El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe Mamani, informó este martes que el Ministerio Público admitió las cuatro proposiciones acusatorias presentadas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros colaboradores de su gestión.

Las proposiciones fueron remitidas al Tribunal Supremo de Justicia mediante proveído a la sala penal correspondiente.

“En primera instancia, se analizó el contenido de las proposiciones acusatorias y luego de verificar la existencia de la identidad penal, fueron remitidas a control jurisdiccional el 17 de marzo del año en curso. En esta etapa preliminar tenemos 30 días para desarrollar actos investigativos correspondientes para luego emitir el requerimiento conclusivo y remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme establece la Ley N° 044”, indicó Quispe, citado en un boletín institucional.

Explicó que los delitos denunciados son: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación, entre otros.

Según Quispe, la primera proposición acusatoria es por la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327,7 millones, el cual no habría tenido la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El segundo caso tiene que ver con el Decreto Supremo 4200, que habría vulnerado la libertad de expresión durante la pandemia del COVID-19. Aparentemente, la norma criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población”, para someterlos a cargos penales por delitos contra la salud pública.

La tercera proposición acusatoria está relacionada con la concesión irregular del Servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para el registro mercantil por 15 años.

Finalmente, Quispe informó que la cuarta proposición acusatoria “refiere que Jeanine Áñez, en su condición de presidenta transitoria, habría emitido órdenes inconstitucionales y anticonvencionales para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas de Chile a Bolivia durante la pandemia por el COVID-19”.

La fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, informó este martes que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas suficientes que Henrry Ferrufino Mérida, de 21 años, es autor del delito de feminicidio cometido contra Miriam R. C., de 25 años, quien murió estrangulada y con signos de violencia física, por lo que el Tribunal de Sentencia Nº 1 de Quillacollo determinó la condena a 30 años de presidio en el penal de máxima seguridad El Abra.

“Como Ministerio Público, se presentó ante los miembros del Tribunal de Sentencia, las pruebas colectadas en la investigación, entre ellas declaraciones testificales, informe policial del hecho, protocolo de autopsia, informes de las pericias de biología forense y otros actuados desarrollados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por lo que fue sentenciado por la autoridad jurisdiccional con la máxima pena y sin derecho a indulto”, informó Gonzáles, según un comunicado.

Por su parte, la fiscal de Materia, Faridy Arnez, señaló que el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2019, en el municipio de Colcapirhua. Aquella vez, Miriam R. C. consumía bebidas alcohólicas en un local con unos amigos, entre ellos Henrry Ferrufino Mérida y, aproximadamente a las 23.30, ella salió del lugar en compañía del ahora sentenciado y una empleada del local para abordar un taxi.

El taxista se dirigió a la vivienda de Henrry, ubicada por la avenida Reducto, donde también se quedó Miriam. Luego, el vehículo se fue a la vivienda de la empleada del local. Al día siguiente, vecinos del lugar hallaron el cuerpo abandonado de la mujer en un terreno agrícola, por lo que llamaron a la Policía.

Según el informe de autopsia elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses, la víctima falleció por anoxia cerebral y asfixia mecánica por estrangulamiento, además presentaba signos de violencia física y violación sexual.

La Defensoría del Pueblo ratificó que los derechos de la exsenadora Jeanine Áñez, ahora recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, son completamente respetados y que además recibe una adecuada atención en salud, tras hacer el seguimiento a este caso.    

“La Defensoría ha hecho un seguimiento desde el momento de la aprehensión en el departamento de Beni, en el departamento de La Paz, donde a entrevista de la señora ha señalado que se encontraba en condiciones, que no se habían generado ningún tipo de abusos, ningún tipo de excesos por parte de las autoridades policiales, específicamente, o de otras autoridades o servidores públicos”, informó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

En relación a la atención médica que Añez recibe en este centro de reclusión, Cruz manifestó que, luego de realizada una inspección, se verificó que son adecuadas, particularmente con la imputada.

“En ese marco, sí debemos saludar, hemos realizado la visita al centro de Miraflores, la verdad ojalá esas condiciones las pudieran dar de una forma más expansiva para todas las personas privadas de libertad”, señaló.

Según el informe de la Defensora, en el penal de Miraflores se amplió el servicio médico y la unidad de emergencia estacional. “Entendemos que eso beneficiará a la señora Áñez, así como de las otras personas privadas de libertad que se encuentran en el lugar”, sostuvo.

Asimismo, calificó como un avance significativo que el penal de Miraflores cuente con dos médicos de turno para cubrir a diario las necesidades de la población penitenciaria.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que en el caso de los tres juicios de responsabilidades admitidos por la Fiscalía General del Estado en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, será la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que en definitiva determinará su continuidad por dos tercios de votos de sus integrantes.

“La decisión debe ser tomada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa. Solamente, en esa eventualidad podrían continuar los juicios que se desarrollan ante el Tribunal Supremo de Justicia”, detalló Lima en entrevista con Cadena A.

Respecto a los casos admitidos Lima explicó que, “tienen que ver con el crédito del FMI que se recibió de parte del país sin autorización de la Asamblea Legislativa, por decisiones del Órgano Ejecutivo; y, los otros dos juicios de responsabilidades tienen que ver con el tema de derechos humanos”.

La autoridad aclaró que la proposición acusatoria solamente abarca a Áñez, que es la única que tiene juicio de responsabilidades. En ese marco, anunció que en los próximos días la Fiscalía tomará declaraciones a todas las personas que ellos consideren que aporten elementos para poder decidir si van a presentar el caso ante la ALP.

Al respecto, el Artículo 184 numeral 4 de la Constitución Política del Estado, establece: “Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato”.

“El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento”, agrega el texto constitucional.