El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este lunes que dentro de las denuncias recibidas en contra de Jeanine Añez, el Ministerio Público remitió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud de autorización para la activación del juicio de responsabilidades como establece la ley.

“En el marco de las competencias de la Fiscalía General del Estado, de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas en contra de Añez por el Ministerio de Justicia, tres fueron remitidas al TSJ y una fue rechazada por falta de argumentos. Los delitos que se investigan son Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Delitos Contra la Salud Pública, Discriminación, entre otros”, dijo Quispe, citado en un boletín de prensa.

Quispe explicó que el primer requerimiento acusatorio se debe a la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contaba con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en virtud a que no se habría cumplido con el procedimiento para la aprobación del crédito y que no siguió el conducto regular. 

Añadió que, el segundo requerimiento acusatorio está relacionado con la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para registro mercantil por 15 años, sin que se haya observado el procedimiento de licitación que establece la Ley N°2196 sobre la otorgación del Registro de Comercio.

El tercer caso tiene que ver con el Decreto Supremo N° 4200, por el que se habría vulnerado la libertad de expresión durante la cuarentena rígida por la pandemia del COVID-19.

“Esta norma criminalizaba las acciones de los individuos que informen falsamente o causen incertidumbre a la población, con el fin de someterlos a cargos penales por Delitos Contra la Salud Pública, Art. 13 - II. ‘Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública’, señalaba la norma”, recordó.

Quispe explicó que el cuarto requerimiento acusatorio fue rechazado por falta de mayores elementos de justificación.

Este se refería a que Añez, en su condición de Presidenta, habría emitido órdenes para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas desde Chile a Bolivia durante la cuarentena rígida.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que un mega operativo interinstitucional permitió la desarticulación, después de más de cinco meses de investigaciones, de una organización criminal que operaba entre los departamentos de La Paz y Santa Cruz con el transporte de droga, con afectación de al menos $us 9,7 millones al narcotráfico.

“Hemos realizado un gran operativo afectando al narcotráfico en más de $us 9,7 millones después de más de cinco meses de investigaciones. La organización criminal internaba droga a nuestro país para después enviarla hacia los países vecinos de Argentina y Brasil, lo hacía desde el hermano país de Perú. Este es uno de los operativos más grandes y con mejores resultados que se ha realizado en los últimos años”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la organización realizaba la internación de droga mediante el lago Titicaca, en el departamento de La Paz, hacia la comunidad de Sisasani; posteriormente, la mercancía era llevada a la ciudad de El Alto para su acopio y transporte hacia Cochabamba y Santa Cruz con el pretexto del traslado de cemento y otros materiales de construcción.

Dijo que después de un seguimiento exhaustivo a las operaciones de ese grupo denominado "Clan Quintana-Zamora", se logró dar con el líder de la banda, Pedro Pablo Quintana Zamora, en Santa Cruz y se aprehendió a nueve personas involucradas en el ilícito.

Esa organización criminal, además contaba con una seguridad armada para cualquier eventualidad.

Del Castillo detalló que en el departamento de La Paz se incautó varios inmuebles, cinco vehículos, una lancha y 152 kilogramos de cocaína, afectando al patrimonio de esa organización criminal con $us 796.000; asimismo, en el departamento de Santa Cruz se incautó seis inmuebles, 41 vehículos, armas y otros elementos menores, haciendo un total de $us 8,9 millones de afectación al patrimonio del narcotráfico.

“Son casi $us 10 millones de afectación al narcotráfico que hemos efectuado con este operativo, pero lo más importante es que no solo se incautó droga, sino que afectamos la logística y el patrimonio de estos clanes del narcotráfico, cumplimiento los objetivos de nuestra estrategia contra las drogas”, afirmó.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que la Policía Internacional (Interpol) rechazó en tres oportunidades la solicitud de activar la notificación azul para dar con la ubicación de las exautoridades del régimen de facto de Jeanine Áñez, que huyeron del país en 2020.

