La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este domingo que dos ciudadanas de nacionalidad argentina regresaron a su país luego de un operativo que las rescató de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Una vez recibida la comunicación del Ministerio Público de Argentina, a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Bolivia se activó la coordinación institucional a objeto de que se cumplan los protocolos de atención, protección y rescate de las ciudadanas argentinas, que fueron encontradas en un lenocinio en la ciudad de Potosí”, dijo Choque, según una nota de prensa.

Por su parte la Directora de la Unidad de Asuntos Internacionales, Grisel Arancibia, señaló que se tuvo una comunicación directa con la Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, quien realizó el seguimiento pormenorizado para dar con el paradero de las víctimas, realizar los actos investigativos y brindar la protección necesaria.

Según el documento, ambas ciudadanas tuvieron el acompañamiento necesario, desde su rescate en el lenocinio, su acogimiento en un albergue temporal y su posterior traslado hasta la frontera donde fueron entregadas a las autoridades correspondientes.

La directora de la Fiscalía de Violencia de Género, Pilar Díaz, explicó que la coordinación y participación activa de los fiscales del área permitió atender de manera prioritaria el caso, por la situación de vulnerabilidad de las extranjeras.

“Se realizaron las actividades investigativas necesarias, como la recolección de muestras y la recepción de los testimonios de las víctimas mediante el anticipo de prueba en la Cámara Gesell y culminó con el acompañamiento de las ciudadanas hasta la frontera, donde se hizo la entrega a las autoridades argentinas”, dijo.

La Defensoría del Pueblo censuró este domingo el ataque violento que propiciaron vecinos del municipio de Batallas (La Paz) a un equipo de prensa de Seo Tv, a quienes agredieron y quitaron sus equipos de trabajo, por lo que exigió a las autoridades llamadas por ley a restablecer el orden y el respeto a los derechos humanos.

“Censuramos el ataque propiciado por un grupo de vecinos de la localidad de Batallas, #LaPaz, en contra de periodistas del canal SEO TV, a quienes agredieron y arrebataron sus equipos. El trabajo de los medios de comunicación está garantizado por la #CPE y las leyes vigentes”, publicó esa institución en su cuenta de Twitter.

Al respecto, la defensora Nadia Cruz exigió a las autoridades locales realizar las acciones necesarias para que cesen los ataques.

“Exigimos a las Autoridades locales realizar todas las acciones necesarias a fin de que cesen estos hechos y exhortamos a los pobladores a coadyuvar al restablecimiento de las relaciones respetuosas del Estado de Derecho”, escribió también en la misma red social.

Asimismo, pidió a la Policía Bolivia y al Ministerio Público intervenir de forma inmediata para investigar y esclarecer la retención de cinco personas acusadas de asaltar a personas ebrias, y la quema de un vehículo por vecinos de esa localidad bajo el argumento de que era utilizado por los ladrones.

Minutos después reportó que personal de la Defensoría se desplazó hasta el lugar de los hechos para verificar el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados

Según reportes de la televisora Seo Tv, los comunarios de Batallas cansados de los constantes robos suscitados en el lugar, quemaron un taxi que fue encontrado infraganti tratando de raptar a una persona y retuvieron a cinco que se encontraban dentro del vehículo.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, solicitó este sábado al periódico Página Siete la rectificación respecto a un material periodístico en el que se lo acusa de amenazar a una jueza. Para la elaboración de ese material de prensa no se solicitó la contraparte de la autoridad, lo que va en contra del Código de Ética de dicho impreso, indica una carta emitida por el Ministro.

La misiva, dirigida este sábado a Isabel Mercado, directora de Página Siete, indica:

“El periodista Alcides Flores M. suscribe en la edición de hoy una entrevista a la juez Ximena Mendizabal en la que de manera injustificada se me acusa de haber ‘amenazado´ a esa autoridad judicial”.

“Como hombre de derecho, soy respetuoso de las leyes y la verdad como parámetros de conducta y la difusión de esa falsedad me obliga a pedirle una rectificación”, indica la carta.

“Tal y como admite la entrevistada, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional emitió un comunicado en fecha 15 de marzo del presente para hacer conocer que asumirá todas las acciones enmarcadas en la Ley, después de que la mencionada administradora de justicia benefició con libertad irrestricta al cabecilla de una organización irregular”

“Transcribo el contenido literal de ese texto: ‘COMUNICADO. El ministerio de Justicia y Transparencia Institucional expresa su profunda preocupación por las consecuencias de la decisión judicial que benefició con libertad irrestricta a Yassir Molina, cabecilla de un grupo irregular que protagonizó graves hechos violentos y perpetró delitos en contra de derechos de la ciudadanía, especialmente en la ciudad de Cochabamba.

Esta cartera de Estado realiza una revisión de las actuaciones de la autoridad jurisdiccional en cuestión y asumirá las acciones que le competen de acuerdo con la Ley.

La administración de justicia debe priorizar en todo momento la preservación de la seguridad y bienestar de la sociedad como bien supremo.

En este caso, el fallo benigno a favor de un sindicado de organizar y participar en grupos armados, pone en riesgo la vida e integridad de sus víctimas.

Por esta razón, se agotarán todas las acciones judiciales y constitucionales necesarias para preservar los derechos de quienes sufrieron esos atentados", menciona el comunicado.

Al respecto, la carta enviada este sábado por el ministro Lima, añade que “el mencionado periodista divulga esa acusación sin haber solicitado la contraparte, requisito que Página Siete reconoce en el numeral 2.9 de su Código de Ética”

“Es lamentable que un anuncio de cumplimiento de la ley provoque este tipo de difamaciones en un contexto de ataques políticos que buscan victimizar a los autores, cómplices y partícipes de las masacres, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos del golpe de Estado”, menciona la carta.

“La saludo atentamente y le reitero mi pedido de rectificación y publicación de esta carta apoyado en los artículos 24, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y el inciso 2.5 del mencionado código ético”, indica la misiva enviada por Lima.

En la primera Sesión Ordinaria del Consejo de Política Integral para la eliminación del tráfico ilícito de sustancias controladas, coca excedentaria y prevención del consumo de drogas (CPI) aprobó el reglamento de funcionamiento y la política antidroga para el período 2021 – 2025.

“En la sesión se aprobó el reglamento de funcionamiento del Consejo de Política Integral y también la Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025, que tiene como objetivo reducir el narcotráfico mediante cuatro componentes”, señala un boletín de prensa.

Según el documento, el Consejo basará su trabajo en el control del tráfico ilícito de sustancias controladas; el control de la expansión de cultivos de coca; el abordaje integral del consumo de drogas; y la regionalización y coordinación internacional.

El nuevo CPI fijará las nuevas tácticas y estrategias mucho más eficientes y efectivas en cuanto al tráfico ilícito que existe en Bolivia, ya que durante el Gobierno de facto se incrementó de manera considerable.

La estrategia también cuenta con un eje transversal sobre género, derechos humanos y medio ambiente para Vivir Bien.

El pasado 06 de enero, mediante la Ley N° 1358, se modificó la Ley N° 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, por la cual se conformó el CPI como máximo órgano para la aprobación, seguimiento y evaluación sobre las políticas de drogas.

El Consejo se encuentra conformado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Gobierno, Defensa, Salud y Deportes, Educación y Desarrollo Rural y Tierras.