La capitán Ivonne Edith Barrenechea Arispe fue dada de baja este martes por su vinculación con el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y por el motín policial, que dio paso a la consolidación del golpe de Estado de noviembre de 2019.

“De conformidad con el artículo 93 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana dicta Resolución Sancionatoria en contra de la Sra. Cap. Ivonne Edith Barrenechea Arispe, por haber cometido la falta grave prevista en el artículo 13 (…), imponiéndole en consecuencia la sanción máxima, es decir baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación”, señala la Resolución Administrativa Nº 130/2021 emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba de la Policía Boliviana.

El documento también rechaza la observación de exclusión probatoria planteada por su defensa, toda vez que las mismas no fueron ofrecidas como prueba literal por la Fiscalía Policial y/o denunciante.

Asimismo, dispone que la ahora procesada devuelva su arma de fuego reglamentaria al Departamento de Armamento y Equipo Policial del Comando Departamental de la Policía.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, indicó este martes que la presencia del Órgano Judicial, colegio de abogados, universidades y otras instancias, durante la socialización de los seis ejes de la reforma judicial realizada en Beni, confirma que el proceso ya fue incorporado en la agenda de prioridades de todos los sectores sociales y de la población en general.

“El hecho de que estemos en una misma testera, miembros del Órgano Ejecutivo, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, colegio de abogados, universidades y otros sectores de la sociedad, sin duda confirma que esta reforma es de todos, ya que es el público litigante quien requiere justicia, requiere cambios", sostuvo la autoridad, según una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

Este martes se llevó a cabo la socialización de los seis ejes de la reforma judicial en Trinidad. 

“Necesitamos incluir a la mayor cantidad de organizaciones, grupos de profesionales, universidades y otros sectores, para tener un diagnóstico exacto de los problemas de nuestra justicia”, acotó.

El 1 de septiembre, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, presentó los seis ejes de la reforma y la ruta crítica para impulsar la misma, en ese marco durante este mes se realizó la socialización de los ejes en Oruro, Tarija, Cobija, La Paz, El Alto y Trinidad, y queda pendiente para los próximos días la visita a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre.  

“Para mí es un honor y a la vez una satisfacción porque ya vamos concluyendo este recorrido que habíamos anunciado hace tres semanas atrás con el Ministro de Justicia, para la socialización de los ejes de la reforma y el registro de las observaciones y propuestas”, detalló Siles.

La ruta crítica de 90 días, incluye una etapa inicial de 30 días para la socialización de los ejes, 30 para la sistematización de los aportes recogidos y 30 para la planificación y definición presupuestaria. 

Los seis ejes temáticos para desarrollar la reforma de la justicia son: balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas Carrasco, informó que el Gobierno nacional, a través de Cancillería y el Ministerio de Defensa, realiza acciones para lograr la libertad de los tres militares bolivianos que se encuentra con detención domiciliaria en Chile.

La autoridad manifestó que el gobierno boliviano está en constante comunicación con los familiares de los militares detenidos, indica un boletín de prensa del Ministerio de Defensa.

Además, el Ejecutivo contrató profesionales abogados de Chile para que realicen la defensa correspondiente de los efectivos que están con detención domiciliaria.

Ese equipo jurídico que defiende a los tres uniformados, “reúne la información oficial para demostrar que los efectivos militares bolivianos al momento de su detención, realizaban operaciones de lucha contra el contrabando en la zona fronteriza con Chile”, indica el reporte.

Vargas manifestó que el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando, trabaja en las fronteras del país y, en ese marco, se necesita más equipamiento para la lucha contra el ilícito, agrega el reporte divulgado en la página de Facebook del Ministerio de Defensa.

La fiscal de materia, Magaly Bustamante, informó este martes que el Ministerio Público declaró en rebeldía al exgerente de Entel, Elio Montes, por no presentarse a declarar por el caso “Entel Finiquitos”.

“Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, respecto a las modificaciones mediante edictos que tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial han agotado, es que el Juez Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer ha determinado declarar en rebeldía al imputado”, explicó Bustamante en conferencia de prensa.

Según las investigaciones preliminares del caso, se logró identificar que Montes realizó reuniones con su directorio, entre los que se encontraba su asesora legal y el gerente administrativo de Entel quienes dispusieron el pago irregular de finiquitos para 13 trabajadores de la telefónica.

La fiscal indicó que Montes es investigado por los delitos de conducta antieconómica y favorecimiento de particulares con relación a enriquecimiento ilícito de ganancias.

“Se ha podido establecer que se han vulnerado los procedimientos que corresponden a este caso”, indicó.

Detalló que se omitió el llenado de formularios y planillas, además del sello del Ministerio de Trabajo para emitir la orden de disposición para debitar la suma de Bs. 868.998 para el pago de los finiquitos.

Bustamante explicó también que, según información extraoficial, Montes se encontraría en Estados Unidos (EEUU) y dijo que no se tiene información que corrobore ese dato; sin embargo, explicó que se tramitará la notificación roja para la aprehensión de Montes a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

Agregó que los beneficiados realizaron la devolución de los finiquitos, pero su situación jurídica aún es evaluada y considerada por el Ministerio Público.