"Las mujeres hemos sido golpeadas por ese grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala", relata María Javier, responsable legal de los familiares y víctimas de la masacre de Huayllani, Sacaba, quien dijo que esa matanza ocurrida en 2019 derivó en la existencia de 102 personas heridas, la mayoría de bala, que ahora ya no puede trabajar para llevar el sustento a sus hogares.
Ella fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.
Relató que, en noviembre de 2019, centenares de personas salieron del trópico de Cochabamba para marchar en repudio a los actos de violencia, discriminación y abusos cometidos por integrantes de la agrupación paramilitar "Resistencia Juvenil Cochala" en contra de las mujeres de pollera.
Sin embargo, los integrantes de esa agrupación irregular volvieron a agredir la nueva marcha, golpearon a las mujeres y atacaron algunos domicilios, como los de Leónida Zurita y de la propia María Javier.
"Las mujeres salieron en marcha en rechazo a la humillación que se le ha hecho a la mujer de pollera (…), empezaron las represiones. Nuestras hermanas que salieron del trópico de Cochabamba han sido agredidas por la Resistencia Cochala en laguna Alalay, por el túnel del Abra", manifestó.
Además de ello, varias personas fueron asesinadas y al menos 102 resultaron heridas, dijo la entrevistada, quien indicó que varios de los afectados ya no pueden trabajar debido a las lesiones recibidas.
Señaló que uno de los heridos perdió su ojo debido al impacto de una bala, otro recibió el proyectil en el brazo, otra sufrió fracturas en el brazo por los golpes propinados por los policías y militares, entre otros casos.
Lamentó que los operadores de justicia hayan encarcelado e impuesto sanciones económicas de hasta Bs 70.000 a los campesinos marchistas que salieron a defender la democracia mientras que establecieron multas mucho menores a policías procesados por incurrir en esos hechos de violencia.
