El fiscal de Materia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, Alexis Videla, informó este martes que la expresidenta Jeanine Áñez; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra; el exministro de Energía, Álvaro Guzmán; y el exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, declararon sobre el caso denominado gases lacrimógenos. Para la próxima semana, se convocó a otros 10 exministros.

“Ayer (lunes) evidentemente hemos tomado la declaración informativa de la señora Jeanine Áñez en calidad de testigo dentro del proceso investigativo del caso gases; sin embargo, no vamos a dar detalle de la declaración por una estrategia del Ministerio Público a efectos de garantizar la averiguación de la verdad”, indicó en entrevista con la red Unitel.

Desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete firmaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para justificar la compra de agentes químicos represivos y disponer de presupuesto para sobornos y sobreprecio.

Ese proceso concluyó en un caso de corrupción en el que están involucrados el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, y fueron detenidos entre el 21 y el 22 de mayo de este año en Estados Unidos.

Son procesados por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por un precio de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Según información dada a conocer por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, existe una lista de 17 exministros del régimen de Jeanine Áñez que deben declarar ante el Ministerio Público. 

“Tenemos un cronograma mediante el cual se va a tomar la declaración a 10 exministros que formaron parte de este gabinete ministerial, quienes vivirían en el interior, motivo por el que el Ministerio Público, a través de cooperación, vía Fiscalía de los diferentes departamentos, solicitó que se notifique a estas personas y se puedan presentar el martes, miércoles y jueves de la siguiente semana para prestar su declaración en calidad de testigos”, informó.

“Hasta el momento, tenemos la declaración del señor (Álvaro) Coimbra, el señor (Álvaro) Guzmán, que ayer también prestaron su declaración informativa en el centro penitenciario donde se encuentran. La semana pasada, presentó su declaración informativa (Iván) Arias, quien manifestó lo que conoció durante el periodo como ministro”, acotó el fiscal.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este martes el comiso de tres vehículos indocumentados, bebidas alcohólicas y fardos de ropa nueva y usada de contrabando, con operativos realizados en los últimos días en las localidades de Pisiga, Charaña y Huachacalla, entre otras, de los departamentos de Oruro y La Paz.

“Se logró comisar tres vehículos indocumentados, bebidas alcohólicas, bultos con ropa nueva y fardos de ropa usada”, menciona un boletín institucional.

La autoridad estatal explicó que los motorizados y las mercancías serán entregadas a la Aduana Nacional en el marco de los procedimientos actuales vigentes.

Además, Vargas mencionó que se realiza una inspección y reconocimiento de las zonas fronterizas, donde se reforzará la organización y los operativos anticontrabando del Comando Estratégico Operacional, dependiente de las Fuerzas Armadas, porque dan buenos resultados.

En ese contexto, indicó que también se reactivaron los operativos de control de ingreso de mercadería y artículos de consumo en los puntos fijos de Desaguadero, Huachacalla y otros cercanos al lago Titicaca, lugares susceptibles para el flujo de contrabando hormiga.

Según el boletín institucional, tras asumir el cargo de Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, el 23 de abril, Vargas reactivó los controles, las estrategias y la organización del trabajo efectuado en los pasos de frontera junto al Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Las operaciones se trasladaron a los sectores colindantes con los países vecinos de Chile y Perú, para inspeccionar los puntos de acceso y mantener reuniones con los pobladores con el fin de motivar el trabajo de la lucha contra el contrabando con la cooperación de los comunarios y explicar el daño que esa actividad ilícita provoca a la economía del Estado.

El viceministro de Justicia, César Siles, informó que son cuatro las entidades estatales administradas por funcionarios del gobierno de facto que están siendo investigadas dentro del proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos.  

“Mínimamente hay cuatro entidades que están en investigación en el gobierno de facto, me refiero al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, al Banco Central, y el Ministerio de Economía, puesto que ahí han sido desembolsados los recursos y autorizados los desembolsos”, señaló, en contacto con radio Cepra.

Detalló que todos los desembolsos desarrollados por el Banco Central de Bolivia no contaban con las autorizaciones respectivas y que se actuó fuera de la norma, por presiones políticas y personales.

“No existen las autorizaciones respectivas, sin embargo, a tanta insistencia del señor Murillo y su entorno, se ha realizado la transferencia de montos de dinero fuertes para que puedan después ser sujetos de los sobornos que están siendo investigados en Estados Unidos. Sin haberse cumplido el procedimiento administrativo, el Ministerio de Economía autorizó al Banco Central realizar los desembolsos a simple presión, a simple motivación personal se ha realizado estos pagos con recursos públicos”, reveló Siles.

La autoridad recordó que, en este caso, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, como parte coadyuvante en el proceso, se solicitó al Ministerio Público que se llame a declarar no solo a los exministros que firmaron los decretos, sino también a las personas que han fungido como ministros de Economía en ese periodo de tiempo, y al entonces presidente del Banco Central.

“Será en base a las declaraciones que ellos presten que se determinará su grado de responsabilidad, mayor o menor, o como lo dijo el ministro (de Justicia) en calidad de víctimas del señor Murillo, porque eso es lo que han mencionado públicamente a través de sus Twitter y medios de comunicación”, señaló.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que la solicitud de la defensa del exministro Arturo Murillo para postergar su audiencia judicial en EEUU “no es otra cosa que una especie de aceptación de culpa anticipada” de los delitos de soborno y lavado de dinero.

“Entendemos que la solicitud de la defensa del señor Murillo no es otra cosa que la aceptación de una culpa anticipada. En realidad lo que se está haciendo es presentar los alegatos a efectos de poder lograr una pena benevolente”, indicó el legislador en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

La audiencia de este lunes para definir el futuro del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Miami, EEUU, por el caso de lavado de dinero y soborno, fue postergada hasta el 9 de julio, informó el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.   

“La audiencia fue diferida para el día 9 de julio debido a que, como habíamos anunciado horas antes, se estaría dando una situación de que el señor Murillo estaría queriendo acceder a beneficios, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, es una posibilidad permitida”, dijo desde Miami el Procurador.

Al respecto, el diputado Jáuregui indicó que Murillo es parte de una red delictiva por lo que no se descarta que en EEUU pueda delatar a sus cómplices para obtener una condena menor.

Además, el legislador dijo que Jeanine Áñez y sus 17 ministros deberían ser investigados y sancionados por aprobar varios decretos supremos que sirvieron para la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones.