La Fiscalía citó para este lunes en calidad de testigo al exprocurador General del Estado, Alberto Morales Vargas, para que preste su declaración respecto a la compra irregular de equipos antimotines que realizó el exministro Arturo Murillo.

“A objeto de que se presente en la Fiscalía Anticorrupción, portando su cédula de identidad para que preste su declaración informativa policial en calidad de testigo”, señala el documento fechado este viernes 10 de junio y firmado por los tres fiscales que llevan adelante la investigación, informó el periódico El Deber.

La citación fiscal advierte que si Morales no se presenta a declarar emitirán una orden de aprehensión en aplicación al artículo 198 del Código de Procedimiento Penal. La exautoridad asumió el cargo el 21 de septiembre de 2019.

El mismo día de su posesión, Morales descartó que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deba presentar un informe sobre la compra de gases. Sería “absurdo”, indicó en esa oportunidad.

“Es uno de los primeros informes que recibí (sobre la compra de esos materiales), además de que puede estar vinculado a la seguridad interior del Estado, los documentos informan que la solicitud, adquisición, los procesos de contratación, la recepción y el contrato están en esfera del Ministerio de Defensa y entiendo que el ministro de Defensa (Luis Fernando López) entregó el informe requerido por la Procuraduría”, indicó el entonces Procurador.

Murillo tiene una orden de aprehensión por este caso, el exministro de Defensa, Fernando López, se encuentra en Brasil y las autoridades están buscando el mecanismo legal que les permita extraditarlo.

El Ministerio de Defensa denunció ante la Fiscalía a los responsables de la emboscada contra integrantes del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando, hecho ocurrido el 8 de junio de este año en la localidad Esteban Arce del departamento de La Paz.

Según un comunicado público, el Ministerio de Defensa hizo saber que “se ha podido recabar suficientes elementos de convicción que evidencian que se apedreó y se quemó un vehículo militar, se atentó contra la vida e integridad física de los efectivos militares y además se sustrajo armamento militar y celulares”.

Ante esos hechos, el Ministerio de Defensa informó que se actuará de “acuerdo a la normativa vigente para dar con los autores materiales e intelectuales que participaron en estos hechos delincuenciales que no pueden quedar en la impunidad”.

El 8 de junio, el vehículo en el que se transportaban los efectivos militares fue interceptado de manera violenta por contrabandistas de vehículos.

El automotor fue apedreado e intencionalmente volcado además de que se sustrajo armamento militar y celulares.

Autoridades del lugar intervinieron y coadyuvaron al Comando Estratégico Operacional. Luego, dos patrullas de apoyo lograron rescatar a cuatro efectivos militares que fueron evacuados a la ciudad de La Paz y se recuperó todo el armamento.

Al respecto, el Ministerio de Defensa recordó que el contrabando es un acto ilegal que atenta contra los intereses del Estado por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos acusatorios contra la expresidenta de facto Jeanine Añez Chávez y contra sus excolaboradores, para juicios de responsabilidades por los casos Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y violación a la libertad de expresión.

El informe fue brindado este viernes mediante las cuentas de Twitter y Facebook del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que acompañan fotografías de los memoriales remitidos por el Tribunal Supremo de Justicia.

Uno de estos requerimientos acusatorios fue presentado por el Fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en base a la proposición acusatoria interpuesta por el ministro de Justicia, Iván Lima, en contra de Jeanine Áñez; José Abel Martínez Mrden, exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Adhermar Guzmán Ballivián, exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Ellos fueron acusados por la supuesta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, indica el Auto Supremo 58/2021 del Tribunal Supremo de Justicia.

Este caso se refiere a que el Gobierno de facto, a través de un decreto supremo, concedió de manera irregular un Registro de Comercio por 15 años a Fundempresa.  

Añez, mediante el Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió la concesión del Registro de Comercio para esa instancia por 15 años adicionales, vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no sólo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215, indica un boletín de prensa del Ministerio de Justicia difundido el 15 de marzo de este año.

El otro requerimiento acusatorio que fue remitido por el Tribunal Supremo de Justicia al Legislativo, se refiere a la proposición acusatoria interpuesta por Ronald Montecinos Colque contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, Incumplimiento de Deberes, delitos contra la Libertad de prensa y atentados contra la Libertad de Trabajo.

El requerimiento adjunta un informe respecto al caso Libertad de Expresión.

Este caso se refiere a la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas. Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”, indica el reporte del Ministerio de Justicia.

Otro requerimiento acusatorio se refiere al caso FMI e involucra a Áñez, José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia.

Añez, Parada y Aponte fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica el reporte de prensa del Ministerio de Justicia.

Ante la Fiscalía, Jeanine Áñez contó detalles del gigantesco operativo político, cívico, militar y policial que, en noviembre de 2019, le permitió llegar a Palacio de Gobierno. Contó sus reuniones secretas con Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y otros políticos antes de asumir de facto el poder. Relató el apoyo de las FFAA que destinaron helicópteros para su traslado y el de su familia al Colegio Militar, y cómo los policías le ayudaron a caminar disfrazada y a ocultarse en La Paz.

