El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, destacó este lunes el inicio del proceso de institucionalización del Ministerio Público con la realización de la prueba escrita de conocimientos de los postulantes a fiscales departamentales.

“El día de hoy en Sucre dan su examen todos los candidatos a fiscales departamentales del país, a partir de este proceso de institucionalización ya no se va a elegir a dedo a los fiscales”, dijo a tiempo de explicar que “han concursado destacados profesionales”.

“Vamos a tener -espero esta semana-, fiscales institucionalizados, esa es una garantía de la independencia”, destacó el titular de Justicia, citado en un boletín institucional.

En pasados días, la Fiscalía General del Estado lanzó una convocatoria pública externa para desarrollar el proceso de selección de fiscales departamentales, en el marco de la institucionalización e independencia de esa instancia del Estado.

En ese sentido los postulantes habilitados al proceso de selección y designación de fiscales departamentales, iniciado mediante “convocatoria pública externa para fiscales departamentales 001/2021”, durante esta jornada serán sometidos a una prueba escrita de conocimientos.

La prueba fue convocada para las 14.00 en el salón auditorio de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

La directora Ejecutiva del Instituto de Terapia de Investigación (ITEI), Emma Bolshia Bravo Cladera, informó este lunes que durante los hechos de violencia de 2019 en La Paz se evidenció el uso de balines de plomo y no así de goma como los encontrados en los hechos  de violencia de 2003.

El ITEI es una ONG boliviana con sede en la ciudad de La Paz inaugurada en 2001 y una de las primeras en elaborar un informe preliminar en 2019 sobre los conflictos poselectorales de ese año, documento que fue entregado en febrero de 2020 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto de esa gestión dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones, con masacres en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba y operativos conjuntos entre FFAA y la Policía Bolivia. Esos hechos fueron comparados hoy por la experta con los hechos del denominado Octubre Negro de 2003 donde hubo represión contra 63 personas que fallecieron por represión militar.

“En octubre de 2003, sacamos muchos balines de goma de las personas que habían recibido impacto, estaban a flor de piel, era bastante fácil de sacarlos; esta vez, (en 2019) nos topamos con balines de plomo; había un caso de un señor que le había entrado el balín por el abdomen, y el proyectil recorrió todo el cuerpo y se fue a alojar cerca de la columna”, aseveró en entrevista con Bolivia Tv.

“La diferencia grande es que esos balines de 2003 a estos del 2019 son balines de plomo y que además se pasean por el cuerpo, no están a flor de piel”, insistió y pidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda hallar más evidencias de los responsables.

El ITEI se encarga de hacer campaña para víctimas de represión, tortura, exilio y otras formas de represión estatal, en particular por las personas con estatus social bajo, los pueblos indígenas y los miembros de grupos políticos que luchan por sus derechos se ven afectados.

“Hemos visto 96 casos en las celdas de la FELCC en La Paz, celdas judiciales; posteriormente, en los penales de San Pedro, Obrajes y Miraflores. Sobre eso se basa nuestro informe, sobre esos 96 casos que vio el ITEI y que en el momento documentó”, indicó.

El informe “Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre de 2019 en La Paz – Bolivia, casos atendidos por el ITEI” fue entregado a la CIDH, a la Organización Mundial Contra la Tortura, a la Asociación por la Prevención de la Tortura con sede en Ginebra, al Consejo Internacional por la Rehabilitación de Víctimas de Tortura con sede en Dinamarca y a la Asociación de Cristianos contra la Tortura.

En audiencia realizada este domingo en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, el juez Ángel Mendoza rechazó el recurso de Acción de Libertad presentado por el exministro de la Presidencia del régimen de facto Yerko Núñez.

El recurso legal presentado por Núñez tenía el objetivo de anular la orden de aprehensión en su contra por el caso golpe de Estado, en el que es acusado por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

El argumento para denegar el recurso fue que la defensa del exministro no acudió, como manda el procedimiento, primero ante un juez cautelar que trata la causa.

Nuñez se declaró en la clandestinidad luego de que se procediera a la aprehensión de Jeanine Áñez y dos de sus exministros del régimen de facto la pasada semana.

La expresidenta de facto Jeanine Áñez fue trasladada del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores con su pleno consentimiento y conocimiento, pues estampó su firmaen el documento que ordena la trasferencia.

Cerca de la 01.00 del sábado, la exsenadora fue trasladada al penal de Miraflores, donde permanecerá recluida con todas las condiciones necesarias para su atención médica.

Horas después del cambio de recinto penitenciario, algunos medios de prensa informaron que el Gobierno trasladó a Áñez en una ambulancia con engaños y reprodujeron las declaraciones textuales de la exmandataria: “Me sacaron diciendo que iba a la Clínica del Sur”.

Sin embargo, la mentira quedó al descubierto luego de que el Ministerio de Gobierno hizo público un documento en el que se evidencia que la exgobernante de facto rubricó su firma en el escrito que señala de forma contundente: “Disponer el traslado administrativo excepcional de la interna Jeanine Áñez Chávez del Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores del departamento de La Paz”. No hay lugar a ningún equívoco.

El documento agrega que el “Recinto Penitenciario Femenino de Miraflores, al ser un recinto que no tiene niveles de hacinamiento ni sobrepoblación de internas, cuenta con un ambiente destinado al área de salud el cual tiene equipamiento para brindar la atención, la cual garantiza el acceso a la salud en cumplimiento de los protocolos médicos y medidas de bioseguridad”.

El traslado se realiza al amparo de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que señala: “El Director General de Régimen Penitenciario, excepcionalmente, podrá disponer el traslado inmediato de una privada o privado de libertad a otro recinto penitenciario, cuando exista riesgo inminente de su vida o cuando su conducta ponga en riesgo la vida y seguridad de los otros privados de libertad”.

En ese sentido, el traslado se produjo con el fin de precautelar la vida de Áñez, acción que está prevista en la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el “bienestar, el desarrollo, la seguridad, y la protección y la dignidad de las personas”; así como en normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

El sábado, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que se autorizará el ingreso de un familiar y el médico de cabecera de la exsenadora Jeanine Áñez al penal de Miraflores para garantizar que reciba la atención correspondiente en cuanto a su salud.