( Fotos: Josué Cortéz /ABI)

Lorgia Fuentes, presa política y encarcelada injustamente durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, denunció este martes que el fiscal de materia Israel A. R. rechazó su denuncia en contra del investigador Tomás A. H. C.  por la comisión de delitos de vejaciones y torturas, a pesar de que existen las pruebas para que se pueda hacer una imputación formal, por lo que volverán a presentar la denuncia y no descartan acudir a organismos internacionales.

“El fiscal Israel A. R. ha emitido un informe donde rechaza mi denuncia por los vejámenes y por el encadenamiento que yo he padecido en el gobierno de la señora Jeanine Áñez (…). El fiscal estaría obviando inclusive el informe de la GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), es contradictorio y es bochornoso lo que este fiscal estaría haciendo”, denunció Fuentes.

Explicó que el fiscal indicó que rechazó la acusación ante la falta de pruebas y porque no se hizo una denuncia en su momento, y con eso la víctima habría “aceptado” el uso de las cadenas; sin embargo, Fuentes indicó que se volverá a presentar la denuncia.

“Dentro del informe está diciendo: por qué no he denunciado en su momento, ósea que yo he aceptado las cadenas. Claro, en su momento ¿que íbamos a denunciar?, si estábamos amenazados de muerte, estábamos amedrentados (…). ¿Cómo quiere este fiscal que en aquel momento yo haya salido a denunciar?, si estaba encadenada, si a ese cuarto de hospital no podía entrar la prensa, no podían entrar ni mis médicos a atenderme”, denunció.

Fuentes aseveró que no se quedará de manos cruzadas, que volverá a presentar la denuncia hasta que se logre hacer justicia por las vejaciones que sufrió durante el régimen de Áñez.

“Voy a tener que llegar hasta la ONU (Organización de Naciones Unidas) si en Bolivia, con este tipo de fiscales, no hay justicia ni derechos humanos. Voy a presentar la denuncia internacional. No lo hago por venganza, lo hago por Bolivia, para que nunca más en nuestro país se utilice esta medida medieval prohibida en todo el mundo”, señaló.

Por su parte, el abogado defensor de Fuentes, Manolo Rojas, aseveró que en primera instancia se solicitará una recusación del fiscal para que se haga una investigación imparcial sobre esta denuncia de vulneración de los Derechos Humanos. Asimismo, aseveró que se llegará hasta diferentes organismos internacionales para que se haga justicia. 

“Hay una notoria parcialidad con el sindicado, lo primero que vamos a pedir es la recusación porque la resolución que ha sacado es nefasta, lo que estábamos buscando es una imputación formal (…). Nosotros tendremos que acudir a la ONU”, expresó su defensa.

Fuentes fue torturada durante el régimen de Áñez y encadenada a una camilla de un hospital cuando se encontraba delicada de salud, así permaneció por varios días por orden directa del exministro Murillo.

La acusaron sin pruebas de tener vínculos con exautoridades del gobierno de Evo Morales, por lo que la privaron de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz.

Presos políticos y víctimas de las masacres de 2019 marchan este miércoles en la ciudad de La Paz, en demanda de justicia y rechazo a cualquier posibilidad de liberación de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.

La movilización está integrada por representantes de diferentes regiones del país, donde fueron perseguidos en el régimen de facto. Indicaron que Áñez recibe privilegios en comparación a los presos políticos de 2019.

En entrevista con Bolivia TV, Juan de Dios Gil Cruz, preso político del régimen, aseguró: “Hoy, se ve cómo la señora Áñez está viviendo en la cárcel como en un hotel. Eso no debe permitir la justicia, cuando nosotros fuimos apresados y torturados. No nos dejaron acercar ni a nuestros familiares ni salir al médico”.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

“Hemos llegado a un acuerdo de organizarnos todas las víctimas en el golpe de Estado, tanto de fallecidos, heridos y presos políticos”, aseveró Juan de Dios Gil Cruz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el 17 de agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento confirma que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió este miércoles que la justicia acompañe la lucha contra el feminicidio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Se refirió al caso en conferencia de prensa de presentación de Matusalén M. L. de 22 años, autor confeso del asesinato de Mayerly Q. CH. de 18, quien fue ahorcada y desmembrada.

“Pedimos públicamente el acompañamiento de la justicia boliviana para que este tipo de sujetos no vuelan a recuperar su libertad y no vuelvan a cometer este tipo de hechos atroces”, dijo la autoridad.

Matusalén M. L. ya cuenta con antecedentes por asesinato el 2015 porque quitó la vida a un niño de tan solo cuatro años de edad. Estuvo privado de libertad, pero logró salir en libertad. En el caso de Mayerly, el autor grabó el momento cuando la asfixiaba.

“Hemos visto que la justicia en los últimos meses ha liberado a feminicidas, ha liberado a una serie de criminales que, pese a tener indicios de pruebas suficientes, la justicia boliviana no está actuando de manera oportuna”, aseveró Del Castillo.

Destacó el trabajo oportuno de la Policía Boliviana que aproximadamente a las 13.20 del 6 de septiembre hallaron un cuerpo desmembrado de sexo femenino en la avenida Max Fernández de la zona de Alto Llojeta.

Posteriormente, personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia procedió al levantamiento legal de los restos del cadáver que pertenecían a Mayerly, que se encontraba desaparecida desde el 5 de septiembre.

La Policía Boliviana presentó este miércoles a Matusalén M. L. de 22 años luego de encontrar evidencia del asesinato de Mayerly Q. CH. de 18, quien fue ahorcada y desmembrada. El autor grabó el momento cuando la asfixiaba. Tiene antecedentes de infanticidio.

“Esta sería una persona que ya tiene antecedentes en la justicia boliviana por los delitos de asesinato, debido a que el pasado 2015 habría quitado la vida a un menor de cuatro años”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Informó que, una vez aprehendido el autor en su vivienda, la Policía procedió a secuestro de celulares, donde se encontró registros de los hechos. Los efectivos dieron con él luego de que María Q. CH., madre de la víctima, recibiera mensajes del asesino, lo que provocó alerta.

“En estas imágenes (en el celular), se puede evidenciar de que estaba ahorcando a la víctima a uno de los árboles de este bosquecillo que se encuentra en el municipio de La Paz”, aseveró.

El 6 de septiembre, a las 13.20 en la zona de Alto Llojeta en la Avenida Max Fernández, en el interior del bosquecillo, efectivos policiales encontraron un cuerpo de sexo femenino desmembrado.

Además, la Policía halló un cuchillo con el que Matusalén mutiló a su víctima, la ropa interior, bolsas, zapatos de la víctima con restos de sangre.

“Resaltamos la efectividad con la que realiza su trabajo nuestros efectivos policiales, que en menos de 48 horas resolvió este caso y otros; pero, también, exhortamos a la población boliviana a coadyuvar en el trabajo de la Policía cuidando a sus hijos e hijas, sepan con quienes se juntan y frecuentan para evitar este tipo de lamentables hechos”, dijo el ministro.

“Esperamos que la justicia actúe con la misma celeridad con la que actuó la Policía”, acotó.