El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que una investigación iniciada por un presunto tráfico de vacunas contra el COVID-19 en un inmueble que funcionaba como clínica en la ciudad de La Paz se ampliará hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

“Tenemos una queja en Santa Cruz que la vamos a atender y también hemos recibido (denuncias) de Cochabamba”, manifestó, citado en un boletín institucional.

La autoridad hizo la declaración durante una operación conjunta con la Policía Boliviana realizada ayer, lunes, en un establecimiento que operaba como clínica en la zona de Villa Fátima de La Paz que aplicaba supuestas vacunas contra el COVID-19, donde también se aprehendió a dos personas.

Silva reiteró que las únicas instituciones autorizadas para la distribución de las inyecciones inmunizantes son los servicios departamentales de salud y las entidades de seguridad social a corto plazo.

En ese sentido, la autoridad explicó que se investiga el caso con tres hipótesis: la sustracción de los reactivos de depósitos de un servicio departamental de salud o una caja de salud; la comercialización de otro tipo de reactivo, lo que podría poner en riesgo la vida de la población o el contrabando de vacunas.

“Nos preocupa enormemente este tema porque no sabemos si estas vacunas son originales, si son truchas o si se está internando al país vacunas por contrabando”, dijo.

Por último, Silva mencionó que si los fármacos hallados en el inmueble que funcionaba como clínica son inoculantes originales para el COVID-19 sería grave, porque eso “significaría que de las cajas o los servicios departamentales de salud se estaría sustrayendo estas vacunas para ponerlas a la venta a través de estos consultorios privados o clandestinos”.

“Sería grave si fueran vacunas truchas o que sean otro producto, porque eso sería letal para la vida de las personas que se estarían animando a ir a estos consultorios a hacerse vacunar”, finalizó.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, desmintió el cambio de administración en el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana Bol-110, en el municipio de Cochabamba, por presunta manipulación política.

“Se trata de una noticia malintencionada, manejada políticamente y sin fundamento”, lamentó la autoridad a tiempo de desmentir la información publicada en un medio de difusión escrita sobre el supuesto manejo que permitiría el cambio de oficiales de la Policía Boliviana a personal civil afín al partido de Gobierno.

Ríos lamentó que durante la gestión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez se paralizara el avance de la normativa que permite el funcionamiento del Bol-110 a nivel nacional, y que fuera devuelta por la Cámara de Diputados debido a que no se encuentra contextualizada con la realidad nacional; en ese entendido, indicó que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana trabajará en la actualización y modificación de la propuesta de ley. 

Acotó que en su gestión se priorizará la articulación de entes de seguridad ciudadana en gobernaciones y municipios con la participación de la Policía Boliviana y que también será reforzada para mejorar la percepción de la seguridad en el país.

“Además se implementarán estrategias de seguridad en la comunidad, organizaciones sociales, asociaciones de madres y se conformará una comisión para coadyuvar el trabajo con municipios, gobernaciones y el Gobierno nacional”, explicó.

El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, informó este martes que el juez instructor cautelar de San Borja dispuso la detención preventiva de Freddy P. L., de 31 años, y Luciano P. C., de 27 años, quienes están imputados por el asesinato de René C. T., de entre 16 y 19 años, en la comunidad tsiman Catumere.

“El Ministerio Público demostró que existen suficientes indicios que hacen presumir la participación de los imputados en el hecho y se ofreció pruebas consistentes en las declaraciones testificales, muestrario fotográfico de la exhumación, informe de necropsia realizado a la víctima, acta de registro del lugar y otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo, citado en un boletín institucional.

Según Vásquez, la decisión fue tomada en una audiencia de medidas cautelares y la detención preventiva deberá ser cumplida en la carceleta de San Borja.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el 23 de marzo de 2021, cerca de las 16.30, en la comunidad Catumere del municipio de San Borja, en el departamento del Beni, cuando René C. T. fue sindicado por la comunidad de haber matado al suegro de uno de los ahora imputados.

Lo sucedido se conoció la mañana del 7 de abril de 2021 mediante un vídeo que circuló en las redes sociales, en cual se observa a una persona que habría sido quemada viva.

Un equipo multidisciplinario se trasladó hasta la comunidad y realizó la exhumación del cuerpo de René C. T. para que el médico del Instituto de Investigaciones Forenses realice la correspondiente necropsia, que determinó como causa de muerte “gran quemado y falla multiorgánica”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó este martes 25 motorizados recuperados por el personal de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove), entregó cuatro a sus propietarios y pidió que el resto sea recogido de los depósitos policiales de la ciudad de La Paz.

“Tenemos camionetas, vagonetas, minibuses, motocicletas, entre otros. Estos vehículos y motocicletas se encuentran en garajes autorizados de Diprove de la ciudad de La Paz y los dueños pueden apersonarse a la Policía Boliviana y a Diprove para poder recoger sus motorizados”, manifestó, en un acto público.

Asimismo, Del Castillo mencionó que Diprove tiene 1.016 motorizados en los depósitos de todo el país, que están listos para ser devueltos a sus propietarios.

Detalló que el lote cuenta con 172 vehículos de cuatro ruedas y 844 motocicletas, que serán exhibidos en cada departamento a la brevedad posible para que sus dueños puedan recogerlos.

“Nuestro compromiso siempre está en la lucha contra la delincuencia y esta lucha es constante y con acciones de hecho que los demostramos día a día. Quiero felicitar el trabajo que está realizando la Policía Boliviana”, manifestó.

Una de las personas que recibió su vehículo, Rubén A., agradeció por la recuperación de su motorizado, que fue robado el año pasado cuando él fue drogado por un jugo que le invitó una de dos pasajeras que transportaba hacia el Puente Vela de la ciudad de El Alto.

“Encontramos (el vehículo) en la feria de Oruro y me siento muy feliz. Muchas gracias”, sostuvo.

Finalmente, Gustavo S.A., un taxista de la tercera edad expresó también su agradecimiento, porque su vehículo fue recuperado a seis meses de que le fue robado por dos personas que pidieron ser llevados hacia Viacha y que lo ahorcaron hasta el desmayo.

“El auto estaba en Oruro (…). Gracias a mi investigador, con él nos hemos movilizado, hemos ido a Oruro y ya lo hemos trasladado (a La Paz), concluyó.