La Defensoría del Pueblo exigió este miércoles al Ministerio Público que investigue y sancione a los autores de la agresión que sufrieron Marco y Devi, dos personas que forman parte del Colectivo Trans, Lésbico, Gay y Bisexual (TLGB) de Bolivia.

“Lamentablemente, este tipo de casos no son aislados en nuestra sociedad, debido a que la población LGTB sigue siendo víctima de odio e intolerancia, que en nuestro país se constituyen en hechos delictivos. Este caso no sólo merece el reproche y la asistencia de organizaciones ligadas a la problemática, sino también una sanción penal”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, citada en un boletín institucional.

Ambos jóvenes fueron agredidos en la ciudad de El Alto, el fin de semana pasado, al salir de una reunión. Los dos recibieron golpes en la cabeza, pero Marco resultó con daños severos pues fueron afectadas las córneas de sus ojos y requiere una operación para salvar la vista. Devi está con lesiones que no revisten gravedad.

La Defensora del Pueblo reiteró la exigencia de que el Ministerio Público actué con severidad y recordó que el racismo y la discriminación se constituyen en delitos penales, con la agravante de que este tipo de hechos se cometen con móviles relacionados a la discriminación por identidad de género y orientación sexual.

De acuerdo con la información de la Defensoría, la Coordinación Regional de El Alto realiza el seguimiento del caso, gestiona la otorgación del certificado médico forense y coordina con Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) para que esta institución presente la denuncia ante el Ministerio Público.

Epifanía Aguilar, una mujer aymara que decidió marchar en busca de justicia hacia la ciudad de La Paz, recibió este miércoles el apoyo de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani; además de asistencia jurídica.

“Viceministra @HuacaniMiriam junto a una comisión técnica del @MinJusticiaBol llegó hasta el lugar donde se encontraba Epifanía Aguilar quien denunció maltratos durante 40 años de su propio hermano. Procedemos a la evaluación jurídica y se brindará el apoyo respectivo”, informó el ministro de Justicia, Iván Lima, mediante su cuenta en Twitter.

La víctima sirvió durante 40 años a su hermano, quien además destrozó la casa donde vivía Epifanía, le quitó su dinero y el ganado que logró con cuatro décadas de trabajo, reflejó la prensa.

“El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades va actuar protegiendo a todos los sectores vulnerables de manera urgente e inmediata. Los escuchamos y leemos a tod@s, gracias por ayudarnos a identificar los casos más graves. Twitter de la Viceministra @HuacaniMiriam”, agregó Lima.

La Asociación Nacional de Avicultores (ANA) rechazó este miércoles cualquier intento de dictar una cuarenta rígida por el rebrote de coronavirus.

Su presidente, Ricardo Alandia, expresó que “una cuarentena no es la solución, en cualquier contingencia sanitaria, los alimentos son primordiales, la seguridad alimentaria la tenemos por mandato constitucional”.

Alandia indicó que “si me demostraran que con una cuarentena rígida va a mejora o se va cortar la pandemia, yo le diría que ‘sí’, pero no estoy de acuerdo con una medida que perjudica al sector productivo y que no nos garantiza nada”.

La posición del empresario surgió en respuesta al pedido del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (SEDES) de dictar 14 días de suspensión de actividades para evitar el ascenso de casos de COVID-19.

“Yo no entiendo como el SEDES o el COED asusta a la gente dando datos cuando están haciendo 1.000 pruebas diarias. No se hace una curva epidemiológica con 1.000 pruebas, deberían hacerse 5.000 diarias para tener una idea exacta, pero lo único que hacen esas cifras diarias es asustar a la gente y si usted se asusta, bajan sus defensas”, argumentó el titular de la Asociación.

Para Alandia, el sector avícola garantiza los alimentos para la población “porque no se hace cuarentena sin alimentos”.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (FENAV), Edgar Sandóval, se refirió a la situación de emergencia que vive el sector por la caída del 30 por ciento de su producción debido al desabasteciendo de insumos por parte de las empresas aceiteras. En ese sentido, pidió al Gobierno buscar soluciones.

Los representantes de diferentes sectores económicos de La Paz calificaron este miércoles a Luis Revilla como un alcalde inoperante e incompetente, en protesta por las nuevas restricciones que dictó la municipalidad para evitar la propagación del coronavirus.

Gremiales, transportistas, artesanos y dueños de negocios, entre otros, lamentaron que el alcalde haya impuesto medidas que frenan la reactivación económica y la generación de empleos.

“El alcalde creo que no se da cuenta de esta problemática y realmente me parece un total inoperante e incompetente con sus decisiones, porque él no consulta”, dijo el presidente de la Asociación de Discotecas, Restaurante y Anexos, David Montesinos.

En lugar de interrumpir las actividades económicas, los sectores afectados por las restricciones plantean reforzar los controles y medidas de bioseguridad en los comercios.

"Mi asociación está en una situación muy crítica, el Alcalde tomó determinaciones en las cuales nosotros no fuimos consensuados (…). Este señor toma decisiones arbitrarias", agregó Montesinos.

La determinación de que solo el 50% del parque automotor del transporte público podrá operar a partir de mañana (jueves), también generó la protesta de los choferes.

"Nosotros no estamos en contra de la salud (…), el problema está en que el alcalde quiere manejar al transporte a su antojo", dijo el dirigente de la Federación de Choferes de La Paz, Mario Silva.

Por su parte, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, advirtió que su sector no acatará las imposiciones de la Alcaldía.

“No estamos de acuerdo porque la familia gremial vive del día a  día. Nos (sumaremos)  a lo que dicen los transportistas en no acatar la norma porque nos afecta en lo económico”, dijo.

En contrapartida, el secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles, explicó que las restricciones para el transporte público, mercados, supermercados y otros sectores son medidas de carácter temporal y que estarán en función a la evolución epidemiológica del coronavirus.