La Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó este lunes los avances en la defensa y reconocimiento de los derechos de la mujer en el Estado Plurinacional de Bolivia. Además, planteó desafíos para continuar con el fortalecimiento de estas acciones, sobre todo, en un contexto de pandemia provocado por el virus del COVID-19.

“En Bolivia, se han logrado importantes avances para el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres en atención a los acuerdos internacionales: se ha alcanzado la meta de la educación primaria universal; la paridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional con un dato histórico del 56% en la Cámara Alta; y además se cuenta con una normativa de vanguardia que promueve la igualdad entre los géneros y sanciona toda forma de violencia contra las mujeres, incluida la violencia y acoso en el ámbito político”, se lee en un comunicado de la organización internacional.

El documento fue difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer que este 2021 tiene como temática “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. La ONU considera que es necesario lograr la igualdad de derechos y oportunidades.

“Sin embargo, el país enfrenta todavía enormes desafíos. En Bolivia, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza y la mayoría proviene de poblaciones rurales e indígenas. El 34,7% de las mujeres económicamente activas se concentran en el sector informal, en empleos precarios y temporales, con bajos ingresos y sin acceso a los beneficios esenciales como seguridad social, estabilidad económica, jubilación o acceso a crédito”, añade.

La ONU informa que el 35% de mujeres jóvenes entre 18 y 23 años realizan trabajos domésticos y de cuidados en el hogar, dedicando más del doble del tiempo que los varones, lo que limita el acceso a empleos que demanden jornadas laborales completas, debiendo optar por empleos informales, afectando su seguridad social y, en general, su calidad de vida.

Asevera que la pandemia causada por el COVID-19 agravó la situación de violencia machista afectando a las mujeres, niñas y adolescentes. Advierte que esa situación limitó el acceso a servicios de salud y educación y multiplicó las prácticas nocivas que tienen su raíz en la desigualdad de género.

La Fiscalía General del Estado reportó que en lo que va del año se han registrado más de 500 casos de violencia sexual y 24 feminicidios, datos que evidencia el alto riesgo al que día a día se enfrentan las mujeres.

“Pese a estos desafíos, nuestra organización observa con esperanza cómo cada vez más mujeres en el país y en todo el mundo lideran y ocupan espacios de toma de decisión en las asambleas legislativas, en puestos ejecutivos, en las organizaciones de base, en las empresas y sindicatos y en los entornos históricamente más masculinizados como la ciencia y la tecnología. La respuesta y recuperación a la crisis económica y social causada por el COVID-19 nos brinda una oportunidad histórica de romper con las prácticas patriarcales y avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, se lee en otra parte del comunicado.

Respecto a las consecuencias provocadas por la pandemia, la Organización de Naciones Unidas indica que las mujeres se mantienen en la primera línea de atención y contención como personal de la salud y que, a pesar de ello, la emergencia puso nuevamente en evidencia que las bolivianas son las más afectadas por las crisis.

Indica que, durante la pandemia del COVID-19, las mujeres tuvieron que enfrentar los efectos con pocos recursos y menos oportunidades, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Así, las mujeres indígenas originarias y campesinas, las lesbianas, las transexuales y transgénero, las que sufren violencia, las que tienen discapacidad, las migrantes, las trabajadoras del hogar, las que viven con VIH, las que se encuentran en situación de calle, las privadas de libertad y las afrodescendientes, entre otras.

“Desde el Sistema de las Naciones Unidas ratificamos el compromiso asumido con el Estado boliviano y con la sociedad civil para avanzar hacia una generación en igualdad. Nuestras agencias, fondos y programas se comprometen en redoblar sus esfuerzos y alianzas para lograr la igualdad entre los géneros y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, sin dejar a ni una sola atrás”, comunicó la ONU.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó este lunes que el Estado y sus diferentes instituciones deben planificar políticas públicas y otorgar una adecuada asignación presupuestaria para acabar con la violencia hacia mujeres.

