El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, informó este lunes que la justicia determinó enviar a la cárcel al maestro, Rubén R. P., por el delito de abuso sexual realizado en contra de cuatro menores de edad en una escuela de Trinidad, del departamento de Beni. El sentenciado debe cumplir su condena en el penal de Mocoví.

“En audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Rubén R.P. de 59 años de edad, es el autor del delito de Abuso Sexual cometido en contra de cuatro menores de entre cuatro y 11 años, por ello el Juzgado Primero de Sentencia emitió condena a 15 años de privación de libertad en el penal de Mocoví”, se lee en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Ministerio Público, se obtuvo pruebas contundentes contra el maestro y el abuso sexual que cometió en contra de cuatro niños, quienes fueron sometidos a entrevistas psicológicas.

Por su parte, la fiscal asignada al caso, Olga Julio, señaló que los hechos se registraron a principios del año 2019 en la ciudad de Trinidad, Rubén R.P, era maestro en la unidad educativa donde estudiaban las víctimas y aprovechaba su condición para realizarles toques impúdicos a cambio de prestarles videojuegos.

El hecho fue denunciado el 25 de febrero de 2019, por una de las madres quien se enteró de los abusos cuando su hijo le comentó lo que ocurría, al conocer de la denuncia se fueron sumando más madres que se enteraron que sus hijos también fueron abusados por el maestro.

El excívico potosino Marco Pumari es uno de los principales responsables del golpe de Estado de 2019 y ahora está desesperado, junto a otros actores políticos de entonces, ante la emisión del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI - CIDH) que investigó las vulneraciones a los Derechos Humanos en ese periodo, sostuvo el diputado Juanito Angulo.

El legislador, entrevistado en el programa 180, de radio patria Nueva, indicó que el informe que fue emitido por el Grupo de Expertos Independientes, será una prueba evidente de la violación masiva a los Derechos Humanos durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

“El señor Pumari es uno de los principales responsables del golpe de Estado, de un gobierno de facto que nos ha dejado consecuencias terribles en el país”, indicó.  

“Hay desesperación de quienes participaron de manera directa, como el señor Pumari, como el señor Carlos D. Mesa, incluida la Iglesia Católica que de manera irresponsable ha emitido su informe faltando a la verdad y a la realidad y eso muestra una desesperación tratando de esquivar su responsabilidad”, manifestó.

Por su lado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló el 1 de julio a Marco Pumari, excívico potosino, como uno de los impulsores de las movilizaciones violentas que se produjeron en el marco del golpe de Estado de 2019.

Borda, en noviembre de 2019, se encontraba en la línea de sucesión presidencial tras la dimisión de Evo Morales, pero fue obligado a renunciar por grupos civiles violentos que secuestraron y torturaron a su hermano con el fin de lograr el abandono de su cargo, según denunció ante una comisión de fiscales.

Recordó que, en 2019, “las movilizaciones primeramente (se realizaron) porque supuestamente se estaban movilizando por el litio (…) Y ahí obviamente intervino el comité cívico, el señor Marco Pumari, con eso articuló el movimiento social, no con democracia, no con otras cosas (…) han sido actores principales para el golpe de Estado”, manifestó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que se investigará a personas que hayan estado en Puerto Suárez por la supuesta coordinación para el infanticidio de la niña Darling Chavez, de cuatro años, que estuvo desaparecida por seis días en el municipio de Mairana, Santa Cruz, y fue encontrada sin vida en un río de la zona.

“Este asesinato, este infanticidio habría sido coordinado con gente desde Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz. Estamos a la espera de los avances de investigación, pero estamos seguros que la o el responsable de la muerte de la menor será sancionado conforme mande nuestra normativa”, informó el ministro de Gobierno en conferencia de prensa.

De acuerdo con la autoridad, el examen forense que se realizó a la menor indica que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de las vías aéreas. Además, se encontró cabello de una mujer en la mano de la pequeña, mismo que es investigado en un laboratorio.

“Hemos podido encontrar en las manos de la niña cabellos de una mujer, están actualmente en un laboratorio analizando a quién corresponderían estos cabellos de acuerdo a las pruebas de ADN que estamos realizando (…). Vamos a poder determinar con pericias quién habría sido la persona que le ha quitado la vida a esta menor”, explicó.

La Fiscalía y Policía investigan al entorno familiar de la menor y a su círculo más cercano para conocer nuevos elementos que ayuden a dar con los autores de este caso de infanticidio.

La niña Darling Chávez desapareció en la zona de Hierba Buena Militar, en el municipio de Mairana del departamento de Santa Cruz. Su familia y pobladores la buscaron intensamente, la Policía y la Fiscalía se sumaron a esta pesquisa para encontrar a la pequeña.

El viernes 23 de julio, un comunario alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el río de esta región. Tras el examen forense se determinó que era el cuerpo de Darling y que la niña había sido asfixiada. 

Del Castillo aseguró que la investigación no cesará hasta encontrar a los responsables de la muerte de la menor y ponerlos ante la justicia.

La justicia emitió un mandamiento de detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el general Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, por los asesinatos registrados en Senkata, en noviembre de 2019, informó la red televisiva ATB.

Guerra formó parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas que fue posesionado por Jeanine Áñez el 13 de noviembre de 2019. Fue aprehendido el viernes.

El 15 de noviembre, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, tras la intervención de la Policía y las FFAA ante una marcha desarmada.

El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles fueron asesinados y al menos 78 resultaron heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.

En ese contexto, Guerra es acusado por la masacre de Senkata por lo cual, en una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó enviarlo a la cárcel por seis meses.