Santa Cruz, 11 de septiembre de 2025 (ABI).- La Justicia declaró extinguido el proceso penal “Decretazo” en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por haber designado a un funcionario para que asume sus funciones en lugar de dejar el cargo al vicegobernador, Mario Aguilera, en 2022.
“Se terminó la extinción del proceso por duración máxima del tiempo previsto”, explicó el propio Camacho tras la audiencia.
La audiencia se desarrolló en Santa Cruz, con la presencia del gobernador, su abogado defensor Martín Camacho, y el vicegobernador Mario Aguilera, quien participó en calidad de testigo.
El Decreto Departamental 373 de marzo de 2022, aprobado cuando Camacho viajó a Brasil, delegó el mando del gobierno departamental al entonces secretario de Gestión Institucional Miguel Ángel Navarro, sabiendo que debe asumir ese cargo Aguilera, quien fue elegido vicegobernador.
La designación fue cuestionada por contravenir el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que establece que, en ausencia del gobernador, el vicegobernador asume las funciones de gobernador. El decreto fue publicado en la Gaceta Departamental, pero ante los cuestionamientos que desató fue despublicada.
Camacho fue imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y el proceso se mantuvo abierto durante más de tres años sin llegar a sentencia, lo que derivó en su extinción automática.
“En nuestra legislación, en cumplimiento de tratados y convenios internacionales, un proceso en Bolivia debe resolverse en un plazo máximo de tres años. Caso contrario, debe extinguirse”, argumentó el abogado defensor.
Camacho se benefició con fallos favorables, luego que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, instruyó revisar los plazos de detención preventiva de Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez.
Justamente, en cumplimiento de esta instrucción, fue puesto en libertad y dejó la cárcel de Chonchocoro, donde estuvo recluido por más de dos años por el caso Golpe I o los hechos de violencia que derivaron en la dimisión de Evo Morales en 2019. La instrucción de Saucedo fue ampliada tras una serie de críticas por favorecer a tres personas.
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