La vicepresidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Escarlent Terrazas, informó este martes que la Defensoría del Pueblo admitió la denuncia de las concejalas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra de los concejales de Súmate que son denunciados por ejercer acoso político y violencia psicológica.

“Hay una admisión del caso, para que se investigue y el día de ayer a la cabeza de la delegada de la Defensoría del Pueblo ha hecho una inspección in situ en el Concejo Municipal (…) Está haciendo unas entrevistas para poder verificar si existe ese acoso político que hemos denunciado (sic)”, aseveró la autoridad en contacto con Bolivia TV.

Explicó que el personal de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba se trasladó a dependencias del Consejo Municipal de Cercado para iniciar con la investigación sobre el acoso político del que son víctimas concejales del MAS por parte de representantes de Súmate.

Afirma que los concejales del alcalde Manfred Reyes Villa lo protegen y no permiten que se haga la fiscalización correspondiente a las obras que realizan. 

Detalló que las concejalas sufren presiones, violencia psicológica y que no las dejan hablar o expresarse, porque las califican de “ovejas”, “levanta manos”, “locas”.

“Quiero que la Defensoría intervenga para que esto sirva de ejemplo y se prohíba, realmente se evite que otras mujeres concejales, autoridades, sufran este acoso político”, expresó.

Lamentó que las mujeres tengan que sufrir este tipo de violencia. Aseveró que su trabajo en la política ya es complicado, solo por el hecho de ser mujeres y porque tienen otras responsabilidades, por lo que pidió que las dejen trabajar y  que exista respeto para realizar un trabajo coordinado.

Terrazas explicó que estas diferencias no sólo son políticas, porque no existen acuerdos para que el trabajo se desarrolle en beneficio de todo el municipio. Aseveró que solo se pretende beneficiar a sectores que ya tienen los servicios básicos y se deja de lado a otros que sí necesitan proyectos.

Manfred Reyes Villa sufre la suspensión de sus derechos políticos debido a una sentencia ejecutoriada por conducta antieconómica, indicó el abogado constitucionalista, Franklin Gutiérrez, quien dijo que, si el Concejo municipal de Cochabamba no elige a un nuevo alcalde sustituto, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes.

El especialista añadió que las personas que tratan de impedir el cumplimiento de la sentencia que establece cinco años de reclusión para Reyes Villa, también incurren en el delito de desobediencia a la autoridad.

Gutiérrez explicó que el artículo 28 de la Constitución Política del Estado establece la suspensión del ejercicio de los derechos políticos en caso de que exista una sentencia ejecutoriada cuando la conducta de la persona procesada incurra en defraudación de caudales públicos.

“A él se lo acusó de una conducta antieconómica, con una sentencia de 2013, esa sentencia está ejecutoriada. Si ya tiene una sentencia que afecta al Estado, por lo tanto, él tendría que dejar el cargo de Alcalde para cumplir la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo”, indicó.

La posición del abogado se conoció luego de que la presidenta del Tribunal de Sentencia N° 1 de Cochabamba, Vivian Enríquez Monasterio, emitió el Mandamiento de Condena en contra de Manfred Reyes Villa Bacigalupi por la comisión del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal.

El Mandamiento de Condena indica que la pena impuesta es de cinco años de privación de libertad.

Sin embargo, Gutiérrez dijo que Reyes Villa puede recurrir al Tribunal Constitucional o solicitar medidas cautelares pero su solicitud debe estar debidamente fundamentada.

Mientras tanto, si el Concejo Municipal no elige a un nuevo Alcalde, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes y sus integrantes podrán ser sometidos a procesos penales por resistirse a cumplir una sentencia judicial, indicó.

Explicó que las nuevas autoridades municipales deben solicitar que se convoque a nuevas elecciones para Alcalde en un plazo máximo de 90 días.

El caso “Sillar Alternativo”, por el cual está sentenciado Reyes Villa, data de 2009. En 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica. El actual Alcalde de la ciudad de Cochabamba, presentó justificativos para evitar que esa sentencia sea ejecutoriada pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un recurso.

Cuando era Prefecto, Reyes Villa y el Servicio Nacional de Caminos suscribieron un acuerdo para la presentación de un estudio a diseño final, como alternativa de solución al problema del tramo “El Sillar” de la carretera Cochabamba – Santa Cruz. Se dispuso Bs 1.615.000 para la contratación de consultorías individuales, cuando el proyecto obedecía a la contratación de consultoría multidisciplinaria y no tomó en cuenta que ese trazo atravesaba el Parque Nacional Carrasco, situación que evitó la obtención de la ficha ambiental.

