El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este viernes que se realizaron tres operativos de interdicción al narcotráfico donde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró secuestrar 258 kilos de cocaína en Beni.

“Nos encontramos en Beni para presentar tres operativos que se han realizado (…). Nuestro Gobierno viene desarrollando una lucha frontal contra el narcotráfico y por lo cual se realizan operativos a nivel nacional”, aseveró Mamani.

El primer operativo denominado “Colmena” se realizó el 24 y 25 de agosto en el Parque Nacional Isiboro Sécure, en el cual se logró identificar en el fondo de la maleza un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, mismo que fue incinerado en presencia de un fiscal de materia. Con ese operativo se afectó al patrimonio del narcotráfico alrededor de $us 100.000.

El segundo operativo se realizó el 27 de agosto, en la provincia Santa Ana de Yacuma, y se secuestró 254 kilos con 20 gramos de pasta base de cocaína camuflada en la maleza de una pista clandestina de la estancia “La Alcancía”. Con esa ejecución se afectó el patrimonio de ese ilícito en $us 1.271.000.

El último operativo denominado “Vecino seguro libre de drogas” se realizó el domingo 29 de agosto, en un puesto de control de San Joaquín, en el cual el conductor de un vehículo Nissan Cóndor con placa de control 2272 – HKF intentó darse a la fuga; sin embargo, fue aprehendido.

En la requisa del vehículo se encontró cuatro kilos con 286 gramos de pasta base de cocaína en la parte externa superior de la cabina, valuada en $us 21.430.

De acuerdo al reporte oficial, con los tres operativos de la FELCN se incautó un total de 258 kilos con 486 gramos de pasta base de cocaína, además de un vehículo, señala un boletín de prensa.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó este viernes que se demostrará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se respetan los derechos la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y que tiene un trato adecuado, por lo que su salud no corre riesgo al interior del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores.

“El Estado boliviano va a fundamentar adecuadamente lo que se ha venido manejando de forma responsable, el debido cuidado en cuanto a los estándares más altos del derecho a la salud, se va a presentar la tramitación, valoración y hasta la coordinación, porque los médicos especialistas del sistema de salud público han coordinado con especialistas de cabecera de Jeanine Áñez”, señaló Cox.

La autoridad dijo que con esas pruebas, documentos, estudios médicos e informes de la salud de la exmandataria de facto se desvirtuará que la vida de Áñez corre riesgo. Asimismo, señaló que esos descargos se harán mediante la instancia correspondiente, para que la documentación llegue en el tiempo establecido por la CIDH.

Cox manifestó su preocupación, al constatar que Áñez, su familia y su defensa pretenden mostrar ante la opinión pública internacional que existe una supuesta vulneración de los derechos humanos.

“Vemos con suma preocupación que se utilice este tipo de mecanismos que quieren hacer ver que se vulneran los derechos humanos. Vamos a demostrar con firmeza que, desde un principio hasta la fecha, se está salvaguardando sus derechos, se está precautelando fundamentalmente su derecho a la salud”, aseveró.

Las declaraciones se dieron luego de que la CIDH solicitará al Estado boliviano informar sobre la salud de Áñez, quien guarda detención preventiva por el caso golpe de Estado de 2019.

El fiscal de materia, Miguel Cardoso, informó este viernes que la Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la detención preventiva de Álvaro R. S. P. y Luz M. R. P. H., presuntos autores del asesinato del universitario Anakin Tancara.

“La señora jueza ha determinado la detención preventiva de estas dos personas. Se ha determinado la detención de Álvaro en el penal de Chonchocoro, y de Luz en el penal de Miraflores”, señaló Cardoso, en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

La Fiscalía imputó a Álvaro y Luz por el delito de asesinato, quienes se acogieron a su derecho al silencio, ahora deberán cumplir detención preventiva durante seis meses mientras dura la investigación. En tanto, se solicitará su declaración ampliada.  

Los fiscales evidenciaron, en la audiencia de medidas cautelares, que los acusados tienen conductas “suicidas y violentas”, además identificaron que ambos tienen el mismo número de cortes en los brazos, por lo que se presume que pertenecen a una pandilla.

“Los dos cuentan con el mismo número de cortes en los brazos, que llegaría a determinar que podrían ser miembros de una pandilla”, aseveró. 

Esta jornada, familiares, amigos y conocidos de Anakin Tancara acudieron al edificio del Tribunal de El Alto para exigir justicia en la audiencia de medidas cautelares.

¡Justicia! ¡Justicia! eran los gritos de los familiares y conocidos, quienes piden la pena máxima de 30 años para los victimarios del joven universitario que fue desmembrado el pasado lunes por su expareja y un cómplice.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, cuestionó este viernes la actitud de la activista Amparo Carvajal quien, a título de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), visitó a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y les dio su apoyo manifestando que son una “resistencia necesaria”, lo que fue condenado por representar un atentado a la defensa de los Derechos Humanos y pretender rearticular grupos paramilitares que incitan a la comisión de delitos.

“Es una vergüenza que ahora se esté utilizando, a nombre de los Derechos Humanos, a la cabeza de (Amparo Carvajal), una presidenta prorrogada de la Asamblea que está siendo artífice para la rearticulación de instancias que han propiciado violencia. Está utilizando este tipo de instancias, para propiciar espacios de violencia. Alentar a la delincuencia juvenil es aplaudir la comisión de delitos, e incitar a la comisión de los mismos”, manifestó Cox en los medios de comunicación.

Aseveró que ningún defensor en “su sano juicio” haría lo que hace Carvajal al aplaudir a la delincuencia, porque la RJC fue protagonista de hechos de violencia y discriminación en contra del pueblo cochabambino y, por lo tanto, es un riesgo a la seguridad interna del Estado.

“Nadie en este momento, en su sano juicio como defensor de los derechos humanos, pudiese aplaudir las inconductas de algunos actores políticos y aplaudir la comisión de delitos de la ‘delincuencia’ juvenil cochala”, reprochó.

Explicó que el Gobierno no permitirá la rearticulación de grupos delincuenciales. Asimismo, reiteró que como activista de la defensa de los Derechos Humanos debería buscar la convivencia pacífica y la paz social, velando por los derechos de la población en situación de vulnerabilidad.