El Ministerio de Gobierno informó este viernes que se incineró más de 202 kilos de cocaína y 44 kilos de marihuana que fueron secuestrados en tres pistas clandestinas descubiertas en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

“Bajo la conformidad del artículo 188 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 26 de la Ley 913 de Lucha Contra el Tráfico de Sustancias Controladas, se destruyó e incineró 202 kilos con 495 gramos de cocaína y 44 kilos con 892 gramos de marihuana”, menciona un boletín institucional.

Según el documento, el procedimiento fue efectuado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico el 9 de septiembre, cerca de las 16.00 horas, en el municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz.

La actividad contó con la presencia de representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio Público.

La droga incinerada fue secuestrada entre el sábado 4 y el domingo 5 de septiembre en Beni y Santa Cruz, en el marco de operativos antidrogas que permitieron hallar tres pistas clandestinas y dos helicópteros que eran usados por narcotraficantes para el traslado de cocaína a países vecinos.

“El Gobierno nacional con la incineración da cumplimiento a las normas legales, extinguiendo públicamente (la droga) en un término máximo de seis días a partir de su secuestro”, concluye el boletín institucional.

La presidenta de la zona Alto Chijini, Jenny Gutiérrez, informó este viernes que los vecinos se declararon en emergencia, tras la muerte de una mujer y sus dos hijos que fueron impactados por la descarga eléctrica de un rayo. Señalan que la caída de rayos en el lugar es constante y presumen que la antena de una empresa telefónica sería la causante.

“Cuando llueve siempre caen rayos en esta zona, en otras zonas no, pero lamentablemente en esta zona siempre caen, por la antena que tenemos”, indicó la representante vecinal en contacto con Bolivia Tv.

Gutiérrez exigió que la empresa telefónica privada retire la antena del lugar a la brevedad posible, advirtió que de no escucharse su demanda, los vecinos harán “caer” la antena.

El pasado jueves por la noche, una mujer de 27 años y sus pequeños hijos fallecieron por la descarga eléctrica de un rayo en el distrito 12 de la ciudad de El Alto.

Según el reporte preliminar, la joven madre, identificada como Nelly Cori Huanca, se trasladaba con su hijo Neymar de seis años, y Lía, su bebé de un año y tres meses. La familia se dirigía a visitar a un pariente para felicitarle por su cumpleaños, por lo que llevaban una torta, pero sufrieron el trágico desenlace.

El subjefe departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Juan José Donaire, señaló que la familia doliente ahora recibe apoyo psicológico.  

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, informó este viernes que en el primer semestre de la gestión 2021, mediante la unidad de Sistematización de Jurisprudencia se logró implementar tres sistemas informáticos para trasparentar la actividad jurisdiccional, y que toda la población pueda acceder a la justicia de manera oportuna.

“La unidad de sistematización de jurisprudencia, durante este primer semestre del año 2021 ha trabajado en tres sistemas (…). Estamos trabajando para que estas herramientas tecnológicas cumplan ese propósito de acercar el sistema de administración de justicia a los ciudadanos y ciudadanas”, expresó Echalar, durante la Rendición Pública de Cuentas del primer semestre 2021.

Informó sobre el Sistema Génesis, que tiene el propósito de facilitar al usuario la búsqueda de “Autos Supremos”, sentencias y jurisprudencia de manera práctica, sencilla e inmediata dentro de la página web del TSJ.

“Este sistema Génesis está a disposición tanto de los servidores judiciales y como también de los usuarios externos”, explicó la autoridad.

El Sistema Rasser fue implementado en esta gestión con el propósito de realizar un registro inmediato de todos los fallos que provienen de las distintas salas a base de datos, publicándose al instante en la página web del Tribunal. 

De acuerdo con Echalar, el tercero es el de Sistematización de la Jurisprudencia Relevante (Sijure), que es una herramienta informática interna, implementada para sistematizar jurisprudencia de manera precisa y objetiva permitiendo un trabajo mucho más completo y ordenado a través de fichas jurisprudenciales.

Asimismo, destacó el trabajo de esta unidad porque aseguró que coadyuva la labor jurisdiccional tanto en el trabajo interno de los magistrados como también con los “usuarios externos”, que requieren información para los procesos y  “líneas” que se manejan dentro de los autos supremos de las salas especializadas o la Sala Plena de Justicia.

A su vez, explicó que en la evaluación del primer semestre las herramientas lograron una buena aceptación de los usuarios. Aseveró que con estos tres sistemas se pone información a conocimiento público para el escrutinio de los abogados, litigantes y de la sociedad.

“Estos sistemas permitirán cumplir con los propósitos y también trasparentar la actividad jurisdiccional”, destacó.

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que Bolivia envió la respuesta a la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una demanda de medidas cautelares planteada en favor de la exmandataria de facto Jeanine Áñez y su hija Carolina Ribera, con el pedido de su inadmisibilidad porque no cuenta con las causales requeridas.

“El Estado Boliviano, representado por la Procuraduría General del Estado, anoche ha dado respuesta ante la CIDH a la solicitud de información MC 782-21 sobre solicitud de medidas cautelares para la ciudadana Jeanine Áñez Chávez y la ciudadana Carolina Ribera Áñez (…). Hemos pedido que se declare inadmisible dicha medida”, afirmó, en una conferencia de prensa.

El 26 de agosto, el abogado de Áñez, Luis Guillén, planteó la demanda ante la CIDH bajo el argumento de que su cliente tiene diferentes padecimientos físicos y mentales que no estarían siendo debidamente atendidos, así como de amenazas, hostigamientos y agresiones, en el marco de su detención preventiva por el caso golpe de Estado.

En ese contexto, la autoridad estatal dijo que el documento expresa que la exmandataria no tiene el estado de salud que se alega en el pedido de medidas cautelares, lo que fue sustentado con varios exámenes médicos suscritos incluso por su abogado y su galeno de confianza.

“No convergen los elementos o requisitos de gravedad de la situación que es un elemento sustancial para este tipo de medidas. Tampoco se ha acreditado la urgencia, dada cuenta del informe médico que se ha requerido. Hemos tenido una junta médica el día 7 de septiembre, recién hace un par de días atrás, para fundamentar este informe”, precisó.

Mencionó que en el caso de Carolina Ribera se planteó que ella no tiene un proceso penal iniciado, por lo que no existe algún grado de persecución en su contra.

“Menos convergen los requisitos que acabo de mencionar, que son aquellos que podrían fundar en algún momento una medida cautelar como la que se ha pedido”, complementó.

Explicó que Bolivia esperará ahora con paciencia que la CIDH valoré el documento proporcionado en el plazo establecido y dé un resultado que esté acorde con el pedido de la inadmisibilidad de la solicitud de medidas cautelares para Áñez y su hija.

El Procurador General del Estado recordó que no debe olvidarse que el procesamiento penal y la detención preventiva de la exmandataria de facto tienen origen en un “sentido mínimo de justicia”, porque el país sufrió un golpe de Estado en 2019 con masacres.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó también un informe final bastante claro sobre el caso de sucesión inconstitucional que provocó que Áñez llegue a la Presidencia del Estado Plurinacional, y el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé ratificó que ese acto fue absolutamente contrario a lo establecido en la Carta Magna y fue una toma de poder de facto, agregó.

“No estamos hablando de un caso en el que se estén vulnerando derechos o garantías, estamos hablando de un caso que está siendo investigado y que cumple los estándares internacionales, que es lo que queremos recalcar”, concluyó.