La expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, se presentó este lunes ante el Ministerio Público para declarar en calidad de testigo en el denominado caso golpe de Estado.

“Hoy día me presenté a declarar de manera voluntaria y en calidad de testigo de los hechos acontecidos durante los meses de octubre y noviembre de 2019”, indicó la exlegisladora en un mensaje en su cuenta en Facebook.

Explicó que uno de sus objetivos fue contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido hace casi dos años, cuando se produjo una ruptura institucional y el régimen de violencia de Jeanine Áñez que dejó varios bolivianos fallecidos.

“Por la memoria de todos ellos y por sus familias, me presento a declarar con la verdad y para alcanzar la justicia que tanto merecen”, aseveró.

Los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno impulsaron movilizaciones mientras el conteo de votos no había culminado. A eso, se sumó, en noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público un informe preliminar en el que cuestionaba las elecciones presidenciales.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez asumió, en ese escenario y sin respetar la sucesión constitucional, la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.

“Quienes confiamos en la verdad, no tenemos miedo de comparecer ante la justicia. Y esa verdad es la que va a demostrar que en 2019 hubo un golpe de Estado que interrumpió un gobierno democrático para reemplazarlo por otro que asumió de manera ilegal y cuyo único objetivo era instalar un enorme mecanismo de corrupción para robarle a todos los bolivianos y bolivianas”, explicó.

“Para ello, fueron capaces incluso de asesinar a sus propios compatriotas en las masacres de Senkata, Sacaba, El Predegal y Yapacaní”, añadió.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó la mañana de este lunes a Nelson Marcelo Cox Mayorga como nuevo Viceministro de Régimen Interior y Policía.

“Desde el día de hoy hermano ministro, como Viceministro de Régimen Interior y Policía, tengan mi más alto compromiso de trabajo diario, esforzado como siempre lo hice bajo sus

lineamientos, bajo sus directrices institucionales para continuar haciendo una brillante gestión como desarrolla usted”, señaló la nueva autoridad durante su intervención.

Dijo, además, que desde sus nuevas funciones trabajará por velar por la seguridad interna, fundamentalmente desde el lado de los derechos humanos, priorizando la institucionalidad de la Policía Boliviana.

“Debemos reforzar las instancias y ese va a ser nuestro trabajo. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) debe dar tranquilidad a la población, la población está expectante de que se resuelva oportunamente todos los casos, todos los crímenes, precautelar el bienestar, la armonía y la paz social”, manifestó.

Anteriormente, Nelson Cox ejercía el cargo de Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba desde agosto del año 2016.

El canciller Rogelio Mayta, lamentó que el régimen de Jeanine Áñez haya ocultado la solicitud del Papa Francisco para liberar a las exautoridades que se asilaron en la residencia de la Embajada de México tras el golpe de Estado de 2019.

Mayta, entrevistado en el programa “Las 7 en el 7” difundido por Bolivia Tv, también indicó que la jerarquía católica "probablemente debiera decirnos ‘sabíamos, no sabíamos’”, respecto a la solicitud expresada por el Sumo Pontífice.

El 15 de enero de 2020 el entonces embajador de Bolivia ante el Vaticano, Julio César Caballero, envió una nota de urgencia a la entonces canciller Karen Longaric informando que el Papa Francisco sugirió “superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia”.

Tras el golpe de Estado, varios exministros y exautoridades permanecían asiladas entonces en la Embajada de México.

Al respecto, el canciller Mayta dijo que la omisión por parte del régimen de Áñez solo confirma que ese gobierno ingresó con la Biblia en la mano, pero no hizo caso al Papa.

“Lo que hicieron ellos, (lo) que hizo el gobierno de Áñez, agarró, ocultó la nota, nunca mencionó, nunca lo refirió y siguieron el acecho de la embajada mexicana donde estaban las personas que habían sido beneficiadas con el asilo”, sostuvo.

Según declaró Longaric al programa Asuntos Centrales, ella informó de la solicitud a Jeanine Áñez.

Respecto al papel de la jerarquía católica boliviana, el canciller Mayta dijo que ese hecho “probablemente también expone de cierta medida a la Iglesia Católica. Ellos deberán decirlo ¿no? Hay un liderazgo nacional de la Iglesia Católica, habrán sabido o no de este criterio del Papa, no lo sabemos, no hay pronunciamiento. Probablemente debieran decirnos ‘sabíamos, no sabíamos’ porque en determinado momento iban a contraflecha”.

Según el periódico La Razón, integrantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia visitaron a Longaric cuando era ministra para solicitarle la liberación de al menos uno de los asilados en la residencia de la embajada de México.

En su solicitud expresada al embajador Caballero, el Papa sugirió otorgar salvoconductos “a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática” mexicana.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, informó este sábado que al menos diez personas, entre cooperativistas y policías, resultaron con heridas menores tras un enfrentamiento entre explotadores de oro y vecinos de la región minera de Mapiri, al norte de La Paz.

“Ha habido casi 300 personas que han hecho el desplazamiento y se ha producido heridos entre los cooperativistas y se han contabilizado 10, tenemos también policías con lesiones (…). No existen heridos de gravedad, son heridos menores, pero si no estaba la policía ahí las consecuencias hubieran sido graves”, dijo a los medios.

Rodas señaló que la Policía Boliviana se encontraba en el lugar siguiendo un conflicto previo entre comunidades de Mapiri, lo que permitió a la fuerza del orden interceder y desplegar la línea de contención que contó con 45 efectivos.

El Viceministro expresó su preocupación por ese tipo de hechos que se están convirtiendo en cotidianos en el lugar y aseguró que se velará por el derecho enmarcado en la ley.

“Nos preocupa que este tipo de acciones se vuelvan cotidianas, porque los derechos mineros son otorgados por el Estado, tienen un procedimiento enmarcado en la ley, entonces ese derecho minero tiene que ser respetado y cualquier contradicción que haya contra ese derecho tiene que ser refutado en el marco de la legalidad, no podemos proceder a ese tipo de ocupación”, resaltó.

Según reportes de prensa, el viernes un grupo de pobladores del municipio de Mapiri denominados “Los hijos del pueblo de Santa Rosa” irrumpieron en los terrenos de la Cooperativa Nueva Esperanza II, a causa de ello se produjeron enfrentamientos.