El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló este miércoles que el Gobierno nacional no cesará en el esfuerzo de lograr el objetivo para que los bolivianos cuenten con una justicia independiente, porque no es algo que le pertenezca a un partido o a una persona, sino que será fruto de un esfuerzo colectivo.

“No podemos decir que a partir del 10 de octubre la justicia va a ser independiente, o en diciembre va a ser independiente, esto es una construcción colectiva, esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los bolivianos para que exista justicia independiente”, indicó en conferencia de prensa.

Remarcó que la justicia independiente no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos, y que en ese marco se trabajará siguiendo las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Lo que hicimos al día siguiente que se presentó el informe, es ir con los expertos a Sucre, pedirle al Fiscal General (Juan Lanchipa) tener una hoja de ruta de todo lo que vamos a hacer para garantizar que esta justicia funcione y sea independiente”, dijo.

Recordó que la reforma judicial fue planteada en noviembre de la pasada gestión, a través de una reforma constitucional, trabajo que será retomado y consolidado con la participación de todos los bolivianos.

“En noviembre del año pasado empezamos a ver la posibilidad de la reforma constitucional y ahora la vamos a consolidar, lo vamos a lograr, porque este es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo nacional que va más allá de nuestro tiempo, va para nuestros hijos”, remarcó.

Apuntó que la justicia independiente no puede ser una garantía de impunidad, como lo plantean algunos jefes políticos de oposición.

“La garantía que le damos a todos los ciudadanos es que vamos a trabajar en esa línea de una justicia independiente y por eso no vamos a tolerar ni que (Luis) Almagro, ni la Organización de Estados Americanos (OEA), ni nadie, interfiera sobre la labor de la justicia”, subrayó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que la justicia de Brasil condenó a 14 años de prisión al narcotraficante Jesús Lima Lobo, conocido como el "pez gordo" del tráfico de cocaína.

"El juzgado de #Brasil condenó a 14 años de cárcel al señor Jesús Einar Lima Lobo, un conocido ‘Pez Gordo’ del narcotráfico (sic)", informó la autoridad en su cuenta de Facebook.

El Gobierno nacional extraditó al delincuente beniano a Brasil para que sea juzgado por los delitos de narcotráfico.

Lima Lobo era líder de un clan familiar que tenía nexos con organizaciones del narcotráfico de Brasil y Colombia.

El clan operaba en toda la Amazonía en avionetas que salían de pistas clandestinas, además de otras vías terrestres.

De acuerdo con el ministro, el delincuente fue protegido por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, en complicidad con Arturo Murillo.

"Fue protegido por el clan de Murillo y Añez y que nosotros logramos extraditarlo. Vamos a luchar con firmeza contra éste y otro tipo de ilícitos y, más aún, si estos están ligados al tráfico de sustancias controladas", enfatizó.

Jesús Lima fue aprehendido en septiembre de 2019 y en diciembre del mismo año debía ser extraditado a Brasil; sin embargo, fue favorecido por el régimen de facto con detención domiciliaria, hasta que en mayo de 2021 Bolivia lo extraditó al vecino país y ahora fue condenado a prisión.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó que está en marcha una estrategia política para victimizar a Jeanine Áñez e influir en las autoridades judiciales con el fin de que la liberen. Una vez fuera de las rejas, existe el riesgo de fuga ya que ella intentó huir del país en marzo de 2021.

La autoridad, entrevistada por radio Kawsachun Coca, dijo que se busca victimizar a Áñez con el justificativo de que está sufriendo, está enferma y que su vida corre peligro.  

Indicó que lo que buscan organizaciones y personas afines al golpe de Estado del 2019 es que Áñez salga libre para que pueda fugar mientras los delitos de lesa humanidad ocurridos en 2019-2020, queden impunes.

“Los que buscan su libertad están temerosos porque ella pueda hablar en el juicio de responsabilidades que se le inicia por el golpe de Estado y las masacres de Huayllani y Senkata. Si Áñez habla, otras exautoridades caerán y eso es lo que quieren evitar, dijo Cox a la emisora.

Entrevistado en radio Patria Nueva, agregó que “ella está en la cárcel no solo porque no respetó la Constitución Política del Estado, sino porque fue una presidenta de facto, y en marzo intentó fugar. Por esto está con detención preventiva cumpliendo un procedimiento que todo privado de libertad debe cumplir”, dijo en entrevista con Red Patria Nueva.

Ella fue aprehendida el 13 de marzo de 2021. Fue hallada oculta debajo de la ‘entrecama’ de un somier.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo días atrás que “cuando tenía una orden de aprehensión, (ella) tenía boletos comprados por vía aérea y terrestre y se encontraba escondida dentro de una cama, por tanto, existían los riesgos procesales que determinaban que esta señora podía fugarse del país”.

El periódico La Razón reveló el martes que Jeanine Áñez, pretendía fugar a Brasil en marzo en una avioneta que tenía preparada para tal propósito; sin embargo, un operativo policial evitó que lleve a cabo su plan y fue aprehendida un día antes en la ciudad de Trinidad.

“Eran ‘actos preparatorios típicos de una fuga’ y ‘condiciones típicas de una evasión’, explicó a La Razón una fuente oficial que, además, develó que horas antes Yerko Núñez, quien fuera ministro de la Presidencia hasta el final del mandato transitorio, avisó a la exmandataria sobre la medida judicial”, señala la publicación.

“Eso no es todo. A la par, según la fuente, el entonces fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, quien investigaba el caso, comunicó a Núñez sobre la orden de detención. Éste, con la información de primera mano, pudo actuar mejor que Áñez y tomó otro avión con destino a Brasil”, añadió el reporte del impreso.

Según la fuente del periódico, las maletas listas, la estancia de Áñez fuera de su casa y la contratación de una avioneta, fueron elementos suficientes para aplicar la aprehensión. Incluso, contó que los hijos de la exmandataria fueron encontrados en otra hacienda fuera de la ciudad de Trinidad.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, informó que la Sala Plena analizará el jueves, en una sesión extraordinaria, el requerimiento acusatorio que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

“Se determinó que el día de mañana (jueves) a las 8.30 se convoque específicamente para tratar este tema (proposición acusatoria) de manera extraordinaria”, indicó.

El jueves la Sala Plena pondrá a conocimiento los detalles de la proposición acusatoria ante los magistrados; sin embargo, Torres aclaró que es un tema formal y no de análisis.

“Es más un tema formal, que un análisis de fondo del juicio de responsabilidades, porque el mismo aún no ha iniciado”, aseveró.

Agregó que, una vez que la Sala Plena del TSJ remita la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), esta será la encargada de autorizar el juicio de responsabilidades.

“La Asamblea Legislativa, en realidad, una vez que sea remitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia asumirá la determinación de autorizar o no el juicio de responsabilidades”, explicó.

La proposición acusatoria fue planteada en contra de Jeanine Añez por genocidio, lesiones graves y leves, además de lesiones graves seguidas de muerte en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).