El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió este martes a la Policía Boliviana enfocar sus acciones en la lucha contra la corrupción y la violencia contra la mujer para garantizar acciones en beneficio del pueblo boliviano.

Hizo el pedido en el acto oficial de inicio del mes aniversario de la Policía Boliviana debido a que el 24 de junio cumple 195 años de vida institucional.

“Hoy, iniciamos un mes de festejos; pero, también, de profunda reflexión. Festejos, obviamente, porque estamos de aniversario. No todos los años se cumplen 195 años de vida institucional; además, porque estos últimos meses pudimos ver la calidad de trabajo policial y a la vez la calidad humana de los efectivos”, aseguró la autoridad gubernamental.

Aseveró que es de mucha importancia ingresar a una reflexión para evaluar las fortalezas de la Policía Boliviana y mejorar aspectos que afectan a la institución.

“Es importante tomar nota de los males que aquejan a nuestra institución y que debemos extirpar para que no dañen nuestro trabajo; por ejemplo, la corrupción. Debemos ser claros: la Policía debe ser guiada por valores de transparencia, ética profesional y eficiencia”, aseveró.

Dijo que la Policía Boliviana tiene que ser una institución de igualdad de oportunidades para todas las mujeres y hombres que usan el uniforme verde olivo. Destacó que los efectivos policiales deben ser reconocidos por su trabajo y compromiso, y no así no así por el género u origen.

Explicó que en coordinación con el Comando General se creó un reconocimiento para destacar el trabajo de la policía o el policía del mes.

“Este reconocimiento lo entregamos de manera mensual resaltando el trabajo en cada departamento de Bolivia”, indicó Del Castillo.

“No quiero dejar de lado el tema de la violencia contra la mujer, debido a que la Policía tiene una labor institucional en la lucha contra este mal; pero, las y los policías tienen un deber moral de cuidar a nuestras mujeres víctimas de violencia machista y una de las acciones que hemos tomado al respecto fue la creación de la Unidad de Género en el interior de la Policía para que comencemos por casa”, indicó. 

La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.

Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación del gobierno de facto, indicó que se enteró de varios casos de corrupción al interior de ese régimen, pero no pudo decirle a Jeanine Áñez "Presidenta, por favor, no se corrompa". La exministra anticipó que la compra de respiradores será otro hecho de "escándalo", reveló quiénes componían el entorno palaciego y dijo que Samuel Doria Medina fue el "padrino" que presionó para que Arturo Murillo sea designado Ministro de Gobierno.

Lizárraga, entrevistada este lunes en el programa Encontrados, conducido por Gonzalo Rivera, reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre las disputas al interior del gabinete, quiénes decidieron la candidatura presidencial de Áñez y cómo Murillo exigió otorgar publicidad a ciertos medios de difusión de su preferencia.

Además, la exautoridad de Comunicación, desde EEUU, reveló el papel de Erick Foronda, quien fue asesor de prensa de la Embajada estadounidense en Bolivia y admitió que fue ella quien firmó, junto al gabinete y a Áñez, el Decreto que buscó dar impunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía durante las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019.

Consultada sobre si se enteró de otros hechos de corrupción al interior del régimen del que formó parte, dijo: "Rumores que tenía sobre algunas reuniones (…) había algunos pedidos que hacían para la campaña, por ejemplo, de Jeanine Áñez. Estaban recaudando. No sé si sería cierto o no de algunos nombres que me decía la gente conocida, que me decía: 'Roxana, nosotros pensamos que esto iba a cambiar y no fue así', y para mí era molesto. Yo no podía llamar a la Presidenta y decirle pues 'Presidenta, por favor, o sea, no se corrompa, no sean corruptos'".

Recordó que se enteró de una persona que vendía cargos en la administración pública, la cual habría sido destituida. Anticipó que el caso compra de respiradores será otro escándalo en puertas.

En la entrevista, dijo que Samuel Doria Medina fue quien impulsó que Arturo Murillo sea designado Ministro de Gobierno y fue quien propició la candidatura de Áñez a la Presidencia.

"Doria Medina fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Jeanine Áñez que sea Arturo Murillo el Ministro de Gobierno", manifestó.

Añadió que Doria Medina y Murillo lograron que Marcelo Navajas sea designado como Ministro de Salud.

Al respecto, mediante su cuenta en Twitter, Doria Medina rechazó esas acusaciones y dijo que "Lizárraga se confunde o miente".                                 

La exministra añadió que Doria Medina, Murillo, Yerko Nuñez, Óscar Ortiz y Álvaro Coimbra, impulsaron la candidatura presidencial de Áñez. Incluso, Murillo mostró una encuesta para convencerla de la postulación.

Añadió que esas personas formaron un cerrado entorno palaciego, grupo al cual se sumó Erick Foronda, exasesor de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, quien restringió la llegada de los sectores a Áñez y pretendió conformar un Ministerio de Comunicación paralelo, por encargo de Murillo.

Sobre Murillo, dijo que tuvo varias disputas, como en 2019, cuando ella reclamó por cinco muertes de Senkata, pero el entonces Ministro de Gobierno se molestó e increpó a Lizárraga. Además de ello, Murillo presionó para que se otorgue publicidad a ciertos medios de difusión, extremo que fue rechazado por la entonces Ministra, según dijo ella.

Karen Longaric, excanciller del gobierno de facto, culpó directamente a Jeanine Áñez por favorecer a Arturo Murillo y designar a su hermana como cónsul de Bolivia en Miami, EEUU. La exministra de Relaciones Exteriores no confirmó si permanece en el país, pero el canal televisivo Bolivia Tv, que la entrevistó, informó que ya se encontraría en Chile.

