El Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional aclaró este miércoles que los militares bolivianos que fueron retenidos por carabineros chilenos, realizaban operativos de lucha contra el contrabando y el hecho fue un incidente.

“A primeras horas de hoy, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Huachacalla, en cumplimiento de su mandato legal de lucha contra el delito transnacional de contrabando, realizaba un operativo de comiso de vehículos que se internaban ilegalmente a territorio boliviano, en el área fronteriza Pisiga - Colchane”, se lee en un comunicado institucional.

Asimismo, informó que la patrulla boliviana fue interceptada por efectivos de Chile y, producto del uso de la fuerza, un oficial boliviano resultó herido, por lo que fue trasladado a la ciudad de Oruro para que reciba atención médica.

“Producto de este incidente resultó herido un oficial boliviano que fue trasladado a la ciudad de Oruro - Bolivia para su atención médica y tres efectivos bolivianos fueron retenidos por carabineros”, detallaron.

Esta cartera Estado calificó este incidente como un “lamentable impase”, y afirmó que se activaron los canales diplomáticos para superar este suceso.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, al referirse a la determinación de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que en días pasados aprobó el juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, dijo que aguarda la decisión del pleno de la Asamblea Legislativa.

“Tenemos la información que la comisión aprobó la autorización del enjuiciamiento del señor Carlos Mesa, que fue remitida al pleno de la Asamblea Legislativa por el caso Quiborax. Estamos pendientes de que el pleno de la Asamblea Legislativa tome la decisión si autoriza o no el procesamiento a través del juicio de responsabilidades, entre tanto, nosotros no podemos manifestarnos, estamos simplemente pendientes de la decisión de la Asamblea Legislativa”, dijo Lanchipa, citado en un boletín institucional.

Respecto a la amnistía que concedió el Gobierno de turno del año 2018 para Carlos Mesa por el caso Quiborax, y para el expresidente Jorge Tuto Quiroga por el caso Petrocontratos, el Fiscal General manifestó que “el indulto que emitió el Gobierno no es obligatorio, es un derecho que tenían ellos para poder acceder y esto implica de que no estaban de acuerdo con esa amnistía, ya ellos han manifestado que no iban a hacer uso de ese derecho. Entendemos que uno de los que accedió ya hizo uso de ese derecho, fue el expresidente Jorge Quiroga”.

Dentro de este caso, la Procuraduría General del Estado denunció a Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por el caso denominado Quiborax, en el que se decretó la reversión de 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni, Potosí, a la empresa Non-Metallic Minerals S.A. (Quiborax), que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que dispuso que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa de $us 462.000, y Bolivia por su lado pague $us 1.384.801, con lo que Bolivia perdió el fallo.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), David Inca, pidió este miércoles la detención del excomandante de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, aprehendido el martes por el caso de la masacre de Senkata.

“Él es acusado por los delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, más conocido por el caso de Senkata”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.

El Ministerio Público determinó la aprehensión de Rodolfo Montero el martes 7 de septiembre. Ahora, espera la audiencia de medidas cautelares.

Inca informó que hasta la fecha, sólo cuatro militares están privados de libertad por el caso Senkata: el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro, Luis Fernando Valverde Ferrufino; el exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Pablo Arturo Guerra Camacho, y el excomandante del Ejército, general Iván Inchauste Rioja.

Respecto a Montero, aseguró que sería el quinto implicado en los operativos de 2019. “En este caso, pediríamos que sean detenidos cauteladamente para evitar su fuga (sic)”, dijo.

“Esperemos que se aceleren estas investigaciones para otros oficiales”, acotó.

El 19 de noviembre de 2019, 10 civiles perdieron la vida a causa del operativo que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los uniformados que usaban armas de guerra en el régimen de Jeanine Áñez.

El comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, confirmó este miércoles el deceso de tres mineros al interior de la mina del Cerro Rico de Potosí. Las tres víctimas estaban a 700 metros de profundidad, cuando se suscitó la explosión de gases tóxicos al interior, la tarde del pasado martes.

“Los mineros habrían estado a una profundidad de unos 700 metros. A horas 22.00, aproximadamente, se da con los cuerpos de estos tres mineros que habrían fallecido por asfixia, por la inhalación de monóxido de carbono”, expresó el jefe policial en declaraciones difundidas por radio Fides.

Las tres víctimas estaban a 700 metros de profundidad, cuando se suscitó una “explosión de gases tóxicos” al interior de la mina, la tarde del pasado martes.

Los tres mineros pertenecían a la Cooperativa Villa Imperial. De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas están entre los 19, 25 y 50 años. La autoridad policial añadió que los cuerpos fueron rescatados aproximadamente a la 01:00 de este miércoles.