La Fiscalía de Oruro confirmó el sobreseimiento de los exvocales al no existir pruebas sobre la denuncia de fraude en las elecciones de 2019. De esa manera, las fiscalías de todo el país determinaron que no existen elementos probatorios del “fraude monumental” denunciado por Carlos Mesa y otros actores políticos.

El informe fue brindado este lunes por el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, mediante su cuenta de Twitter en la que se adjunta fotografías de la Resolución Jerárquica F.D.O. /F.G.A.C. N° 201/2021 de fecha 14 de junio de 2021 de la Fiscalía Departamental de Oruro.

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas.  De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y si existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos (sic)”, escribió el Ministro.

La Resolución de la Fiscalía de Oruro indica que “(…), la impugnación, no será consistente en sus argumentos, tal cual acontece en el caso en cuestión, pues ni el propio impugnante ha señalado en su impugnación, cuál o cuáles son los elementos probatorios que demuestran objetivamente la existencia de hechos presuntamente ilícitos y en su caso cuáles fueran los elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”.

Por ello “se ratifica la resolución de sobreseimiento presentado en fecha 4 de marzo de 2021 emitido por los fiscales de materia”, agrega el documento.

Los denunciantes en este caso fueron Saúl Fuentes Gutiérrez y Rando Luciano Chambi Mamani en contra de Ruddy Nelson Huayllas Huarachi, William Richard Montaño Campos, Ana María Gonzáles Cerrogrande, María Eugenia Arce Arias y Judith Ramos Flores por la presunta comisión de delitos electorales.

La Resolución de la Fiscalía de Oruro dispuso la conclusión del proceso penal con relación a los imputados y la cesación de las medidas cautelares, así como la cancelación de los antecedentes penales.

Las fiscalías departamentales, en distintas fechas, emitieron resoluciones de sobreseimiento respecto a las denuncias de fraude electoral. Por ejemplo, la Fiscalía Departamental de Beni alegó que “los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación por los delitos imputados”, instruyendo que se archiven obrados.

Agregó que, “no se cuenta con elemento de convicción alguno que denote la participación en la supuesta alteración de actas electorales”.

Desde 2019, Carlos Mesa, entonces candidato presidencial, denunció públicamente la existencia de un “fraude monumental” en las elecciones generales, se declaró víctima del mismo y llamó a la convulsión social contra ese supuesto ilícito electoral.

Tras su llamado, grupos de choque asaltaron instituciones públicas, saquearon domicilios de autoridades de entonces, secuestraron y torturaron a familiares de los gobernantes bajo la consigna de “fraude”. Esos hechos delictivos derivaron en el golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez, Arturo Murillo y otros actores políticos en noviembre de ese año.

La Defensoría del Pueblo y la Dirección General de Régimen Penitenciario realizaron este lunes el lanzamiento de la campaña “Libros Por Rejas”, que consiste en la donación de textos para los recintos penitenciarios del país. El proyecto se realiza desde 2019 como una alternativa a los programas de reinserción social.

“La Defensoría del pueblo ha ideado este programa ‘Libros Por Rejas’, porque considera que los procesos de readaptación y reinserción social son una tarea fundamental del Estado, pero que actualmente no cuentan con el apoyo del sistema de justicia ni existen las condiciones carcelarias debido al hacinamiento para que sean efectivos”, dijo Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, citada en un boletín institucional.

Recordó que, hasta la fecha, 177 personas privadas de libertad recibieron una certificación con carga horaria, documento que es validado por los jueces de ejecución en los procesos judiciales. Además, apuntó que el programa es valioso porque permite a los internos encontrar procesos de liberación y expiación consigo mismos y con las víctimas que están fuera de las cárceles.

“Este programa nace en 2019. En un inicio, con mucho apoyo del Estado, pero que en 2020 siguió funcionando casi solitariamente con la demanda de los privados de libertad y con algún apoyo aislado. Hoy, nos place que este programa, que representa un costo casi cero para el Estado, se institucionalice en todos los centros penitenciarios del país, e incluso en algunas carceletas de provincia”, destacó.

Informó que la campaña se extenderá hasta el 31 de julio, tiempo en el cual las instituciones públicas y privadas, las organizaciones que trabajan en materia de Derechos Humanos y la población en general podrán hacer llegar sus donaciones a las 18 oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como a las ubicadas en la calle Colombia N° 440 en la zona de San Pedro.

