y provocado un riesgo político y social en esa región, de acuerdo a informes de inteligencia, reveló la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
El expresidente fue imputado formalmente por el delito de trata de personas con la agravante de que cometió el delito cuando era presidente de Bolivia. Idelsa Pozo Saavedra, madre de la menor víctima Cindy S.V.P., también está imputada, mientras su padre fue detenido y enviado a la cárcel en octubre.
Morales tiene una orden de aprehensión desde el 16 de octubre, por no haberse presentado a declarar ante la denuncia en su contra por el delito de trata de personas debido a una relación que mantuvo con una menor en 2015, de la que nació una niña, de acuerdo a la Fiscalía. Es la segunda orden de aprehensión, tras anularse una primera.
“Son varios los informes, donde los policías nos justificaban del por qué no se podía lograr la aprehensión del señor Juan Evo Morales Ayma. Nos hablan que se encuentran con protección las áreas de influencia donde él se encontraría, sobre el domicilio que él habría dado también indican que se encuentra inhabitado y sin movimientos sustanciales”, explicó.
En otro informe, los agentes de inteligencia refieren: “Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución de una orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos, particularmente en la región de Villa Tunari y Lauca Ñ, considerada un bastión de apoyo al exmandatario, los riesgos principales incluyen confrontación y seguridad de los funcionarios”.
Además, de “resistencia organizada, riesgo político y social, dificultades logísticas, son un sinnúmero, y esto es lo poco que les traigo acá, de todo lo que tenemos de los informes que nos hacían llegar a diario”, explicó la fiscal.
De hecho, el propio Morales reveló que es custodiado por más de 500 personas en el Chapare, donde terminó replegándose desde que se conoció la investigación por mantener una relación con una menor, que actualmente está desaparecida. El domingo, cuando fue a votar en las elecciones judiciales estuvo acompañado por una caravana de vehículos y varias personas.
Morales debía declarar el 10 de octubre por la denuncia de trata de personas, pero no acudió. El 1 de diciembre, la Fiscalía Departamental volvió a convocarlo por edicto, porque la casa que dio de referencia estaba deshabitada.
Desde septiembre, cuando empezó las investigaciones, la Fiscalía de Tarija acumuló “más de 10 cuerpos” de datos que serán presentados ante la Justicia cuando Morales y Pozo Saavedra sean aprehendidas.
Gutiérrez anticipó que solicitará la detención preventiva de ambas personas porque existe “riesgo de fuga, de obstaculización y otros que, en su momento, en la audiencia, vamos a fundamentar, como todos los hechos, indicios y pruebas acumuladas”.
“También hemos activado la alerta migratoria, tomando en cuenta la facilidad que pueden tener ellos de darse a la fuga”, explicó.
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