El gobernador de Potosí, Eloy Calizaya, saludó este jueves el 476 aniversario de la fundación de la Villa Imperial y destacó que esta tierra es la cuna del litio, que será el sostén de la economía boliviana.

“Un saludo cordial a la tierra generosa que es Potosí y un abrazo fraternal a todos sus habitantes. Hoy se recuerda el 476 aniversario de la fundación de Potosí”, dijo Calizaya en contacto con el canal estatal Bolivia Tv.  

En ese marco, la autoridad departamental resaltó que esta región destaca en Bolivia y el mundo por la hospitalidad de su gente, sus atractivos turísticos, su cultura, su gastronomía, pero principalmente por sus riquezas naturales, entre ellas la plata y el litio.  

“Después del cerro rico de Potosí, el litio generará un nuevo movimiento económico no sólo en Potosí, sino también en Bolivia, el litio será el sostén económico de nuestro país”, destacó el Gobernador.

Asimismo, manifestó que se lamenta la paralización de las obras en la fábrica estatal de cemento; sin embargo, se espera la reactivación y la construcción del aeropuerto internacional y hospitales de tercer nivel.

En pleno salar de Uyuni, el Gobierno del presidente Luis Arce lleva adelante la ejecución de proyectos de procesamiento de litio, con las plantas de Cloruro de Potasio, de Carbonato de Litio y de baterías a escala piloto e industrial.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, ratificó este jueves que toda persona que ingrese a territorio boliviano debe contar con la prueba PCR negativa, ante la manipulación informativa respecto a una supuesta eliminación de esa obligatoriedad que está establecida y vigente en el Decreto Supremo 4481 emitido por el Gobierno nacional.

“El decreto 4481 ha sido emitido junto con el decreto 4480, y ha habido manifestaciones de manipulación de la información, porque si bien un artículo del decreto 4480 establece que se elimina los mecanismos de control de las pruebas PCR, es porque el decreto 4481 está directamente orientado, a las medidas que se van a llevar adelante”, explicó.

“Vale decir y, en conclusión, que la prueba PCR, antes de tomar un vuelo para ingresar a nuestro país, está totalmente vigente y si es que las personas van a ingresar a nuestro país por vía terrestre también se les va a exigir la prueba PCR con una antigüedad no mayor a 72 horas”, detalló.

La norma también establece que las personas que ingresen al país para quedarse deben guardar una cuarentena de 10 días, y al séptimo día realizarse otra toma de muestra PCR para garantizar que continúe negativa y pueda abandonar el confinamiento.

“Generalmente la cuarentena debe ser domiciliaria a menos que se detecte en el punto de control, y si se detectase en el punto de control nosotros ya estamos proveyendo centros de recuperación donde se les haga el control respectivo para estas personas”, dijo Auza.

Los decretos emitidos están orientados y tienen por objeto establecer medidas de vigilancia epidemiológica en los viajeros provenientes del extranjero al Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de mitigar riesgos asociados al ingreso de nuevas cepas y variantes de la SARS-Cov-2, además de priorizar la vacunación contra el COVID-19 en las zonas fronterizas.

Cierre de fronteras

El titular del Ministerio de Salud también explicó que en el Artículo 7 del Decreto Supremo 4481 establece el cierre temporal de los puntos fronterizos con la República Federativa del Brasil por el plazo de siete días.

“Estamos determinando el cierre de fronteras con el Brasil por siete días y después todas las medidas, el tener un PCR negativo antes de embarcarse en un avión, el tener un PCR negativo antes de ingresar al país son vigentes para el resto de los países y vamos a tener vigente esta medida hasta que lo epidemiológico determine que podemos suspenderlo”, subrayó Auza.

Finalmente, recordó que antes de asumir esta determinación se tomaron medidas pertinentes en las zonas fronterizas desde el 22 de marzo. “El 21 hemos recibido acá las vacunas AstraZeneca y el 22 de marzo hemos iniciado la vacunación en estas zonas fronterizas”, apuntó.

La jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, confirmó el miércoles por la noche que recibió Bs 30.000 del gobierno de Jeanine Áñez como pago por realizar la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)” y aclaró que el trabajo lo realizó en 14 días y no en 10.

“Ambos medios (se refiere a ATB y ABI) no tuvieron el cuidado de revisar la documentación. El contrato se firmó el 29 de enero de 2020 y el trabajo fue entregado el 12 de febrero”, informó la comunicadora en su cuenta de la red social Facebook.

“Desde diciembre de 2019 hasta el 17 de febrero de 2020 yo estaba desempleada. Y durante casi un año no trabajé en ningún medio de comunicación. Por lo tanto, estaba en mi derecho de realizar consultorías o cualquier tipo de trabajo legal”, manifiesta en su descargo.

Asimismo, sostuvo que ninguno de los medios que difundió el contrato, que es absolutamente público, cumplió un requisito básico del periodismo: la “contraparte”, sin embargo, un periodista del periódico estatal Bolivia intentó comunicarse telefónicamente, pero Vacaflor no contestó.

El resultado final de la sistematización de datos fue entregado por Vacaflor vía ventanilla de recepción al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el 12 de febrero de 2020, en 18 páginas de hoja tamaño carta, anverso y reverso, además de un anexo de 53 páginas anverso y reverso, también en hoja tamaño carta.

Daniel Castro fue herido y perseguido durante los conflictos postelectorales de octubre de 2019 en el barrio Cofadena del municipio de Montero del departamento de Santa Cruz.

Aquella vez, sectores cívicos y de la Unión Juvenil Cruceñista, contrarios al Movimiento Al Socialismo, identificaron la zona como una de las afines al entonces presidente Evo Morales.

Daniel fue uno de los vecinos que salieron a protestar en contra del paro cívico cruceño que se aplicaba contra del Gobierno y que afectaba a muchas familias del lugar que se dedican a la venta al día.

“Nos identificaron y lo que hacen es cerrar el barrio Cofadena. Nadie sale a comprar ni a trabajar. Nos encerraron (en la zona). Hemos aguantado así casi dos semanas. Hicimos maravillas, porque no teníamos ni gas, buscamos leña para la olla común”, relata Castro en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Cuenta que el hostigamiento fue a tal punto que cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista aprovechaban grupos de choque y armas de fuego para atemorizar a los vecinos que se encontraban secuestrados. “Querían convulsionar, buscaron barrios afines al MAS”, dice.

Castro recuerda que ancianas del lugar tranzaron ondas para que los vecinos jóvenes defiendan a las familias que eran afectadas. Debido a la resistencia para salvar la vida, recibió dos disparos en la pierna y en el cuello, por lo que tuvo que recibir atención médica clandestina.

A casi dos años de los hechos, denuncia que el entonces cívico de Montero y ahora alcalde de ese municipio, Regis Medina, dijo: “Si quieren bala, bala les vamos a meter”. Hoy, Daniel, sobreviviente de los conflictos, confiesa: “Aún se palpita el miedo”.