El Ministerio de Salud y Deportes reportó este viernes 1.084 nuevos casos de COVID-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados ascendió a 1.250.

Según indica el reporte N° 362 de esa cartera de Estado, Santa Cruz se mantiene como el departamento más afectado por el virus, con 513 casos registrados. Le siguen La paz, con 135 contagios y Oruro, con 100.

Tarija presentó 89 nuevos casos; Cochabamba, 78; Chuquisaca, 61; Beni, 55; Potosí, 29; y Pando, 24.

El reporte también detalla que hay 1.918 pacientes sospechosos, 42.928 activos y 533.154 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 258.324 casos de COVID-19, de los cuales 203.466 se recuperaron y hubo 11.930 decesos.

Nelson Campos, se constituye en el segundo periodista de la Red Patria Nueva que sufre una agresión, en menos de una semana, por parte de militantes de frentes políticos. El hecho sucedió en Chuquisca, donde simpatizantes de la agrupación República 25, encabezada por Horacio Poppe, amedrentó al reportero, quien tuvo que permanecer en puertas del Tribunal Electoral Departamental para resguardar su integridad.

“La red de medios estatales conformada por la Agencia Boliviana de Información (ABI), Bolivia TV, Periódico Bolivia, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (SNRPO) denuncia el intento de agresión en contra del periodista de la Red Patria Nueva, Nelson Campos, propiciada por militantes de la agrupación política República 25 encabezada por Horacio Poppe, hecho ocurrido en puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca”, se lee en parte de una denuncia pública que fue difundida la tarde de este viernes.

Según se evidencia en un video difundido por Bolivia TV mediante las redes sociales, decenas de militantes de la agrupación que lidera Horacio Poppe, candidato a la Alcaldía de Sucre, vierten improperios contra el periodista en puertas del TED de Chuquisaca, quien tuvo que ser resguardado por efectivos policiales. “¡Vamos a tomar las oficinas!”, exclamó uno de los agresores.

“Condenamos que en menos de una semana se hayan registrado dos hechos similares, por lo que nuevamente exhortamos a las asociaciones y sindicatos de la prensa a pronunciarse al respecto. Asimismo, pedimos garantías para el trabajo que realizan nuestros equipos en todo el país y respeto a la libertad de prensa por parte de las agrupaciones políticas”, añade el pronunciamiento emitido por los medios estatales.

El miércoles pasado, la periodista de la Red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, también denunció que fue agredida por una militante de la agrupación ciudadana Voces del municipio de La Guardia, cuando realizaba la cobertura de vigilias instaladas por militantes de algunos partidos políticos en el exterior del centro de cómputo instalado en la Feria Exposición de Santa Cruz.

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional y representaciones departamentales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia emitieron este viernes un pronunciamiento de rechazo al comunicado de Amparo Carvajal, quien a nombre de esta institución llamó a defender a los policías y efectivos de las Fuerzas Armadas.

"Nos pronunciamos ante el equivocado comunicado publicado, que fue emitido por la señora Amparo Carvajal, en fecha 11 de marzo de 2021, donde instruye a defender a militares y policías; desconociendo los hechos ocurridos del 11 al 19 de noviembre de 2019, donde los militares y policías, salieron a las calles y cometieron actos de genocidio en contra de la población civil”, señala la parte central del pronunciamiento de la APDHB.

Asimismo, el documento refiere que en su condición de defensores de derechos humanos, “exigimos se investiguen dichos actos para poder sancionar a los autores, porque de lo contrario, significaría encubrir delitos, en una violación flagrante, a los convenios y tratados internacionales, sobre la protección de los derechos humanos así como el cumplimiento a nuestro propio Estatuto".

Asimismo, el pronunciamiento aclara que el comunicado difundido por Carvajal no hace otra cosa que velar una posición personal, misma que no fue consensuada con los demás miembros de Comité Ejecutivo Nacional y las representaciones departamentales.

