Santa Cruz, 26 de marzo de 2024 (ABI).- El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Juan Carlos Valles, instó este miércoles a los asambleístas a aprobar el crédito de Emergencias por Desastres Naturales y Salud Pública, por un monto de hasta $us 250 millones, que se encuentra en la Cámara de Senadores, ante la magnitud de las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas lluvias.
“Hacemos un llamado a la asamblea nacional, a nuestros diputados y senadores, si bien aprobaron el financiamiento de 75 millones de dólares, viendo la realidad nacional no será suficiente. Cada organización social que exige atención a alcaldes, exijan también a los legisladores de sus regiones a aprobar el financiamiento que está estancado por más de un año, un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para atender inundaciones, sequías, incendios de 250 millones de dólares”, dijo Valles.
Santa Cruz fue declarado en emergencia departamental debido al desborde de ríos e inundaciones provocadas por las intensas lluvias.
Los municipios declarados en desastre son Pailón, Lagunillas, Cuatro Cañadas, Ascensión de Guarayos, San Julián y Moromoro, mientras que El Puente, Yapacaní, Okinawa y Camiri se declararon en emergencia.
Valles destacó que la situación que vive Santa Cruz, y los otros departamentos, debe llamar a la reflexión a cada autoridad electa para satisfacer las necesidades de las familias damnificadas.
A la fecha, las inundaciones afectaron a 209 municipios y a más de 378.800 familias en los nueve departamentos.
En tanto, en la sesión de este miércoles, la Cámara de Senadores prevé el tratamiento del proyecto de ley que autoriza al Estado un crédito para Emergencias por Desastres Naturales y Salud Pública por $us 250 millones.
El crédito se aprobó el 23 de enero en la Cámara de Diputados.
Los recursos económicos permitirán al país fortalecer su capacidad para desplegar una respuesta rápida y efectiva ante el impacto de eventos extremos, incluyendo actividades de asistencia humanitaria, la reconexión de servicios públicos y la rehabilitación temprana de infraestructura crítica, entre otras medidas de respuesta inmediata.
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