(Foto: Unitel)

La Corte de Apelaciones de Iquique (Chile) revocó la prisión preventiva de tres militares bolivianos, dictada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte el pasado 11 de septiembre, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

“De esta manera, el teniente Jaime Hervas Fuentes, el subteniente Niger Ponce Flores, y el sargento José Bautista Carvajal, dejarán la cárcel de Alto Hospicio y quedarán con arresto domiciliario mientras se realicen las investigaciones”, señala un boletín de prensa.

La Corte de Apelaciones de Iquique determinó que los uniformados podrán salir de la cárcel y deberán cumplir arresto domiciliario con prohibición de salir del municipio de Pozo Almonte mientras dure la investigación.

El Ministerio de Defensa de Bolivia sostiene que los  efectivos militares detenidos en Chile, al momento de su aprehensión, realizaban operaciones de Lucha Contra el Contrabando, remarca la nota.

Los medios de comunicación desplazaron a las FFAA y a la Policía como protagonistas de los golpes de Estado del siglo XXI, dijo el militar y sociólogo, Juan Ramón Quintana, quien afirmó que el núcleo duro militar y policial se mantiene antinacional, antipopular y antidemocrático en los últimos 70 años. Por ello, exhortó a la población a mantenerse en vigilia para evitar un golpe de Estado como en 2019.

Esas afirmaciones las realizó este lunes durante la presentación de su libro “La Contraofensiva Imperial. Golpe de Estado en Bolivia - Anatomía de la Violencia y el Saqueo”, texto auspiciado por la Editorial del Estado en el marco de la Feria Internacional del Libro, de La Paz.

Quintana alertó que ese núcleo duro colonial, antinacional de las FFAA y Policía se mantiene como un riesgo para la democracia boliviana por lo que sugirió que la misma democracia, mediante sus instituciones, busque la manera de responder ante ese problema estructural.

El exministro dijo que si en los años ’60, ’70 y ’80, los golpes fueron impulsados por los militares, en una suerte de “militarización de la política”, luego se observó la progresiva participación de los policías en las rupturas constitucionales.

Sin embargo, en el siglo XXI, se evidenció el protagonismo de los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales digitales en la promoción y respaldo de los golpes de Estado y en la manipulación de contenidos para hacer creer que un régimen de facto se trata en realidad de un “gobierno de transición”.

“Dando paso a un segundo momento en los golpes de Estado en América Latina, que son los golpes de Estado del Siglo XXI, es el neogolpismo y, en este neogolpismo, las FFAA han sido desplazadas, ya no son el actor central de los golpes de Estado, ¿Quiénes están ocupando el papel que ocupaban las FFAA en los golpes de Estado? ¿Saben quiénes son?: los medios de comunicación”, indicó.

Manifestó que “los medios de comunicación, hoy día, están sustituyendo a las FFAA, por diversas razones: porque manipulan la información, porque deliberadamente transforman la mentira en una presunta verdad, porque incentivan a la violencia, porque trastocan los valores de la sociedad”.

“No necesitas tener tanques en la Plaza Murillo hoy, lo que necesitas es tener cuatro medios hegemónicos poderosos que convoquen a la gente a ocupar el Palacio de Gobierno. No necesitas tener al Regimiento Ingavi, al regimiento de Patacamaya, al CITE, a los Rangers ocupando las instalaciones públicas. Para eso necesitas medios de comunicación que movilicen a la sociedad sobre la base de una narrativa mentirosa”, señaló Quintana.

Respecto a las FFAA, indicó que existen problemas de fondo que la democracia debe resolver:

a) Desmontar su cultura colonial que se traduce en una creencia supremacista, es decir, los militares se creen superiores a los civiles y que están por encima de la sociedad. “Creen que la sociedad está al servicio de los uniformados”, indicó Quintana, quien puso como ejemplo la justicia militar, que viene de inicios del siglo pasado, en la cual los uniformados son juez y parte y promueven la impunidad.

Indicó que la derecha ve a las FFAA como la reserva moral para preservar sus intereses.

b) Otro problema estructural es que el neoliberalismo entregó el mando militar a EEUU que adoctrinó, entrenó y subordinó a los militares que conocen y defienden más los valores estadounidenses que los valores bolivianos.

Respecto a la Policía, fue más duro. Dijo que esa institución tiene una “cultura institucional de desobediencia”, una “cultura sediciosa y antidemocrática, profundamente corrupta” que ve al ciudadano como un botín de guerra.

Pero, además, pese a su composición popular, tiene una naturaleza “racista”, de extorsión y violadora de los derechos humanos.

Al final de su exposición, Quintana dijo que esas características de las FFAA, Policía y los medios de comunicación, se mantienen intactas por lo que existe el riesgo de que se produzca un nuevo golpe de Estado. Ante ello, sugirió al pueblo mantenerse en vigilia para evitar que suceda algo similar al golpe de Estado de 2019.