Ella dijo que luego de que Ricardo Paz, jefe de campaña de Carlos Mesa, la llamó para preguntarle -a nombre de una reunión de políticos, jerarquía católica, cívicos y diplomáticos reunidos en la Universidad Católica Boliviana (UCB)- si estaba dispuesta a asumir la Presidencia de Bolivia, llegó hasta la ciudad de La Paz, gracias al apoyo de un operativo militar.

Esa reunión en la UCB se sumó a otros encuentros similares de actores políticos, abogados y la cúpula católica donde se decidió, por fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que Jeanine Áñez asuma la presidencia del país ya que “era lo más apegado a la Constitución”, un artificio jurídico impulsado por Luis Vásquez Villamor, abogado cercano a Tuto Quiroga.

Fue en una de las reuniones de la UCB, previas al golpe de Estado, en la que Carlos Mesa planteó a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, qué le parecía Jeanine Áñez como presidenta. Fue también en esos encuentros en la Universidad en los que Tuto Quiroga instruyó a las FFAA que permitan el vuelo de la aeronave que trasladaba a Evo Morales.

Tras esas decisiones y lineamientos en la UCB, llegó a la ciudad de La Paz, Jeanine Áñez. El siguiente es su testimonio ante los fiscales:

“El día 11 de noviembre como yo llego más o menos al medio día previamente en el vuelo de Amaszonas coincidentemente el señor Óscar Ortiz sube en la escala de Santa Cruz, allí nos vimos y nos vinimos juntos a La Paz, teníamos que reunirnos con los colegas parlamentarios en la Asamblea Legislativa, era responsabilidad nuestra como contribuir también a una salida constitucional”, indicó.

“Precisar que antes de ir a la Asamblea para reunirme con los colegas, fue la primera vez que yo vi a Fernando Camacho. A él lo conocía por los medios de comunicación. Ese día llegué al aeropuerto, no había como llegar a la ciudad, ya que estaba bloqueado, en el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea, allí estaba personal militar, me subí al helicóptero junto con el senador Órtiz, el que nos recibió era un militar, nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al Colegio Militar, como yo estaba con mis hijos, a ellos también los trasladaron, pero fue en diferentes vuelos (sic)”, dijo Áñez en la Fiscalía.  

“Una vez que llegamos al Colegio Militar, esperamos a que el vuelo de mis hijos llegue, entonces teníamos que ir a la Asamblea, pero previo a ellos me fui a reunir con Luis Fernando Camacho al Hotel Casa Grande el cual queda por la zona sur, ya que Camacho me mandó a decir que previo a llegar a la Asamblea era preciso que nos encontremos”, indicó.

“Llegando al hotel subí yo sola, allí estaban como 8 personas, estaba Marco Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, al resto no los conocía, eran 8 a 10 personas, puro varones”.

“Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano, que no eran de ningún partido político, dijeron que buscaban una solución constitucional para pacificar el país, me dijeron que si yo estaba allí es porque mi cargo era lo mas apegado a la Constitución, que es la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, debido a que  mi cargo era lo más apegado a la Constitución”, agregó.

El término usado por Camacho para referirse a Áñez, es decir que su llegada a la Presidencia “era lo más apegado a la Constitución” era el mismo concepto perfilado en la reunión de actores políticos, cívicos, abogados y la jerarquía católica, en la UCB.   

En su declaración en la Fiscalía, Áñez prosiguió: “La reunión (con Camacho) fue corta, les manifesté que yo no me iba a imponer a nada, les hice conocer que mi persona no tenía ningún protagonismo, también les manifesté, si tenía apoyo de la población para asumir el cargo, lo asumo. Pero si no, tampoco me voy a molestar ni a imponer. Ese día fue la primera vez que tuve un encuentro personal con él. Le dije que todos los políticos habíamos contribuido con nuestra presencia, la reunión fue corta, luego me fui a la Asamblea que fue mas o menos horas 14:00”, manifestó.

“Cuando salí del hotel había salido con los vehículos oficiales que eran del Senado. Ya cuando salí del Hotel Casa Grande (…) al llegar a la Plaza Murillo no conocía como es que llegaron a escoltarme otros vehículos y motocicletas”, declaró.

Luego, Áñez relató que al llegar a la Asamblea Legislativa se reunió con algunos legisladores y tuvo que disfrazarse para salir de ese recinto. “Me pusieron una chaqueta y una capucha”, dijo.

Indicó que fue llevada a la Academia de Policías, no sin antes cambiar varias veces de vehículo.

“Allá en la Academia estaba Marco Pumari, Fernando Camacho y llegaron también Óscar Ortiz, Arturo Murillo. Allí estuvimos más o menos a eso de las 17:00”, declaró.

Tras ello, fue trasladada a una casa de seguridad habitada por una  mujer policía. “Yo continuaba con unos 4 policías de seguridad aproximadamente, pero estaban siempre junto a mi 2 policías (sic)”, relató ante la Fiscalía.