El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, aseguró este martes que la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, demuestra que no se permitirá la impunidad de ninguna persona que participó en el gobierno de facto de Jeanine Áñez y en el golpe de Estado de 2019.

"Es una muestra de que ningún delito cometido durante el terrorismo de Estado de Jeanine Añez, quedará en la impunidad. Ahora corresponde al Ministerio Público accionar con la misma objetividad ante la masacre de Huayllani", dijo, según una nota de prensa.

La autoridad agregó que tampoco quedará impune la complicidad de muchos actores políticos y exautoridades en el régimen de facto que callaron ante las masacres.

El excomandante general de la Policía fue aprehendido este martes tras prestar su declaración por los hechos de violencia y muertes en Senkata, en noviembre de 2019. Se le acusa por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.

La investigación abarca al menos 10 muertes, producto de un operativo en la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, el 14 de noviembre de 2019.

Dos días después de haberse autoproclamado presidenta, Áñez posesionó en el cargo de comandante de la Policía al coronel Montero, en reemplazo de Yuri Calderón.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró este martes que el Gobierno nacional garantiza el derecho a la protesta y pidió a los indígenas, que actualmente desarrollan una marcha desde el departamento de Beni, que no permitan el intervencionismo político en sus demandas.

“Nosotros, como Ministerio de Gobierno, reconocemos el derecho a la protesta social, por lo cual garantizamos la caminata que van a realizar hasta la ciudad de Santa Cruz para que no se generen enfrentamientos, porque lo que menos que queremos como gobierno nacional es mayor división o mayor confrontación”, dijo la autoridad.

El viceministro se trasladó hasta el municipio de Ascensión de Guarayos, donde se encuentran los marchistas indígenas de oriente, Amazonía y Chaco que sigue su curso hasta la ciudad de Santa Cruz, para entregarles alimentos y víveres.

Asimismo, exhortó a la población y a los políticos que pretenden confrontar a los bolivianos, a unirse por el bien del país.

“Exhortamos a la población y a todos aquellos políticos que hacen eco, o de alguna manera tienen estos fines de confrontarnos entre bolivianos, más bien que se sumen porque sabemos que la unidad entre bolivianas y bolivianos es el camino para salir adelante”, sostuvo el Ríos.

La visita se realizó para verificar el estado de salud de los integrantes de la marcha indígena, que se la realizó en compañía de la directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya, además de un importante contingente de la Policía Boliviana, que continuará resguardando la integridad de los marchistas.

El principal objetivo de la autoridad es atender las demandas en salud y alimentación que los marchistas precisen durante su recorrido; a la par de ello, se busca gestionar una mesa de diálogo para escuchar su pliego petitorio y que las diversas carteras de Estado puedan procesar las mismas en pleno respeto de su derecho a la protesta y las garantías otorgadas por la ley, según una nota de prensa.

La policía aprehendió a dos personas sospechosas del asesinato y descuartizamiento de la joven Nayeli C. Ch., de aproximadamente 18 años de edad, cuyos restos fueron encontrados en la zona de Inca Llojeta, en la ciudad de La Paz.

Las dos personas fueron llevadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). Durante su traslado, los sospechosos prefirieron n o emitir declaraciones a la prensa.

El representante del Ministerio de Justicia, Aldo Torrez, dijo que la captura de las personas sospechosas fue posible gracias al rastreo de un teléfono celular, al parecer de la víctima, informó el canal televisivo Bolivia Tv.

La autoridad dijo que este caso es investigado por la Policía y la Fiscalía por el delito de feminicidio.

Añadió que el Ministerio de Justicia realiza un acompañamiento y representación de la madre de la víctima ya que, en este tipo de delitos de feminicidios, los familiares son quienes sufren el mayor impacto del ilícito.

Por su lado, Jhonny Aguilera, comandante de la Policía boliviana, dijo al canal televisivo Cadena A que “no solamente hemos identificado a la víctima, sino a los autores del feminicidio que nos ha llamado la atención, debido a que los restos fueron no solamente arrojados, sino se han generado actos posteriores a la muerte, que se traducen fundamentalmente a lo que nosotros llamamos ‘delitos de odio’. Tanto los responsables, como la víctima, ya han sido identificados y esto está plenamente corroborado por actividades de orden técnico que hemos efectuado. Mañana, el Ministro de Gobierno va a exhibir a los autores del hecho y los idóneos mecanismos de forma que han sido conseguidos por la FELCV. Es un feminicidio y nosotros hemos logrado establecer al autor y a los responsables de este hecho, que son dos personas que han coludido previamente para cometer el asesinato”.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este martes que el Órgano Judicial recibe $us 200 millones al año, recursos que consideró deben ser bien utilizados para brindar una mejor atención al ciudadano.

“El Poder Judicial, el sector justicia, recibe casi 200 millones de dólares cada año, pero tenemos 1.098 jueces, más los vocales y los magistrados (…). Hay un gasto importante en el área administrativa y también en otras áreas que no hacen al servicio de la justicia”, dijo.

Lima visitó la ciudad de Tarija para continuar con el proceso de socialización de la reforma judicial, la que se extenderá por al menos 30 días, en los que escuchará las sugerencias y propuestas de los actores políticos y sectores sociales, que serán sistematizadas para lograr un solo documento con el consenso de todos los bolivianos.

El ministro de Justicia explicó que en la etapa final de ese proceso se trabajará con los ministerios de Economía y Planificación para asegurar que esos recursos sean utilizados de forma eficiente para la gente.

A su juicio, la justicia en el país cuenta con una estructura administrativa muy grande y amplia, por lo que sugirió, junto a las organizaciones sociales y actores políticos, tratar el tema de manera urgente en la reforma judicial que se extenderá por 30 días.

“Ese es el espíritu de este proceso de transformación de la justicia”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las acefalías que existen en el Órgano Judicial, y que el presupuesto varía en cuanto a los cargos ocupados por ese personal, por lo que desde el titular de esa Cartera de Estado se fijó la meta de que este año no habrá ninguna acefalía, por lo que convocó a la población a ser parte de las convocatorias para acceder a los cargos de auxiliares de justicia y conciliadores, entre otros.

Además, indicó que en las “próximas semanas, se va a convocar a más de 43 cargos a jueces del Tribunal Agroambiental”.