El Ministerio de Salud y Deportes informó que este jueves, de acuerdo al diagnóstico masivo de COVID-19, se realizaron 9.638 pruebas, 1.783 dieron resultado positivo y 7.855 resultaron descartadas.

A la fecha, el acumulado nacional es de  314.190 contagios, de los cuales 42.971 continúan activos, según el reporte emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes, indica un reporte de prensa institucional.

El registro de casos por departamento es el siguiente: 602 en Santa Cruz, 546 en Cochabamba, 183 en La Paz, 131 en Oruro, 129 en Chuquisaca, 107 en Tarija, 54 en Beni, 19 en Potosí y 12 en Pando.

El reporte incluye que 791 pacientes se recuperaron favorablemente, vencieron a la enfermedad y recibieron su alta médica. El total acumulado de casos donde las personas se recuperaron, alcanza a 258.068 a nivel nacional.

Durante este jueves se registraron 28 decesos. Las víctimas fatales eran residentes de: Santa Cruz 8, Cochabamba 8, Beni 5, Chuquisaca 3, La Paz 2, Pando 1 y Oruro 1, indica el reporte de prensa.

Mediante la línea gratuita de atención COVID-19, 800 10 1104 se realiza el monitoreo de 1.817 personas que se encuentran con sospecha de portar la enfermedad, agrega el informe.

Por otro lado, la inmunización contra el coronavirus avanza favorablemente en el territorio boliviano, hasta el momento se aplicaron  966.546 entre la primera y segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.

De acuerdo al reporte de vacunación masiva, hasta este jueves 710.240 salubristas y personas de la tercera edad con y sin enfermedad de base recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 256.306 recibieron la segunda dosis.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba, sancionó a diez unidades educativas particulares de los municipios de Quillacollo, Punata, Vinto y Quillacollo, porque incumplieron con el descuento de pensiones dispuesto a nivel nacional mientras dure la pandemia por el COVID-19, informó este jueves el dirigente de padres de familia, Ernesto Suárez.

“Se sanciona a diez colegios de Cochabamba”, manifestó en una entrevista con una canal de televisión local.

El Ministro de Educación confirmó, en febrero, la vigencia de una tabla de descuentos entre el 10%, 25% y 35% para el pago de pensiones en colegios particulares, mientras dure la aplicación de la modalidad de enseñanza a distancia por la pandemia del COVID-19.

Según Suárez, la DDE determinó la aplicación de la sanción con la resolución administrativa 923/2021, que establece que cada unidad educativa debe pagar el 10% sobre el ingreso mensual de las pensiones del total de alumnos inscritos.

“La reincidencia del incumplimiento es el 20 por ciento (de multa) y posteriormente la clausura de la licencia de la unidad educativa”, acotó.

El documento difundido por varios medios de comunicación expone que las unidades educativas sancionadas son “Nuestra Señora de Urcupiña”, “Quillacollo Particular”, “Saint Andrews”, “Carachipampa” y “San Martín de Porres”, en el caso del municipio de Quillacollo.

En el caso del municipio de Punata se trata del colegio “San José”; en Tiquipaya es la unidad educativa "Tiquipaya".

Las unidades educativas “Pasitos de Sabiduría”, “Nuestra Señora del Rosario” y “Santa Isabel” son las sancionadas en el caso del municipio de Vinto.

El dirigente de los padres de familia dijo, por otro lado, que el informe sobre la situación de los colegios privados de la ciudad de Cochabamba está todavía en elaboración porque su cantidad es bastante elevada.

El documento será enviado al Ministerio de Educación para que disponga la emisión de la resolución administrativa respectiva, complementó.

“Este sábado tenemos una reunión con el ministro de Educación, Adrián Quelca, en la cual vamos a exigir que se dé prioridad en este tema porque ya hay padres de familia que están muy preocupados porque los colegios siguen cobrando sin el descuento respectivo”, finalizó.

Las víctimas de la masacre en Huayllanim en Cochabamba, "vamos a pedir justicia hasta las últimas consecuencias", manifestó este jueves Cirilo Sapa en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv.

El entrevistado relató que en noviembre de 2019 se trasladó desde el trópico de Cochabamba hasta la localidad de Huayllani para participar en una marcha que exigía el respeto a la democracia, a la bandera Wiphala y a la mujer de pollera. 

"Era una marcha pacífica, pero los policías nos empezaron a gasificar y disparar desde los helicópteros. Hubo muchos hombres y mujeres heridos. A mí me llegó una bala en la pierna", recordó y continuó que vio que a uno de sus compañeros los proyectiles le llegaron al estómago.

Luego, Cirilo fue trasladado a un hospital donde no pudieron atenderlo porque colapsó debido a que había varios heridos. Ante esta situación, acudió a otro nosocomio para que lo auxilien y después retornó a su casa para curarse con medicinas naturales. 

Para sanar su pierna no tuvo que trabajar cuatro meses. Pese a que aún siente dolores y molestias, volvió a su rutina laboral porque debe cubrir los gastos de su hogar conformado por su esposa y dos hijos  de ocho y seis años. 

Luego de un profundo suspiro, Cirilo pidió justicia no sólo para él, sino también para sus compañeros que sufrieron represalias por los policías y militares en la masacres de Huayllani y Senkata.

"Aquella vez, muchos compañeros sufrimos humillación y discriminación. Por esto, a las autoridades del actual Gobierno les pedimos que se haga justicia y se cumpla las leyes", remarcó el entrevistado.

Ismael Marquina, sargento de policía que en 2019 decidió no plegarse al motín de sus entonces camaradas, testimonió que tras ser detenido, acusado falsamente de terrorismo y tráfico de armas, le pidieron que para ser liberado entregue a tres dirigentes del trópico de Cochabamba.

“¿Qué me decían?, 'tienes dos opciones Marquina, entréganos a Andrónico, a Leonardo y a Leónida Zurita y no te metemos a la cárcel'”, relató.

Marquina estuvo incomunicado por tres días sin abogado, sin visitas familiares y sin alimento, además de ser víctima de maltratos de parte de sus propios excolegas que lo catalogaban como traidor y masista.

“Me llevaron al grupo DACI, donde me hicieron lo que querían porque dependían directamente de Arturo Murillo. Estuve esperando que se cumpliera las 8 horas para que me suelten y no comprobaron nada y tampoco me soltaron”, comentó.

Posteriormente, después de su audiencia de medidas cautelares, fue trasladado a la cárcel de Abra como un preso más, pese a que había cumplido con todos los requisitos para su liberación y que no se le había comprobado ninguna de sus acusaciones.

“En la cárcel del Abra estuve nueve meses y luego de cuatro audiencias y nueve apelaciones conseguí la detención domiciliaria con dos custodios en plena pandemia; se me impuso una fianza de 30 mil bolivianos, arraigo y una firma cada diez días, todo eso se me impuso para que no pueda cumplir y nuevamente retorne a la cárcel”, recordó.

Sobre los hechos del puente Huayllani, en Sacaba, dijo que para que se ejecute esa masacre hubo una cadena de mando y, como muchos que participaron del golpe de Estado, están identificados.

"Quisiera que los que han sido responsables paguen por sus actos, no por política, hubo víctimas inocentes que salieron a hacer una manifestación, una protesta que es su derecho. Los responsables existen hay quien llamó a la convulsión social, hay quién financió, y hay quién dio la orden y quienes actuaron, esas personas deben pagar sus actos. Quien llamó a la convulsión fue Carlos Mesa, quien financió (fue) Fernando Camacho, quien dio la orden (fue) Jeanine Áñez a través de su gabinete y actuó el alto mando policial y militar", concluyó.