El exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani, anunció que presentará una demanda judicial para lograr la reparación de los daños causados a su persona por la vulneración de sus derechos y libertades en 2019 bajo el falso justificativo de un fraude electoral que fue desestimado por la justicia.

Mamani, entrevistado este miércoles en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que el informe de la Universidad de Salamanca, solicitado como pericia por la Fiscalía, ratificó lo que otros informes internacionales independientes ya habían confirmado: que las elecciones del 20 de octubre de 2019 se realizaron de manera transparente y sin ningún fraude.

“Se han conculcado todos los derechos de Idelfonso Mamani y los otros vocales, se han suprimido todas las garantías que pudiese haber tenido (…) no existía un Estado de Derecho (durante el golpe de Estado), manifestó.

Ante ello, el exvocal anticipó que “el Estado ahora debe garantizar necesariamente e ineludiblemente, la reparación de los daños que se habían ocasionado por la supresión y eliminación de los derechos. No puede haber una conculcación de derechos de semejante naturaleza que hemos vivido. Ahora nosotros vamos a reclamar, como corresponde, a que el Estado nos tutele, el Estado reivindique la vigencia de los derechos (…) desde luego la reparación de los daños que habrían sido ocasionados en un proceso arbitrario, indebido e ilegal que se ha iniciado”.

Mamani fue encarcelado por aproximadamente un año acusado, sin pruebas, por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración de datos y otros relativos al supuesto fraude durante las elecciones de 2019.

El martes, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, presentó las conclusiones de la Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El estudio, de más de 230 páginas, resultado de un trabajo de tres meses, establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019.

El Ejecutivo logró recuperar $us 820.000 provenientes de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos por parte del clan mafioso integrado por Arturo Murillo y otros, informó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien dijo que ese dinero, una vez que autorice la justicia, será destinado a los niños con cáncer y a las víctimas de la violencia.

La autoridad, dijo que la recuperación de ese dinero para beneficiar al pueblo es solo un caso de las 30 pesquisas que involucran a Murillo y otras personas, por un monto total de Bs 156 millones que serán rescatados gradualmente en favor de la sociedad.

“Recuperando los recursos del pueblo en el caso gases lacrimógenos. Luego de realizar un seguimiento exhaustivo a la ruta del dinero emergente de la corrupción del régimen de facto, quiero manifestar que hemos recuperado parte del dinero que el clan mafioso del gobierno de Áñez robó al pueblo boliviano en el caso gases lacrimógenos”, manifestó.

Resaltó el compromiso con la reconciliación del grupo El Doral que contribuyó y no se opuso “en la devolución de $us 820.000 al Ministerio de Gobierno y al pueblo boliviano”.

Indicó que, mediante una carta, le hicieron conocer la “remisión y restitución de $us 820.000 que ya fueron recuperados para el pueblo boliviano”.

Según las investigaciones realizadas junto a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se logró reconstruir la ruta del dinero del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

Esa ruta mostró que la empresa Bravo Tactical Solution, representada legalmente por Luis Berckman realizó dos depósitos a Philip Lichtenfeld el pasado 15 de abril y el 20 de abril de 2020, primero por $us 500.000 y posteriormente por $us 320.000, informó el Ministro.

El total, es decir los $us 820.000 provenientes del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, fueron depositados por Lichtenfeld en un grupo inmobiliario en Santa Cruz.

El 31 de mayo de 2021, Del Castillo informó que el dinero de la corrupción por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center, de Santa Cruz, y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba.

Las investigaciones realizadas determinaron que existió un sobreprecio de $us 2,3 millones en la adquisición del material antidisturbios, mismos que fueron distribuidos entre los componentes del clan mafioso integrado por Murillo y otros.

El Ministro dijo que, una vez que autoricen las autoridades judiciales, los $us 820.000 recuperados serán destinados a los niños con cáncer así como a las víctimas de hechos de violencia.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó este miércoles que el Ministerio de Gobierno no permitirá tomas violentas de instituciones, sean públicas o privadas, porque la seguridad interna del Estado debe estar garantizada y la tranquilidad pública será el bien mayor a precautelar.

“Cualquier institución que sufra atentados, tendrá la protección necesaria de nuestro Gobierno y todo acto de violencia será investigado para sancionar a sus responsables”, indicó Cox.

La autoridad se refirió a los ataques que se suscitaron esta mañana a miembros y sectores la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), informó el Viceministerio de Régimen Interior y Policía mediante un boletín.

Según los reportes, grupos violentos intentaron tomar la sede de la CSUTCB, por lo que el Ministerio de Gobierno desplegó inmediatamente a efectivos policiales para el resguardo de las instalaciones, así como de la integridad personal. 

“Nosotros estábamos resguardando, estábamos en vigilia, nos acataron de manera brutal, esa gente son ‘pititas’ que no tienen base y quieren desestabilizar”, dijo uno de los agredidos.

La Policía, ante el intento de toma violenta de la CSUTCB, arrestó a 15 personas que serán denunciadas penalmente. Asimismo, previa coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno activará los procedimientos de flagrancia para que de aquí en adelante sean aprehendidos quienes intenten la toma de instituciones públicas.

La analista política Alejandra Claros sostuvo que hay indicios de que “el ciclo golpista no ha terminado” en Bolivia y que sectores conservadores se unen con facilidad para desestabilizar gobiernos, pero no para emitir propuestas de desarrollo para el país.

La especialista, entrevistada este martes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que esos afanes se notan en momentos en que una pericia internacional solicitada por la Fiscalía, evidenció que no existió fraude en los comicios de 2019 y en momentos en los que se espera la difusión de un informe de Expertos de la CIDH respecto a la vulneración masiva a los Derechos Humanos ocurridas en el golpe de Estado de 2019.

“Es importante reconocer que el ciclo golpista no ha terminado en Bolivia. Es un ciclo golpista que se mantiene” debido a que los objetivos principales de las élites políticas y económicas “han sido mermados por una democracia, a través del voto”, manifestó.

“Esto hace que distintos sectores continúen con la idea de cómo poder desestabilizar el país”, añadió la analista quien dijo que sectores opositores se unen con ese objetivo “pero no se unen para hacer propuestas de desarrollo económico, político o social”.

Dijo que esos sectores que tiene intereses golpistas, en realidad quieren mantener en la impunidad tres aspectos: La legalidad de la sucesión constitucional que estuvo ausente en la autoproclamación de Jeanine Áñez, las responsabilidades por las masacres de Senkata, Sacaba y otras, y las responsabilidades en la aprobación del Decreto Supremo que otorgó inmunidad a las FFAA para realizar operativos en 2019.

Ante ello, Claros destacó que la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.