El hecho de que una madre entierre a un hijo es algo que nadie desea. Juana Mérida lo refleja en su semblante mientras relata que César, su hijo mayor, le hará falta siempre. Lo extraña y lo llora.
El 2019, un operativo de fuerzas combinadas en la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, quitó la vida al universitario de 18 años mientras era parte de una marcha. Esa jornada, otras nueve personas fallecieron y 120 quedaron heridas. Los uniformados usaron armas de fuego.
“Se despidió y dijo: ‘Para tres días voy a ir, mami. No te preocupes. No reniegues, te vas a enfermar’”, contó Juana, a casi dos años de los hechos, en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.
Después de despedirse de su madre que estaba embarazada ese 15 de noviembre de 2019, César Sipe se sumó a las movilizaciones organizadas por habitantes del trópico cochabambino contra el régimen de Jeanine Áñez y en demanda de respeto a la democracia.
Durante la protesta en Sacaba, recibió dos impactos de bala en el abdomen. Mientras se desangraba, sus compañeros usaron las redes sociales para comunicarse con su madre y anoticiarla del hecho. Cuando ella llegó al lugar, encontró a su hijo en un ataúd.
El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.
Hoy, Juana Mérida pide que los responsables de los hechos sean sancionados y relata: “Tengo que llorar día y noche en memoria de mi hijo. No lo puedo olvidar. Siempre pido a Dios que se haga justicia”. “Extraño mucho a mi hijo, lloro todos los días”, añade al contar su pena.
