La Paz, 21 de julio de 2025 (ABI). – Por instrucción del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se intervino la distrital de La Paz de la Dirección General de Sustancias Controladas debido a denuncias de favorecimiento en la entrega del certificado de registro y autorización previa de importación y comercialización.
“Yo he sido la autoridad que ha instruido la intervención de la Dirección General de Sustancias Controladas y no así, como un diputado trata de entrever o demostrar, que a partir de las acciones que ellos han asumido se habrían generado ciertos mecanismos de investigación internos”, afirmó en puertas de Palacio Quemado.
De acuerdo con Ríos, luego que asumió como ministro de Gobierno conoció las denuncias de procedimientos fuera de la normativa y favorecimiento a algunas empresas para la “obtención de permisos de comercialización de combustible”.
En virtud a la decisión del Gobierno nacional de autorizar la importación de combustibles, ya sea para consumo propio o para comercialización, la Dirección General de Sustancias Controladas está encargada de emitir el “certificado de registro y la autorización previa de importación y comercialización”.
Luego de conocer las denuncias, el ministro instruyó la conformación de una comisión multidisciplinaria, encabezada por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, para iniciar un proceso administrativo.
En consecuencia, la anterior semana se realizó la intervención de las oficinas y el precintando, además se recuperó toda la información del sistema y se puso a buen resguardo.
“Se ha solicitado a la comisión que emita su informe de manera inmediata, el cual probablemente contenga posibles indicios ya sea de responsabilidad administrativa y no se descarta responsabilidad penal”, explicó Ríos.
Por el momento, a través del proceso administrativo, se evidenció que algunas empresas que tramitaron los permisos no contaban con la documentación correspondiente.
Debido a esos hallazgos iniciales, se determinó la destitución de algunos funcionarios. Ríos no precisó la cantidad.
“En el caso del responsable de la distrital, cuenta con una inamovilidad laboral por lo cual no podemos violar los derechos que la norma prevé, sin embargo, fue removido de su cargo y llevado a otra dependencia mientras se realiza el proceso investigativo”, aclaró.
Una vez se conozca el informe de la Unidad de Transparencia, el Ministerio de Gobierno asumirán las acciones legales que correspondan.
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