En este sentido, el vicepresidente de la institución defensora de los derechos humanos, Edgar Salazar Limachi, lamentó la actitud asumida por Carvajal, recordándole que su gestión como presidenta de la Asamblea feneció hace más de dos años y que cualquier comunicado que lleve su firma es a título personal.

"Queremos rechazar el comunicado que ha sacado la señora Amparo Carvajal a nombre de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, donde pide a la población y a los activistas defensores de los derechos humanos a que salgamos a defender a las Fuerzas Armadas y a la Policía, olvidando el rol histórico de nuestra institución, que es de defender a las víctimas. Hay que recordarle que Luis Espinal ha muerto en manos de un gobierno dictatorial, de un gobierno de militares, en ese sentido vemos que no podemos desconocer nuestros estatutos", señaló Salazar.

De la misma forma, Salazar informó sobre la convocatoria a un congreso nacional a realizarse en 15 días, con el fin de defender el rol histórico de la APDHB, como defensora de los derechos humanos y renovar su directorio.

"Estamos prorrogados alrededor de dos años, se le ha exigido en varias oportunidades a que convoquemos a congreso nacional, pero ella no quiere convocar, se cree dueña de la institución, no consulta con los presidentes de derechos humanos, ni con el directorio. En ese entendido es que nos vamos a reunir con carácter de urgencia, porque por primera vez en la historia la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia llama a defender a las Fuerzas Armadas y la Policía, porque ellos, hay que recordarle, han cometido delitos de lesa humanidad en los hechos luctuosos de noviembre de 2019", ratificó.

Los huérfanos, hermanos y madres de las 36 personas asesinadas en Sacaba y Senkata, fueron quienes solicitaron las aprehensiones de los responsables de esos hechos de violencia para que Jeanine Áñez y sus ministros no fuguen del país, den la cara por sus actos y se defiendan con el debido proceso.

Las afirmaciones corresponden a David Inca, activista por los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, quien representa a las víctimas y sobrevivientes de esas matanzas ocurridas en 2019, durante el régimen de Áñez.

El representante fue consultado este viernes en el programa 180, de radio Patria Nueva, respecto a las órdenes de aprehensión emitidas por la fiscalía en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, en el marco de la investigación por el caso golpe de Estado, de 2019.

Al respecto, el representante de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba indicó que “ahora salen estas imputaciones porque justamente nosotros hemos pedido, formalmente por escrito, en un pliego petitorio, (que) de una vez se hagan este tipo de acciones jurídicas, respetando sus derechos humanos”.

“Lo único que pedimos es justicia, no es venganza. Nosotros estamos viniendo aquí a exigir justicia, de las madres, de los papás que han muerto, de los niños que han quedado huérfanos, de los papás que han dejado heridos y que ya no pueden trabajar”, indicó.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão indicó, días atrás, que una investigación técnica y científica estableció que en esas masacres fueron asesinadas 36 personas, 804 resultaron heridas, y centenares detenidas, perseguidas y torturadas.

Abrão recordó entonces que el Decreto 4078 dio carta blanca para que policías y militares disparen contra la población civil desarmada.

Ese decreto fue firmado por Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Sobre el tema, David Inca saludó la decisión de la Fiscalía de ordenar algunas aprehensiones para que “estas personas no se fuguen y que den la cara por sus actos. Como decía la señora Áñez ‘no me ha temblado la mano para poner orden en el país’; ahora que no le tiemble la mano para defenderse en justicia. Que asuma que ha ordenado matar y que no se vaya con la chicana”.

El representante de los DDHH de El Alto cuestionó la postura de Carlos Mesa, en sentido de que no se viabilizará ningún juicio de responsabilidades a Áñez. Dijo que esa obstaculización permitirá a las víctimas de las masacres acudir a tribunales internacionales.

Sobre las órdenes de aprehensión contra exjefes militares y policiales, Inca dijo que, en las declaraciones previas de los uniformados, todos coincidieron en “encubrirse” entre sí al sostener que no ordenaron disparar y que solo recibieron instrucciones de ministros y de Áñez.