“Nosotros como Ministerio Público habíamos solicitado en tres oportunidades a la Interpol que se nos pueda facilitar la notificación azul, es decir, la ubicación exacta de estas personas en los países del extranjero, lastimosamente la Interpol nos ha respondido que era una persecución política y no iba a dar curso a las solicitudes”, subrayó.

Lanchipa apuntó que, con los últimos acontecimientos acaecidos tras la detención del exministro de facto Arturo Murillo y sus excolaboradores, se demostró que no existía persecución política alguna y que se trataba de casos de corrupción.

“Ahora queda demostrado y está totalmente acreditado que no se trata de una persecución política, es un tema de legalidad, un tema de justicia, la prosecución penal está enmarcada dentro de la garantía y defensa de los derechos de cada uno de los investigados, así que no se trata de una persecución política, es un tema de justicia, es un tema de legalidad”, ratificó Lanchipa.

Asimismo, detalló que, hasta la fecha, dentro del caso de compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, son 20 personas investigadas y cinco aprehendidas, además de que se desarrollaron varias actuaciones procesales.

“Estamos desarrollando el proceso de investigación, también se ha ampliado para el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Son siete tipos de delitos por los cuales está siendo procesado todo este grupo de personas”, subrayó.

Por otro lado, el Fiscal General comunicó que, tras la presentación de la solicitud de extradición de Murillo, el cual sigue su trámite regular a través de la autoridad jurisdiccional y el Ministerio de Relaciones Exteriores para posteriormente ser remitido a Estados Unidos (EEUU), se pidió también la repatriación de todos los activos relacionados con este caso.

“De manera paralela, también el Ministerio Público ha solicitado, o ha iniciado el proceso para la repatriación de todos los activos, de todo el dinero que tiene allá el señor Arturo Murillo y toda su banda que ha cometido estos hechos ilícitos en el país”, mencionó.

Este domingo, la Policía aprehendió en Cochabamba a una persona que intentó hacerse pasar como portero de un edificio, pero en realidad se trató de alguien vinculado al exministro Arturo Murillo, detenido en EEUU por soborno y lavado de dinero.

El sábado, la Fiscalía emitió una orden para la aprehensión de Giovani E. F. T., quien antes había dicho ser el portero de un edificio en Cochabamba. Esa persona inclusive intentó impedir a la Policía y Fiscalía ejecutar un allanamiento en un inmueble, informó el canal televisivo Unitel.

En una primera declaración, Giovani E. F. T. confesó que era colaborador del exministro Arturo Murillo. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia cautelar de esta persona que, tras su aprehensión, fue trasladada hasta La Paz, añade el reporte.

También en esta jornada, la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ximena Palacios, dispuso la detención preventiva en el penal de San Pedro de los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, Pedro M. R. S. y Raúl M. L. G., por estar involucrados en procesos derivados del caso de la red de Arturo Murillo, informó La Razón en su edición digital.

Se conoce que la determinación fue asumida por la “concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales”, como la posible obstaculización en la investigación, que no fueron desvirtuados con documentación suficiente.

Raúl M. L. G. fue Director Jurídico del Ministerio de Defensa durante la gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y Pedro M. R. S. era Director de Logística de la misma cartera de Estado. Ambos fueron imputados por supuesto “uso indebido de influencias” y otros delitos, añade el reporte de prensa.

En los últimos días, fueron aprehendidas al menos siete personas acusadas de estar vinculadas, de manera directa e indirecta, a la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y a la investigación abierta por el delito de legitimación de ganancia ilícitas.

Este domingo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que esa cartera de Estado se querelló contra el exministro de facto, Luis Fernando López, por ocho casos irregulares.

Fernando López está implicado en la compra de gases lacrimógenos y equipamiento no letal con un sobreprecio de más de $us 2 millones, dinero que sirvió para pagar sobornos, motivo por el cual el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se encuentra recluido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero.