El equipo médico de Régimen Penitenciario desmintió este miércoles las recientes declaraciones de la defensa de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, que aseveraba que la privada de libertad habría sufrido una descompensación durante su audiencia virtual.

“En fecha 23 de septiembre, a las 09.00 tuvo lugar una audiencia judicial dentro de las instalaciones del recinto penitenciario, donde no se advierte de ningún cambio en su estado general, ni en sus signos vitales durante el resto de la jornada, estando la paciente hemodinámicamente estable al momento”, se lee en un comunicado oficial.

Los galenos recalcaron que Áñez cuenta con una monitorización de todo el equipo médico durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, con el fin de precautelar su salud; además, que su médico particular ingresa al recinto para realizar los controles.

“Debemos recalcar que la PPL (paciente privada de libertad) Jeanine Añez Chávez cuenta con monitorización por parte de un equipo médico, las 24 horas y los 7 días de la semana, además del ingreso del médico particular, esto con el fin de salvaguardar su salud”, indica.

Las afirmaciones se dan tras las declaraciones del abogado de la exmandataria, Luis Guillén, quien afirmó a medios de comunicación que el pasado jueves Áñez se habría desvanecido en dos oportunidades durante su audiencia, hecho que fue desmentido por los médicos del Centro Penitenciario de Miraflores.

“Podemos señalar también que la paciente en ningún momento presentó desmayos o desvanecimientos en su unidad ni en sus audiencias, cabe recalcar que Régimen Penitenciario permitió la compañía de un familiar durante este tiempo”, indicó la institución.

El equipo de cinco galenos, que firma el comunicado, además señaló que la privada de libertad no está en una celda y ocupa la unidad médica que antes era utilizada para la atención de otras privadas de libertad de Miraflores.

(Foto: VLCC)

El viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, dependiente del Ministerio de Defensa, informó este miércoles que efectivos militares del Sexto Distrito Naval de la Armada Boliviana incautaron mercadería de contrabando en Cobija (Pando).

“En el puesto de control fronterizo de lucha contra el contrabando, de la zona Franca en Cobija, efectivos militares (…) incautaron cuatro lavadoras y 15 sacos con ropa usada”, indica un comunicado.

Los efectivos, en cumplimiento de la Ley N° 1053 de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando y la Ley N° 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, realizaron la inspección de vehículos y constataron que trasportaban cuatro lavadoras de marca “Mueller”, además de 15 sacos de ropa usada para su comercialización en el territorio nacional.

Según el reporte institucional, la mercadería era de procedencia brasilera y no contaba con la documentación de respaldo, por lo que fue incautada por los efectivos militares, de acuerdo a los procedimientos actuales vigentes, y posteriormente fue entregada a la Aduana Nacional para fines legales.

La Defensoría del Pueblo lamentó este miércoles los hechos de violencia registrados en Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del enfrentamiento de cocaleros, que quieren el control de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca), con la Policía Boliviana.

“Esta institución defensorial condena que la violencia de las dos últimas jornadas haya dejado tres civiles y dos policías heridos, que los gases lacrimógenos hayan afectado a niñas, niños, personas adultas mayores, que un piso de un edificio haya ardido en Villa Fátima y que se hayan producido, además, otros daños a la propiedad privada producto del lanzamiento de piedras, gases y dinamitas”, se lee en un boletín institucional.

La Defensoría del Pueblo pide al Ministerio Público la investigación de esos hechos para identificar a los responsables de los daños que se están generados durante estos días y que se establezcan las sanciones que correspondan.

La institución también reprochó el uso indiscriminado de agentes explosivos y otros objetos contundentes por parte de civiles y recordó que existe un límite entre la protesta social y el vandalismo. Por lo que pidió a los cocaleros ejercer su derecho a la protesta “en el marco del respeto a ley”.

Asimismo, exhortó a la Policía Boliviana a evitar la afectación a la población que no está involucrada en la movilización y que su intervención esté enmarcada en los estándares internacionales de legalidad.

(Foto: FGE)

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), Bladimir Magne, suscribieron este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de los certificados digitales y la firma digital, mediante registros informáticos de usuario, contraseña y permisos digitales para el Ministerio Público.

“El convenio nos permite acercarnos más a la tecnología, porque estar de lado de la ADSIB nos va a permitir no solo una capacitación, sino la implementación de los certificados con firmas digitales para acercar más la justicia a las personas, transparentar las actuaciones fiscales y generar mayor seguridad en las actuaciones”, dijo Lanchipa.

Según un reporte institucional, la autoridad aseveró que el Ministerio Público pretende implementar la firma digital en todos los documentos e instancias debido a las distancias existentes, “pero la ADSIB es la encargada de acercar y estrechar las brechas entre las regiones de las diferentes instituciones”.

Por su parte, el director ejecutivo de la ADSIB destacó a la firma digital como un instrumento que ayuda a las instituciones a ser más transparentes y eficientes al ser “imposible” alterar su contenido, lo que brinda una alta seguridad.