(Fotos: Facebook Columna Sur)

Un juez de Sucre determinó este jueves detención domiciliaria contra Milena Soto, cabecilla del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quien es acusada por atacar las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020.

Esa fecha, integrantes de la RJC procedieron a vandalizar el  edificio de la Fiscalía General con el objetivo de forzar la renuncia del Fiscal Juan Lanchipa antes de las elecciones generales de ese año.

La Fiscalía inició acciones penales en contra de la Resistencia Juvenil Cochala, a la cabeza de Yassir Molina, por haber ocasionado daños en contra de la infraestructura del Ministerio Público, que es un Patrimonio Histórico de la capital del Estado.

El juez que determinó la detención domiciliaria de Soto, también estableció la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, indica un reporte de Correo del Sur, en su edición digital.  

Esa fue la determinación que asumió el juez de la causa Lázaro Rocha del Juzgado 4 de Instrucción en lo Penal de la Capital, indica el reporte.

Además de la obligación que tendrá de presentarse cada 15 días, el juez también le prohibió reunirse con activistas de la Resistencia Juvenil Cochala, que en octubre de 2020 protagonizaron una marcha de protesta y, a raíz de esa acción, el Ministerio Público la imputó por organización criminal y otros delitos, agrega el informe.

Soto es cabecilla de la RJC, que operó en motocicletas (motoqueros) para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Esa organización paramilitar es también responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas en noviembre de 2019.

La agrupación Resistencia Juvenil Cochala también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba.

El 10 de agosto de 2020, Milena Soto, anunció la autoconvocatoria a los integrantes de la RJC para desbloquear los caminos que fueron interrumpidos por sectores sociales que entonces exigían elecciones generales al régimen de Jeanine Áñez.

El 1 de diciembre de 2019, integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala fueron homenajeados en un acto al que asistió el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El 20 de enero de 2020, Arturo Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la Resistencia Juvenil Cochala para "agradecerles" por lo realizado en los conflictos.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala durante el régimen de Áñez.

El comandante de Bomberos Antofagasta, Marco Navia, informó este jueves que encontraron escudos y fuegos artificiales en los sótanos de la facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

“Hemos encontrado en la parte de atrás del sótano, 10 fuegos artificiales que son de seis tiros y tres tiros y por seguridad los estamos remitiendo a la oficina de bomberos (…). Además, hemos encontrado escudos prefabricados metálicos y ocho escudos de madera”, expresó el Comandante a la prensa.

De acuerdo con el jefe de bomberos, personal de explosivos se dirigió a los predios de la universidad porque recibieron la denuncia sobre la existencia de explosivos en la Facultad, por lo que intervinieron el lugar y revisaron todos los ambientes; sin embargo, no encontraron un aparato explosivo.

El equipo de bomberos encontró en el sótano material irregular que fue utilizado por la resistencia juvenil que participó en los movimientos de noviembre de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) anunció que del 16 al 20 de agosto realizará el lanzamiento público de su informe y sus hallazgos sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en 2019.

El anuncio fue realizado este jueves, mediante su cuenta de Twitter, por Jaime Vidal Melero, Secretario Ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El representante internacional explicó que la presentación del documento se realizará en distintas regiones del país una vez que se cumplió el plazo estipulado por el protocolo correspondiente.

“De acuerdo a lo establecido en el acuerdo firmado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), entregó el informe final al Estado el pasado 23 de julio de 2021”, indica el comunicado.

El protocolo de actuación, anexo al Acuerdo, señala que “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

“Finalizado el plazo mencionado, actualmente el GIEI está realizando la edición y corrección de estilo del informe para su publicación y difusión, así como, organizando los aspectos logísticos para llevar a cabo el lanzamiento público del informe en Bolivia la semana del 16 al 20 de agosto”, indica el  comunicado del GIEI divulgado en la cuenta de Vidal.

El pronunciamiento, explica que el GIEI, además de La Paz, visitará otras ciudades y localidades “para dar a conocer el informe y los hallazgos sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019”.

En ese periodo se produjo la muerte de al menos 37 personas, todas ellas indígenas, 804 heridas y, según la Defensoría del Pueblo, 1.141 detenidas de manera ilegal, inclusive con la participación de grupos civiles parapoliciales, y sometidas a torturas y vejaciones.

En La Paz, el 16 de agosto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entregará el informe a las víctimas de Senkata en la Iglesia San Francisco de Asís a las 11:00.

“Hemos acordado eso con el grupo de expertos, se comunicó a las víctimas y estamos a la espera de la llegada de los expertos, que estarán el 16 de agosto en la iglesia San Francisco de Asís”, declaró al portal informativo Urgente.bo,  David Inca, presidente de  la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este jueves sobre el inicio del operativo “Mi viaje seguro” que se lleva a cabo en las terminales a nivel nacional. Además, se instaló un puesto de desinfección y de control de COVID-19 para que la población pueda realizarse de manera gratuita las pruebas rápidas de antígeno nasal.

“Estamos haciendo (estos operativos) por el feriado de las fiestas patrias, para coadyuvar con la reactivación económica como Gobierno nacional”, indicó en contacto con Bolivia Tv.

La autoridad dirigió los operativos de control en la terminal Minasa, donde se habilitó una cámara desinfección y la toma de temperatura para los conductores y personas que están realizando sus viajes.

Si se encuentra un caso sospechoso, es derivado al puesto de control de salud, para hacerle una prueba rápida de antígeno nasal. El personal de salud tiene preparado un protocolo en caso de detectar un caso positivo de COVID-19.

Asimismo, personal de tránsito realizará una inspección de los motorizados que están por salir de viaje. Se hará un riguroso control de los papeles del vehículo, licencia de conducir del chofer, estado y funcionalidad de toda la movilidad, además de los elementos básicos que necesita para emprender un viaje como: botiquín de primeros auxilios, triángulo, llanta de auxilio, entre otros.

Ríos explicó que los viajes que se realicen, promoviendo la reactivación económica, deben cumplir las medidas de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19, por lo cual se habitó puestos de control sanitarios en las terminales del eje central del país.