El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, José María Velasco, informó este jueves que se logró identificar a la víctima que fue encontrada semienterrada y desmembrada en la zona “Las Lomas de Centellas", en la carretera al municipio de Porongo, en Santa Cruz.

“Ya tenemos parcialmente identificada a la víctima, se trataría de la señorita Marilyn Blanco V. de 24 años de edad, oriunda de acá, de Santa Cruz”, explicó Velasco en conferencia de prensa.

De acuerdo con la información oficial, fue la madre de la víctima quien la habría identificado gracias a los tatuajes que se virilizaron en las redes sociales, ahora la familia de la joven realiza los trámites para sacarla de la morgue y darle sepultura.

La Policía aseguró que investigará a la pareja de la víctima, de nacionalidad extrajera, quien sería el principal sospechoso de ese crimen. La joven de 24 años dejó a un niño en la orfandad.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la autopsia legal y determinó que la muerte fue causada por asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias.

El sábado 7 de agosto, los comunarios de la zona llamaron a la Policía que realizó el levantamiento legal del cadáver con amputación de manos y pies. La institución del orden dio a conocer los tatuajes que tenía el cuerpo de la víctima con el objetivo de que familiares o conocidos la identifiquen.

Tres delincuentes asaltaron a mano armada una remesa de la cooperativa Porvenir en la zona 14 de Mayo de la ciudad de El Alto, al finalizar la tarde del miércoles. Los delincuentes llegaron en una camioneta e interceptaron a los miembros del centro minero que trasportaba el dinero en una ambulancia.

“Nos hemos constituido en la zona de Senkata, donde se efectuó este atraco. Nuestras unidades especializadas pudieron recabar la información, los antisociales se encontraban con armas de fuego, hubo disparos, pero no hubo heridos”, explicó el comandante regional de la Policía de el Alto, Leonel Jiménez, a la red Unitel.

De acuerdo con información preliminar, los delincuentes se llevaron $us 235.000 que era producto de la venta de estaño. Los mineros ya estaban llegando al domicilio del tesorero; sin embargo, en cuestión de segundos fueron abordados por los delincuentes.

Los antisociales redujeron al tesorero cooperativista, quien estaba a bordo de una ambulancia en compañía de dos compañeros. Los atracadores realizaron dispararon al aire para intimidar a sus víctimas, uno de los disparos impactó en la muleta de un minero.

El golpe de Estado en Bolivia en 2019 fue inequívocamente el golpe del imperio de EEUU, aseguró el exministro Juan Ramón Quintana, quien caracterizó la receta usada por el Norte para la interrupción democrática, denunció una “policialización” y una “militarización de la política” para llegar a una restauración conservadora que contenga a los movimientos sociales.

Quintana hizo esas aseveraciones este miércoles durante la presentación de su libro “Golpe de Estado en Bolivia. Anatomía de la violencia y el saqueo” en el cual se clasifican las “familias” de golpes de Estado y se brindan sugerencias para que nunca más vuelvan a ocurrir ese tipo de fracturas democráticas.

El exministro dijo que, en la historia de Bolivia, en todos y cada uno de los golpes de Estado, estuvo involucrado el imperio de EEUU. De manera similar, dijo, no existe una guerra o golpe en el mundo sin la presencia de Washington.

El objetivo de EEUU al promover esos golpes, indicó, es lograr el disciplinamiento, la alineación y la dominación de los países para “colocarlos en la órbita capitalista global”, evitar que consoliden un Estado nacional y alejarlos de otras potencias hegemónicas como China o Rusia.

Una muestra de lo anterior es que “no existen golpes de Estado contra gobiernos de derecha” ya que esas interrupciones democráticas siempre se producen en países progresistas de izquierda, mencionó.

Además, esas acciones violentas buscan el dominio sobre los recursos naturales.

Indicó que el caso boliviano de 2019 fue parte de una “familia de golpes” cuyas características mutaron desde el siglo pasado y ahora ya se aplicaron en Venezuela, Haiti, Honduras, Brasil, Argentina y otros países donde gobernaban presidentes progresistas.

Entre esas características están:

-La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la desestabilización.

-Los medios de difusión que se encargan de legitimar la ruptura del orden constitucional.

-El papel protagónico de las redes sociales digitales.

-La presencia de empresas/agencias de inteligencia.

-Las operaciones psicológicas.

-Las FFAA ya no tienen visible su centralidad en los golpes como ocurría en el siglo pasado.

-La presencia casi decisiva de la Policía como actor político del golpe.