La ceremonia contó con la participación de los ministerios de Gobierno y de Educación, como Juan Carlos Limpias, director General de Régimen Penitenciario; Bernardino Baldivieso, director Nacional de Seguridad Penitenciaria, y Róger Quillo Calisaya, director General de Educación Alternativa, entre otras autoridades.

La Fiscalía anunció que convocará a declarar a las personas que fueron mencionadas por Jeanine Áñez, quien dio testimonio ante los investigadores el pasado 7 y 8 de junio. Según la transcripción de dichas revelaciones, al menos 32 personas fueron nombradas.

El periódico El Deber informó que el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que “ha dado cuenta de varios otros componentes que van a ameritar que se convoque a otras personalidades. En su declaración ella ha indicado que toma conocimiento de cualquier tema recién a partir del 10 de noviembre de 2019, incluso hace referencia a que existiera alguna suerte de antecedentes a esta fecha e hizo referencia a la participación de otros ciudadanos que serán convocados”.

Añez, actualmente detenida de forma preventiva, está procesada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, ampliados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones.

El pasado 7 y 8 de junio, ella prestó su declaración informativa ante la Fiscalía respecto a cómo fue contactada antes de asumir la presidencia, quiénes se comunicaron con ella, desde qué reunión, cómo llegó a La Paz, con quiénes se reunió y con quiénes coordinó antes de autoproclamarse como Presidenta del Senado, primero, y Presidenta del país, después.

Según El Deber y la transcripción de sus declaraciones, las personas mencionadas por Áñez son las siguientes:

1.- Carlos Mesa

2.- José Antonio Quiroga

3.- Ricardo Paz

4.- Manuel Canelas

5.- Marco Antonio Pumari

6.- Jerjes Justiniano

7.- Luis Fernando Camacho

8.- Evo Morales

9.- Álvaro García Linera

10.- Williams Kalimán Romero

11.- Diego Pari

12.- Omar Aguilar

13.- Adriana Salvatierra

14.- Susana Rivero

15.- Eva Copa

16.- Gabriela Díaz

17.- Waldo Albarracín

18.- Casimira Lema

19.- José Fuentes

20.- Yuri Calderón

21.- Arturo Murillo

22.- Elba Pinkert

23.- Gonzalo Barrientos

24.- Eliane Capobianco

25.- Pablo Barrientos

26.- Rosemary Sandóval

27.- Andrés Gallardo

28.- Eugenio Pesoa

29.- Emilio Pérez de Ágreda

30.- Carmelo Angulo

31.- Cristina Orreguero

32.- Óscar Ortíz

El proceso judicial que enfrenta Áñez fue abierto luego de que la exdiputada Lidia Patty presentara una denuncia penal en contra de Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, el excomandante de las FFAA, general Williams Kalimán y el excomandante de la Policía, general Yuri Calderón.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que se envía información precisa al equipo de abogados en Estados Unidos (EEUU) para fundamentar el juicio civil contra el exministro Arturo Murillo.

Explicó que el proceso civil busca la recuperación de al menos $us 2,3 millones del sobreprecio apropiado por el clan de Murillo y sus cómplices en la adquisición de gases lacrimógenos durante el golpe de Estado.

“Se va a iniciar un juicio civil con la información que estamos enviando a los Estados Unidos, a nuestros abogados, es un procedimiento que felizmente se puede hacer de manera paralela al juicio penal”, indicó en declaraciones a los medios.

Dijo que el daño económico causado por Murillo puede ser mayor, tomando en cuenta los daños y perjuicios al pueblo boliviano cuyos recursos fueron destinados a la adquisición de los gases.

El Estado boliviano contrató los servicios del bufete de abogados estadounidense Greenberg Traurig para hacer seguimiento a tres procesos del caso denominado gases lacrimógenos.

El consorcio de abogados cuenta con una experiencia de 54 años. Fue fundado en Miami en 1967. Desde entonces, abrió 30 oficinas en EEUU, sobre todo, en los principales centros financieros, donde brinda sus servicios legales.

Por otra parte, Chávez, quien estuvo recientemente en EEUU para hacer un seguimiento al caso, dijo que se prevé que Murillo no sea liberado por la justicia de ese país mientras dure su proceso judicial.