El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Joel Gutiérrez, afirmó este martes que el gobierno de facto de Jeanine Áñez ignoró a los expertos que pedían fortalecer las unidades de cuidados intensivos ante la emergencia por el COVID-19.

“El año pasado, desde marzo, cuando ha empezado la pandemia en nuestro país, hemos pedido ser escuchados pero no hemos sido escuchados”, dijo en una entrevista con Unitel.

De acuerdo con Gutiérrez los respiradores artificiales adquiridos por el pasado año no eran los adecuados para su uso en unidades de terapia intensiva. Además se denunciaron sobreprecios en su compra.

“No había una coordinación, han comprado equipamiento que no ha servido en nuestro en país. Ha sido ese el gran motivo por el que en este momento seguimos igual”, agregó.

El pasado fin de semana, los médicos intensivistas del país se reunieron con los representantes del presidente Luis Arce para definir las acciones conjuntas dirigidas a reforzar las unidades de terapia intensiva con equipos, medicamentos y personal ante la segunda oleada del coronavirus.

“Creemos haber tenido eco en las autoridades y estamos coadyuvando, coordinando y seguiremos en este camino hasta lograr buscar una alternativa real, viable, para no colapsar las terapias”, señaló Gutiérrez.

El exdirector ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Nelson Fabricio de la Fuente, del gobierno de facto de Jeanine Áñez, autorizó la licencia de operaciones a la empresa Samtofraro, sin cumplir con las normas establecidas para la instalación de una casa de juego en Santa Cruz.

La actual autoridad de la AJ, Jessica Saravia, detalló que el pasado 16 de octubre se otorgó la licencia de operaciones a Samtofraro, que “no cumplía los requisitos”, por lo que se determinó revocar la autorización.

“Uno de los requisitos que exige la norma es que estás actividades sean realizadas a 300 metros de distancia de cualquier unidad educativa, hospital e iglesia, entre otros, pero la empresa Samtofraro estaba a 98 metros de distancia de una guardería y 150 metros de un centro educativo municipal”, precisó a la ABI.

Asimismo, indicó que otra norma es que los socios no tengan deudas con el Estado, sin embargo, se evidenció que el socio Mario Lanza tenía una deuda tributaria de 42.949 bolivianos y 9.100 UFV´s (Unidades de Fomento a la Vivienda) al momento de la notificación con la Licencia de Operaciones.

Por otra parte, la apoderada de uno de los socios de la empresa tiene procesos por el funcionamiento de casas de juego clandestinas y deudas al Estado.

“También nos ha llamado la atención que esta empresa no haya respaldado la inversión, no hemos encontrado documentación idónea que respalde los activos de esta empresa. La inversión que tendrían que tener es aproximadamente 3,4 millones de bolivianos, pero solo contaría con 96 mil bolivianos”, dijo.

Asimismo, apuntó que entre las irregularidades llama la atención que el asesor de la empresa Samtofraro, Romer Linares, haya sido convocado por Fabiola Martínez, exdirectora de la AJ regional Santa Cruz, para asumir jefatura de la Unidad Jurídica de la AJ en ese departamento.

“Martínez ha solicitado la incorporación de Linares como jefe de la Unidad Jurídica. Este señor ha ingresado a la AJ en la misma fecha en la que se notificó a la empresa Samtofraro con la autorización”, detalló.

Saravia anunció que se asumirán las acciones correspondientes contra los responsables de la tramitación irregular de esta licencia.

Jorge Morales, alcalde del municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz, confirmó la recepción de 5.000 pruebas de antígeno nasal adquiridas por el Gobierno y anunció su pronta aplicación en la población para la detección temprana, masiva y gratuita de casos de COVID-19.

“Ya están las pruebas, este fin de semana con las brigadas médicas fijas se trabajará en el rastrillaje en los centros de mayor concurrencia como son los mercados”, indicó la autoridad.

El Alcalde convocó a los ciudadanos que presenten “algunos síntomas como dolor de cabeza, de garganta, de estómago, diarrea y fiebre, que concurra inmediatamente a realizarse esta prueba (de antígeno nasal) y podamos ver realmente si está infectada o no”.

El Gobierno, en aproximadamente dos meses de gestión, adquirió 2,2 millones de pruebas de diagnóstico rápido que entregó a las alcaldías y gobernaciones de los nueve departamentos del país.

De esa cantidad de exámenes, el presidente Luis Arce entregó 206 mil pruebas de antígeno a las autoridades del departamento de Santa Cruz que recibirán, en total, más de medio millón de herramientas de diagnóstico.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, llamó este martes a las empresas de telefonía móvil y televisión a sumarse al esfuerzo del Gobierno por mejorar la educación a distancia para niños y jóvenes cuyas escuelas permanecerán cerradas ante la segunda ola del coronavirus.

Este año las labores educativas se realizarán bajo las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, en función a la prevalencia de los contagios y el índice de riesgo epidemiológico.

Ante la amenaza del COVID-19, Quelca afirmó que las redes de telecomunicaciones son esenciales para llegar a los estudiantes y desarrollar los planes de estudio por internet o por medios audiovisuales.

“En este sentido, consideró que muchos medios de comunicación, empresas telefónicas se van a sumar a este esfuerzo de generar condiciones para que todas y todos nuestros niños tengan el acceso y la continuidad en la educación”, dijo al canal RTP.

Quelca añadió que el Ministerio de Educación ya cuenta con el apoyo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) para implementar la modalidad de educación a distancia este año.

“Esperamos que las otras empresas se pueden sumar a este esfuerzo con algunos paquetes (de internet) que pueden ofrecer (…) y que nos permitan aumentar espacios para difundir nuestras clases a través de la televisión”, remarcó.