Aquí se da una “policialización de la política”, dijo Quintana, quien reveló que EEUU, en los últimos años, priorizó sus recursos para entrenar policías quienes luego se convirtieron en actores políticos golpistas en Ecuador, Brasil (donde recopilaron información falsa contra Dilma Rouseff) y otros países como Bolivia, donde impulsaron un motín que dio pie al golpe de Estado de 2019 y se aliaron públicamente con actores del golpismo (como Luis Fernando Camacho).

Esta “mutación” de los golpes de Estado en el siglo XXI, muestra también una “militarización de la política” a partir del influjo de EEUU donde el Departamento de Estado, en cuanto se refiere a América Latina, se replegó y dejó las decisiones en manos del Ministerio de Defensa y del Pentágono, es decir en manos de los militares y del Comando Sur, indicó.

“Hay una gravitación cada vez mayor de militares y policías” con apoyo de EEUU, mencionó Quintana, quien puso como ejemplo a Colombia, donde las decisiones clave son tomadas por los uniformados en consulta con el Comando Sur de EEUU.

Ese reordenamiento implica que las agencias de EEUU, como USAID, NED, CIA, FBI y otras, se colocaron bajo la estrategia militar del Comando Sur. “Hay una transferencia del poder político al poder militar”, indicó.

Con esa visión militarista, EEUU impulsa estrategias de injerencia con el pretexto de guerra al narcotráfico o al terrorismo.

Otro de los propósitos de los golpes de Estado, sostuvo Quintana, es la “contención” de los movimientos campesinos e indígenas que, por su naturaleza, son contestatarios y contrarios al modelo capitalista depredador. Por ello, la conformación de Estados Plurinacionales, va contra los intereses del Norte.

“Por eso EEUU intentó matar a Evo Morales”, dijo el exministro para luego afirmar que el interés de la potencia, con el golpe de Estado de 2019, fue “escarmentar” a los movimientos sociales, indígenas y campesinos.

Frente a ello sugirió tomar varias acciones, entre las cuales citó:

-Fortalecer a los movimientos sociales, indígenas y campesinos como reserva política y moral del continente.

-Iniciar en los centros urbanos una batalla de ideas, de deliberación sobre los objetivos geopolíticos de EEUU.

-Evitar que los sectores opositores se entreguen en los “brazos del fascismo” radical y violento.

La Fiscalía General del Estado reveló que varias veces solicitó a la OEA, vía cancillería boliviana, que amplíe y sustente su informe sobre las elecciones de 2019, pero el organismo nunca respondió de manera oficial y solo difundió comunicados que no son vinculantes y carecen de firma responsable que habría permitido al Ministerio Público conocer el sustento técnico de los documentos emitidos por la entidad internacional.

Esas declaraciones fueron realizadas este miércoles por el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, quien fue entrevistado en el programa “Contra golpe” de radio Patria Nueva.

El Fiscal indicó que se tomó conocimiento de los contenidos de la OEA, respecto a las elecciones generales de 2019, mediante la red internet pero nunca de manera oficial pese a que se solicitó esos documentos.         

“El informe de la OEA y los pronunciamientos a los cuales hemos tenido acceso vía internet, porque la OEA jamás ha respondido de manera oficial los requerimientos que se han realizado vía Cancillería”, indicó.

En una entrevista con La Razón digital, Quispe añadió que “hemos requerido, no una, sino muchas veces, a través de la Cancillería, entonces estaba la exministra (de Relaciones Exteriores) Karen Logaric; hemos solicitado, nunca nos ha respondido de manera oficial la OEA; no hemos recibido ese pronunciamiento, pese a que nosotros (los fiscales) hemos usado los canales (el Ministerio de Relaciones Exteriores), a través de ello hemos solicitado y no hemos tenido respuesta”.

Quispe indicó que la Fiscalía evidenció que esos documentos de la OEA “no los firma nadie” por lo que no existe una persona que se haga responsable directa de ese contenido “a quien le podamos pedir cuentas de la metodología, de la forma de la muestra o por lo menos del procedimiento que hubiera empleado para emitir estos pronunciamientos”.

Sin embargo, dejó en claro que esos pronunciamientos no son vinculantes como si lo son una ley de Bolivia o resoluciones de organismos judiciales competentes.

“Para nosotros, vinculante es una ley, un decreto o algo que sea oponible a terceros y que involucre al conjunto de bolivianas y bolivianos. El informe de la OEA no goza de esa característica”

“También para nosotros, son vinculantes los pronunciamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia a partir de los autos supremos que establecen doctrina legal aplicable o la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, como bedel del cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales. Esas son las fuentes por las que nosotros basamos y establecemos la vinculatoriedad o no un determinado instrumento jurídico”, explicó el Fiscal.