Chuquisaca, 01 de julio de 2025 (ABI). - La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concedió medidas cautelares solicitadas por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassentouffel, el 20 de junio, y dejó en suspenso la pérdida de credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira Rodríguez, dispuesta en un juzgado en Coroico.
“La Comisión de Admisión, luego de hacer un análisis y fundamentación, de manera unánime ha resuelto declarar a lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, solicitada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral y en ese sentido se ha dispuesto la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución constitucional dictada por el juez de Coroico, hasta que este tribunal, previo un sorteo, resuelva la causa a través de una Sentencia Constitucional en revisión”, dijo la presidenta de la Comisión de Admisión del TCP, Julia Elizabeth Cornejo.
Es decir, se dispuso la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución emitida por un juez de Coroico que ordenaba la pérdida de credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira Rodríguez.
"Se instruye al TSE mantener en vigencia la credencial de la Magistrada del TSJ, exhortando a las autoridades a respetar los principios de independencia, separación y cooperación de los Órganos del Estado", precisó Cornejo, en conferencia de prensa.
La decisión implica que, de manera cautelar, la magistrada mantendrá su cargo mientras se analiza el fondo de la acción constitucional. Cornejo explicó que esta medida busca preservar los principios fundamentales del orden constitucional mientras se resuelve el caso.
Por este caso se abrió un proceso penal denominado Consorcio, que tiene con detención preventiva al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza (seis meses); al exministro de Justicia (cinco meses) César Siles y al exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (cuatro meses) y a Claudia Castro.
Otros dos imputados -el magistrado suplente Iván Campero y el abogado José Ramiro Uriarte- fueron beneficiados con detención domiciliaria, una medida que fue apelada por el Ministerio Público. El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Iván Córdova también fue beneficiado con detención domiciliaria.
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