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El ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este sábado que se elaborará un proyecto normativo para modificar la pena del delito de receptación, para que las personas que se dedican a ese ilícito tengan una mayor condena.

"Lamentablemente la pena de receptación es muy baja, lo que obliga al Ministerio Público y a los jueces a liberar a estas personas en un tiempo muy breve, por tanto, se va a elaborar un proyecto normativo para modificar la pena de receptación", manifestó.

De acuerdo con el Código Penal (CP), en el artículo 172 estipula que la receptación es un delito que se refiere a toda aquella persona que se dedica a recibir cosas robadas o hurtadas.

“El que después de haberse cometido un delito ayudare a alguien a asegurar el beneficio, o resultado del mismo recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas los instrumentos que sirvieron para cometer el delito, o las cosas obtenidas por medios criminosos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años”, se lee en el artículo del CP.

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana aprehendió a un hombre dedicado a ese delito y logró recuperar cuatro televisores, tres bicicletas, una heladera, una cocina, cuatro parlantes, distintos equipos de sonido, entre otros.

(Foto: Min. Gobierno)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este sábado que la Policía Boliviana procedió a la aprehensión de 67 personas que fueron encontradas en posesión de objetos robados, en operativos que se realizaron en la ciudad de Santa Cruz.

"Hemos realizado una serie de operativos para precautelar la seguridad ciudadana de todos y todas las habitantes del municipio (...). Hemos logrado arrestar a 67 personas, 57 varones, 7 mujeres una persona de la tercera edad y dos menores de edad", detalló.

Las 67 personas fueron aprehendidas en operativos que se realizaron en la zona del cordón ecológico como la Doble Vía La Guardia, Los Pozos, mercado Abasto y la feria comercial Barrio Lindo, de acuerdo con un boletín institucional.

"Estas personas en situación de calle, que son drogodependientes, previo a un foro médico, serán entregadas a centros de rehabilitación para que así la ciudadanía cruceña se sienta más segura", indicó.

La autoridad anunció que la Policía realiza una base de datos para que cualquier persona que haya sido víctima de los delincuentes pueda denunciar el hecho y recuperar sus pertenencias.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este sábado que esa institución socializará los beneficios de la Conciliación Penal y los alcances del moderno Sistema Informático “Justicia Libre” incorporado por el Ministerio Público en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz).

“Durante estos 10 días se explicará a la población que visite la feria qué es la Conciliación Penal, en qué casos se puede conciliar y quiénes intervienen en una conciliación. Así también, se mostrarán los avances tecnológicos con la implementación del Sistema Informático ‘Justicia Libre’, que permite a las partes de un proceso realizar el seguimiento y tener la información certera del estado de sus casos”, dijo Mariaca.

Resaltó que la Expocruz es un escenario oportuno para que los visitantes conozcan el trabajo que desarrolla el Ministerio Público en favor de la población.

El stand del Ministerio Público contará con la participación de un fiscal conciliador que dará a conocer los beneficios como un mecanismo para resolver conflictos penales, como salida alternativa al juicio ordinario penal, para buscar una solución que sea de beneficio para ambas partes y lleguen a un acuerdo mutuo, en caso de delitos de hurto, amenazas, estafa, estelionato y otros que no tengan como consecuencia la muerte de una persona.

Asimismo, ingenieros informáticos especializados explicarán los alcances del Sistema Justicia Libre que, a 15 meses de ser implementado, el sistema ya cuenta con 34 módulos que se convierten en una herramienta ágil, oportuna y transparente para la atención de los casos y en especial para que las partes procesales tengan acceso e información del estado de sus procesos, señala una nota de prensa.

Los visitantes también podrán conocer sobre la investigación científica que realiza el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para llegar a la “verdad histórica” de los hechos.

Si los concejales de la ciudad de Cochabamba no eligen a un nuevo Alcalde en reemplazo de Manfred Reyes Villa, incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes, dijo el diputado Héctor Arce, quien recordó que el burgomaestre tiene en sus espaldas una sentencia condenatoria ejecutoriada por un caso de corrupción que data de 2009.

El legislador, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que, si Reyes Villa no se aleja de sus funciones de Alcalde, incurrirá en el delito de usurpación de funciones ya que la norma es clara: si hay sentencia condenatoria ejecutoriada, pierde su mandato.

El actual alcalde de Cochabamba es procesado por el caso “Sillar Alternativo”, el cual viene desde 2009. En 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica debido a que Reyes, cuando era Prefecto, suscribió un acuerdo para la presentación de un estudio a diseño final del tramo “El Sillar” de la carretera Cochabamba – Santa Cruz. Se dispuso entonces Bs 1.615.000 para la contratación de consultorías individuales.

Al respecto, el diputado Arce explicó que los recursos que dispuso Reyes Villa no estaban presupuestados ni estaban en el Programa Operativo Anual (POA) de la Prefectura. Además, fraccionó los contratos pese a que la norma vigente no lo permitía y emitió un producto que no tuvo ninguna utilidad. “No sirve para nada ese estudio que ha realizado. Es decir, se han gastado recursos del pueblo cochabambino en un estudio que no tiene ninguna utilidad”, manifestó.

Recordó que tras un largo proceso judicial “hoy hay sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, es decir, el señor Manfred Reyes Villa tiene sentencia”.

Explicó que la ley de Gobierno Autónomos Municipales, en su artículo 12, inciso a), establece claramente que “una autoridad electa puede perder su mandato por sentencia condenatoria ejecutoriada, en este caso, hay una sentencia condenatoria ejecutoriada por tanto el señor Manfred Reyes Villa pierde su condición de Alcalde de la ciudad de Cochabamba”.

Agregó que, si los concejales municipales no acatan esa disposición jurídica, incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes y, si Reyes Villa se aferra al puesto de Alcalde, cometerá el delito de usurpación de funciones.