“Es un día en que hay que ser muy reflexivos y autocríticos principalmente desde las instituciones del Estado y desde los órganos de poder. Creemos firmemente como Defensoría del Pueblo que hay muchos retos, mucho camino para andar para la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, señaló a la Red Patria Nueva.

Argumentó que en las gestiones 2019 y 2020 la violencia contra las mujeres se incrementó un 2,5%, pero no se cuantifica los datos de las viven en el campo y de quienes no pueden hacer la denuncia por diferentes razones.

Reconoció el valor de las mujeres que lucharon a lo largo de la historia en la reivindicación de los derechos y de “armar camino” para acabar con el sistema patriarcal de la sociedad que genera injusticia y desigualdad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó este lunes a que las autoridades electas en los comicios subnacionales trabajen en la aprobación de políticas con enfoque de género con los presupuestos económicos necesarios para su aplicación efectiva.

“Queremos reconocer la lucha de las mujeres que fueron elegidas el 7 de marzo como autoridades regionales municipales o departamentales y las convocamos a ellas y a todas las autoridades a poder trabajar con políticas públicas con enfoque de género y presupuestos suficientes para que estas sean efectivas”, manifestó en un mensaje difundido por las redes sociales en el Día Internacional de la Mujer.

Un estudio de la Defensoría del Pueblo alerta sobre la austeridad presupuestaria que aplican los diferentes gobiernos autónomos sin una previa perspectiva de género ni de derechos humanos, que repercute en el debilitamiento e incertidumbre sobre recursos económicos en los centros de acogida y refugios temporales, así como en los diferentes servicios que atienden a víctimas de violencia, siendo el claro ejemplo de la falta de estrategias y políticas del Estado para contribuir y hacer frente a la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, el texto menciona que la gestión tuvo una disminución leve de un 3.4% en el caso de feminicidios en comparación a la cifra contabilizada el año pasado, de 117 a 113.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por el COVID-19 no ha desistido, lo que se refleja en los casos registrados por el Ministerio Público en relación a la Ley N° 348 que aumentaron en un 2,5%, de 37.240 en 2019 a 38.212 en 2020.

Los datos concuerdan con los reportes de organismos internacionales en materia de derechos humanos y del informe defensorial denominado “El deber de protección a las mujeres a través del funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia durante la pandemia del COVID-19”, que advierte que el confinamiento obligaba a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores y que ello generó que se incremente el riesgo de violencia contra ellas.

La pandemia del COVID-19 develó la aún existente inequidad de la distribución de los deberes del hogar –economía del cuidado– entre hombres y mujeres y que fueron insuficientes las políticas que implementó el Estado para prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres en razón de género.

A la ausencia de políticas públicas efectivas, se suma las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encontraban determinadas poblaciones, entre ellas, las trabajadoras sexuales, que vieron restringido –en mayor grado– su derecho al trabajo, producto de las medidas de prevención no farmacológicas –distanciamiento físico y cuarentenas – que determinó el Estado.

Finalmente, el documento manifiesta que la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso para trabajar en la promoción, la protección y el ejercicio pleno de todos los derechos que tienen las mujeres en el Estado

En ese marco, anuncia que, en los siguientes días, se hará la presentación del informe defensorial “Sin nosotras no hay democracia. Cumplimiento de la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres”, como un aporte a la construcción y consolidación de una democracia participativa, representativa y equitativa.

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, reconoció  este lunes el valor y el coraje de las mujeres bolivianas que se enfilaron en primera línea en la recuperación y defensa de la democracia conculcada por el régimen de facto de Jeanine Áñez.

“Quiero hacer llegar un saludo revolucionario a todas las mujeres del país, a todas las mujeres del mundo que en este 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la mujer, a esa mujer luchadora, emprenderá que han sabido defender con alma, vida y corazón nuestra democracia”, señaló Guarachi.

El dirigente, por otro lado, señaló que las elecciones subnacionales marcaron una jornada histórica por la masiva participación de los bolivianos en las urnas para elegir a los gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales.

Afirmó que están a la espera de los resultados oficiales de los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) para hacer una evaluación de cuántas gobernaciones y alcaldías están en manos del pueblo y sus organizaciones.