Longaric avaló, junto al gabinete de Áñez, los tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal para el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de Gobierno, negociado de $us 2,3 millones que fue realizado por Arturo Murillo junto a sus principales colaboradores.

Además de ello, en su gestión como Canciller, procedió a la designación de Jacqueline Mercedes Murillo Prijic, hermana del entonces ministro Arturo Murillo Prijic, como cónsul de Bolivia en Miami (Estados Unidos).

Este lunes, en la entrevista con Bolivia Tv, se lavó las manos respecto dicha designación y culpó directamente a Jeanine Áñez.

"Como Canciller de la República, recibo sugerencias y también instrucciones para ocupar ciertos cargos, particularmente en el cuerpo consular", dijo Longaric.

" (…) La instrucción vino de allá (…) obviamente que hablé con la Presidenta y hablé con el propio Murillo diciéndoles que ese nombramiento iba a traer complicaciones porque no era bueno que un hermano de un Ministro vaya en el servicio consular o en el servicio diplomático, pero fue una instrucción muy categórica desde la Presidencia respaldando, obviamente. Todos los nombramientos venían desde la Presidencia. Hubieron muchos nombramientos a los que me opuse, pero finalmente hay instrucciones de la Presidenta y, en ese sentido, se acató obviamente la instrucción de nombrarla a la hermana de Murillo", manifestó.

La periodista del canal televisivo preguntó a Longaric si estaba en Bolivia, pero ella cortó el contacto telefónico. Según Bolivia Tv, la excanciller ya se encontraría en Chile.

Fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien hizo este lunes una gran revelación: La ruta del dinero de la corrupción por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center, de Santa Cruz, y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba.

“La buena noticia que podemos manifestar al pueblo boliviano es que ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción y gran parte de estos recursos han sido invertidos en la construcción del World Trade Center de Santa Cruz y en la inmobiliaria El Doral”, aseveró el Ministro, según un reporte de prensa de esa cartera de Estado.

Las investigaciones realizadas determinaron que existió un sobreprecio de $us 2,3 millones en la adquisición del material antidisturbios, mismos que fueron distribuidos entre los componentes de un clan mafioso.

Del Castillo denunció una serie de sobornos que se realizaron con el dinero producto del sobreprecio. El primero fue a Rodrigo Méndez, quien recibió la suma en efectivo de $us 582.000 de manos de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld. Parte de este dinero fue para Arturo Murillo.

El segundo soborno fue para Philip Lichtenfeld quien recibió tres trasferencias bancarias de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) por un monto de $us 920.000, añade el informe. 

"Según el reporte bancario de las transacciones, el cliente beneficiario figura como 'Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.', empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria 'El Doral' de Cochabamba", agrega el informe del Ministerio de Gobierno. 

El proyecto World Trade Center de Santa Cruz está siendo emplazado en el municipio de Porongo, en la urbanización Colinas del Urubó, a 700 metros del río Piraí. Está constituido por dos torres gemelas, de 27 pisos, revestidas de vidrio. Las torres contarán con 21 pisos de oficinas de 700 metros cuadrados cada una. Un puente conectará ambos edificios. En la parte superior, habrá cinco pisos de entre 300 y 500 metros cuadrados construidos especialmente para brindar una vista privilegiada. Esto implicará un total de 48.000 metros cuadrados de oficinas VIP, clase triple A, según un informe publicado en el periódico Los Tiempos.

Entre los inversionistas de este proyecto se encuentra Philips Lichtenfeld, quien es descrito en la nota de prensa como "gestor del grupo Ravi, una fábrica de botellas, tapas y envases con presencia en siete países y con sede principal en Cochabamba".

Los otros inversionistas son los argentinos Damián Bacman, Alejandro Ginevra, dueño de Gnvgroup, indica el reporte de prensa.

Según el periódico El Sol de Pando, el World Trade Centers Association cedió a Lichtenfeld y Bacman la franquicia para Santa Cruz.

El reporte del impreso añade que "Philip Lichtenfeld es heredero de una de las industrias de envases y tapacoronas más antigua y exitosa de Bolivia, la empresa Ravi. Una importante y reciente operación en la que estuvo vinculado empresarialmente fue la transferencia de la franquicia de la línea boliviana de detergentes Ola, propiedad de su familia, a la trasnacional británico-holandesa Unilever, que desde 2019 produce esa marca originada en Cochabamba".

Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.

Según el Ministro de Gobierno, el dinero de la corrupción producto de la red armada en la gestión de Jeanine Áñez, también llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”.

En estos proyectos también participa Philip Lichtenfeld, según el Testimonio e instrumento Nº 411/2017.- "Escritura pública sobre un aumento de capital autorizado, suscrito y pagado y consiguiente codificación parcial de la constitución de sociedad y sus estatutos, que realiza la sociedad anónima Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A" de fecha 29 de marzo de 2017 y disponible en el sitio web de Edictos Legales del periódico cruceño La Estrella del Oriente. (https://www.edictos.bo/testimonio-492/ ).

Según el documento, Philip Lichtenfeld aportó a esa sociedad la suma de Bs. 1.680.000 correspondientes a 168 acciones nominativas de Bs 10.000 cada una, es decir, 11,49% del capital accionario estimado en Bs 14.620.000.

Los otros accionistas son José Cristian Jiménez Poveda, Jonny Hugo Fernández Rioja, Alan Morales Aliendre, Santiago Pablo Bacman y Damián Leandro Bacman (socio de Philip Lichtenfeld en el proyecto de WTC).

Al respecto, el Ministro de Gobierno indicó que se trabaja para recuperar el dinero desviado de los recursos públicos.

“Vamos a trabajar como Ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia. Han utilizado la excusa de comprar gases lacrimógenos para robarse 2,3 millones de dólares”, dijo Del Castillo este lunes.