El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes, en conferencia de prensa, que junto a la Alcaldía de La Paz se proyecta un plan piloto para la implementación de una Estación Policial Integral (EPI) modelo para atender a las mujeres víctimas de violencia.

“Vamos a generar los esfuerzos necesarios para generar este plan piloto, donde en un mismo lugar esté la Policía Boliviana, el Ministerio Público, estén los juzgados, estén los psicólogos, esté el IDIF, en fin, estén todas las instancias correspondientes para que la mujer ya no tenga que peregrinar justicia y abandonen sus causas y luego, el día de mañana, se conviertan en feminicidios”, señaló.

El plan piloto tiene como fin evitar la revictimización de las mujeres agredidas, que hoy en día tienen que trasladarse de institución en institución en busca de justicia.

“Este plan piloto que estamos lanzando busca no revictimizar a las mujeres, busca darles facilidades y que los agresores de nuestras mujeres en Bolivia, y esencialmente en el municipio de La Paz, obtengan justicia de manera pronta y oportuna y puedan sentirse seguras”, dijo Del Castillo.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que la experiencia, que por ahora será local, podría replicarse en todo el país.

“Vamos a tratar de implementar una experiencia piloto en un macro distrito, donde creemos que tenemos las condiciones; en todo caso se va a hacer una revisión conjunta con la Policía y el Ministerio para ver, sino a futuro, construir una infraestructura adecuada”, manifestó.

En la reunión sostenida entre ambas autoridades, también se acordó iniciar un proceso de descentralización de las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), para facilitar a la población paceña el trámite de cédulas de identidad y licencias de conducir.

Además, se determinó la interoperabilidad de las cámaras de seguridad de la alcaldía municipal con las de la Policía Boliviana para brindar mayor seguridad para la población paceña.

“Este tipo de medidas que estamos lanzando de manera coordinada, sin interesar los colores políticos y siempre en beneficio del pueblo, esperemos que sean replicadas en los 340 municipios de Bolivia”, finalizó la primera autoridad del Ministerio de Gobierno.

El pasado 21 de mayo fue detenido en Naple – Florida, Rodrigo Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza del exministro de facto, Arturo Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de Estados Unidos (EEUU).

Méndez, quien se encontraba asilado en el país norteamericano, fue objeto de una investigación por parte del FBI que pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019 y que terminó con un proceso por lavado de dinero y sobornos en esa nación.

“La orden de apremio ejecutada para Méndez fue bajo el US Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.), por formar parte de un esquema de corrupción y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y otros para el Gobierno de Bolivia, en noviembre 2019 a abril de 2020, en el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala un reporte de Detrás de la Verdad.

El informe del FBI devela una serie de sobornos y pagos que se hicieron en EEUU y Bolivia por la compra de agentes químicos en diciembre del año 2019 a la empresa Cóndor por parte del Ministerio de Defensa por encargo del Ministerio de Gobierno.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades: tres ministros y el presidente de la Aduana Nacional; además del extitular del ministerio de Economía, Óscar Ortiz, por encubrir la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

El informe también establecía acciones penales contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, “quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la ALP en el marco del proceso de investigación”.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este lunes que Bolivia tiene la meta de racionalizar y erradicar 49.000 hectáreas de coca excedente y desarticular diez organizaciones dedicadas al tráfico ilícito internacional de sustancias controladas en los siguientes cinco años, en el marco de la aplicación de la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico 2021–2025”.

“Resultado esperado de esta estrategia se han desarticulado diez organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito internacional de sustancias controladas al 2025 (…) Resultado en cuanto a control y expansión de cultivos de coca tenemos como meta poder racionalizar y erradicar en estos años 49.000 hectáreas”, afirmó en la Reunión del Grupo Temático de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Según Mamani, se tiene previsto el desbaratamiento de dos grupos delictivos dedicados al narcotráfico durante cada año.

En el caso de la hoja de coca excedentaria, la autoridad estatal explicó que el proceso se efectuará bajo la modalidad de la racionalización con el apoyo del control social de los productores en el caso de las zonas de cultivo autorizadas.

La erradicación se efectuará en el caso de las regiones no autorizadas, áreas protegidas y reservas forestales ubicadas todo el territorio nacional, agregó.

Asimismo, mencionó que el trabajo se desarrollará en el marco del diálogo, la concertación, el respeto de los derechos humanos y de la Madre Tierra.

También mencionó que se trabajará en la reducción y la mitigación del impacto en las familias afectadas por la reducción de cultivos de coca excedente en zonas autorizadas y de riesgo de expansión, por medio de proyectos productivos, obras civiles, equipamiento y medio ambiente.

“Ahí es importante resaltar la cooperación de la comunidad internacional para obras de impacto que son apoyadas para el tema de caminos, en los puentes, para poder apoyar a estas zonas productoras de hoja de coca y de esa forma para poder diversificar la producción”, concluyó.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) llevó adelante con mucho éxito el curso virtual internacional “Conceptos y Experiencias para la Investigación y Judicialización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, actividad que contó con la participación de jueces, fiscales y policías que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Este evento tuvo la colaboración de expertos como la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de Colombia, indica un reporte de prensa de la UIF.

En el acto de clausura, las autoridades nacionales señalaron que en éstos tiempos de pandemia se hizo necesario buscar medios alternos para proseguir con las tareas planteadas para combatir estos delitos transnacionales y que, eventos como el realizado, permiten a los Estados seguir coordinando acciones y fortalecer los mecanismos y estrategias para la investigación y judicialización de los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo en Bolivia, mediante la especialización y el intercambio de experiencias de autoridades judiciales e investigadores con sus pares en Colombia, añade el informe.

En el curso participaron más de 200 personas entre jueces, fiscales y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

El curso se desarrolló en el marco de las acciones que se implementan para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua que efectuará nuestro país en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT) en las gestiones 2021 y 2022.

La temática tratada en este evento estuvo comprendida en los siguientes temas: Aspectos procesales del delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT); técnicas especiales de investigación y otras herramientas para la persecución de finanzas criminales; experiencia y buenas prácticas en el ámbito procesal a nivel internacional; el Fiscal y las medidas restrictivas de derechos y el rol de la Autoridad Jurisdiccional, entre otros, añade el reporte de prensa.